LA CONSOLIDACION DE UNA ECONOMIA SOCIAL., SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA .SU IMPORTANCIA PARA EL ESTADO VENEZOLANO.

LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ECONOMÍA SOCIAL., SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA .SU IMPORTANCIA PARA EL ESTADO VENEZOLANO.

En la nueva Constitución, aprobada por referendo en diciembre de 1999, se depositaron múltiples visiones y propuestas que finalmente terminaron en la ampliación de las funciones del Estado y del sistema Presidencial, la supremacía de la justicia social como norte político de las acciones del Estado y la participación ciudadana como fundamento de las relaciones institucionales.

También hace referencia nuestra constitución que el Estado y pueblo organizado son los dos actores principales. El Estado se concibe como una estructura abierta a la participación de los ciudadanos, apelando a una legitimidad que descansa en la soberanía popular. De la unión Estado-Pueblo se desprende el principio de corresponsabilidad, entendido como Estado y ciudadanos tomando decisiones de manera conjunta. De esta forma se pretende que el protagonismo del pueblo organizado en todas sus formas de representación comunitaria logre trascender hacia el poder y las instituciones que lo representan. Ello se cree posible en la medida que se logre una profunda reestructuración del Estado, para que sea viable la participación, regulación y control de gestión por parte de las comunidades; así para que el Estado también asuma responsabilidades en la satisfacción de las necesidades vitales de la población e intervenga en la sociedad bajo los mandatos de la justicia y la solidaridad.

La Constitución contempla un capítulo exclusivamente dedicado al régimen económico y a las funciones del Estado en la economía. En este capítulo se establece que la economía tiene un papel político en la construcción del proyecto de país, adoptando los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad. La economía tiene carácter mixto (público-privado), entendiendo por ello que el Estado y la iniciativa privada deben generar en forma conjunta: fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, mejor nivel de vida de la población y soberanía económica.

El carácter mixto de la economía es expresado por el MPD 2001 del siguiente modo: “La acción complementaria del mercado y del Estado es indispensable para el funcionamiento eficaz y progresivo de la economía. Es lo que entendemos como la fórmula de las dos manos, donde interactúan la mano invisible del mercado y la mano visible del Estado. El reto del desarrollo debe ser fundamental para el Estado, especialmente en las circunstancias de un país donde éste es poseedor de las principales riquezas y cuya distribución desigual entre la población produce depauperación en amplios sectores de la sociedad”.

En este sentido, el Estado cumple un rol principal dentro de la función económica. La Constitución establece que los objetivos de la mutua responsabilidad pública-privada en la economía solo pueden lograrse si se da un crecimiento económico permanente, sustentable y equitativo; una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica de la economía, hecha de manera democrática, participativa y de consulta abierta. Este capítulo constitucional dispone entonces la existencia de un conjunto de prioridades a las que debe responder la política económica del Estado. Estas prioridades constitucionales son:

• Protección de la industria petrolera y del comercio interno: el Estado debe garantizar la protección de áreas económicas estratégicas para el desarrollo y la soberanía nacional como la actividad petrolera y otras industrias, y la política comercial para defender a las empresas nacionales de las inversiones extranjeras.

• Privilegio a la agricultura y erradicación del latifundio: el Estado debe privilegiar la agricultura dentro de las prioridades públicas, teniendo como principal reto eliminar toda forma de tenencia de tierras basada en el latifundio. Este aspecto se liga con el objetivo de la seguridad alimentaria y, para ello, deben alcanzarse niveles suficientes de autoabastecimiento.

• Promoción de la asociatividad económica colectiva: el Estado debe promover un sector económico de carácter asociativo y formas de colectivización de la propiedad. En este aspecto destaca la aplicación de impuestos a las tierras ociosas y medidas para hacerlas productivas, sobre todo las de vocación agrícola. Los campesinos y productores tienen derecho a la propiedad de la tierra en la forma que dicte la ley y el Estado promoverá y protegerá las formas asociativas y particulares que aseguren la producción agrícola. Especialmente lo hará con formas de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo bajo régimen de propiedad colectiva; con la artesanía, la industria popular y la industria turística nacional.

En el año 2001, el Presidente puso en práctica las facultades que le concedió la norma constitucional para promulgar decretos con carácter de leyes nacionales. Estos decretos-leyes fueron el preludio de un agudo conflicto político en el año 2002, tal y como lo narra el ILDIS (2005): “Entre los años 2001 y 2002 el gobierno dedicó sus mayores esfuerzos a la elaboración de nuevas leyes, muchas de ellas sensibles a los sectores económicos. Entre éstas destaca un paquete de 49 leyes promulgadas por el ejecutivo mediante Ley Habilitante a finales del año 2001, incluyendo la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Pesca y Acuicultura, la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable y, posteriormente, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social aprobada en el año 2002 por la Asamblea Nacional. Con motivo de la promulgación de estas 49 leyes, una aguda confrontación política fue penetrando todas las esferas de la vida del país, la cual derivó en el llamado a un paro cívico nacional, luego a un paro petrolero y después a un intento de golpe de Estado en el año 2002”.

Dentro de este conjunto de leyes, las económicas representaron el mayor número y, dentro de éstas, las de mayor importancia fueron la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Micro financiero y la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (ZEDES). En la siguiente tabla se hace un breve resumen de sus contenidos más importantes.

Comenzando con la economía, la política de economía social y el desarrollo endógeno tienen el claro propósito de producir cambios de amplio alcance en el modelo de crecimiento económico, la estructura social y la tradición productiva del país. Esto se puede lograr, según expresan los lineamientos públicos, mediante tres mecanismos: a) la democratización del capital

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