Sistema Penitenciario

Í N D I C E

PRESENTACIÓN 3 ANTECEDENTES 5 Competencia de la Defensoría del Pueblo en el Sistema Penitenciario 5 Contenido del Informe Defensorial 5 El Sistema Penitenciario en cifras 5 Las condiciones del Sistema Penitenciario en el Perú 6 Las condiciones laborales del sistema penitenciario 7 Infraestructura, seguridad y salud 7 Trabajo y educación 8 Mujer, jóvenes y otros grupos vulnerables 9 Las claves de una reforma penitenciaria 11 RECOMENDACIONES 11 Al señor Ministro de Justicia 11 Al señor Presidente del Consejo Nacional Penitenciario 12 Al señor Presidente del Consejo de Ministros 14 Al señor Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República 15 Al señor Presidente del Poder Judicial 15 Al señor Fiscal de la Nación 15 Al señor Ministro de Economía y Finanzas 15 Al señor Ministro del Interior 15 A la señora Ministra de Educación 15 Al señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 16 Al señor Ministro de Salud 16 Al señor Ministro de Relaciones Exteriores 16 Al señor Director de la Policía Nacional 16 A la señora Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima 16 A los Directores Regionales del INPE y Directores de los Establecimientos Penitenciarios del país 15 Anexos 17

PRESENTACIÓN

En los últimos años, la situación penitenciaria ha estado marcada por sobrepoblación y hacinamiento, así como la carencia de recursos en la administración penitenciaria, que no le han permitido atender de manera adecuada los programas de tratamiento de las personas privadas de libertad ni garantizar sus derechos elementales, como la salud. Así lo hemos señalado en diversos informes defensoriales, como el Nº 113, Supervisión del Sistema Penitenciario. 2006, publicado en el 2007.

Por ello, cinco años después, realizamos una nueva evaluación que busca determinar en qué medida las autoridades estatales han llevado adelante acciones destinadas a superar la situación existente desde hace mucho tiempo.

El Informe Defensorial Nº 154 El Sistema Penitenciario: Componente clave de la seguridad y la Política Criminal. Problemas, retos y perspectivas, muestra los resultados de dicha evaluación, incidiendo en los aspectos que, a nuestro entender, constituyen los más preocupantes del sistema penitenciario, como son la infraestructura, la seguridad y el tratamiento penitenciarios.

En el año 1997, en nuestro país existían 24,297 privados de libertad y, al término de julio del 2011, existen 48,858. Ello muestra que en los últimos años el número de presos se ha incrementado en un 100%, así como los problemas que aquejan al sistema: enfermos que no reciben adecuada atención, programas y servicios penitenciarios excedidos en su capacidad de atención y resquebrajamiento de la seguridad penitenciaria.

Esta realidad no tiene como causas solo la conocida falta de recursos y de personal de la administración penitenciaria, sino que es efecto de la aplicación de una política criminal, determinada por la dación de leyes penales que, históricamente, han optado por suponer que la criminalidad básicamente puede ser frenada mediante la dación de normas cada vez más duras, sin una debida evaluación de su impacto.

En dicho contexto, es evidente que la situación penitenciaria no muestra mejoras en el período 2006 – julio 2011, y por ello, en el Informe nos preocupa analizar, además de lo señalado anteriormente, algunas situaciones que entendemos relevantes: el fenómeno de la corrupción, el control judicial que debe existir sobre la actividad de la administración penitenciaria, la situación del personal penitenciario, los grupos en especial vulnerabilidad, entre otros.

A partir de la supervisión realizada, se han emitido un conjunto de recomendaciones, pero en dicho contexto entendemos que medidas aisladas como las que hasta ahora se han adoptado, no lograron superar la crisis estructural que afecta al sistema penitenciario. Por ello, planteamos como una necesidad inmediata el inicio de una reforma penitenciaria integral y profunda, basada en un Plan de Reforma Penitenciaria que al menos abarque los años 2012 al 2021 que, al mismo tiempo, contenga objetivos y metas claras, así como indicadores que se puedan cuantificar.

Este Resumen Ejecutivo presenta las principales conclusiones y recomendaciones que contiene el Informe Defensorial Nº 154.

Para la Defensoría del Pueblo es necesario garantizar que, dentro de poco, se pueda abandonar la realidad de un sistema penitenciario marcado por ser espacio de mera reclusión, donde las carencias dan paso a un desgobierno y a la afectación de derechos. Es preciso dar paso a una cárcel que sancione al culpable, que establezca el principio de autoridad de manera clara, que respete derechos y que contribuya a la resocialización de las personas privadas de libertad, como señala el mandato constitucional, convirtiéndose así en un elemento vital en una política de seguridad ciudadana y en la lucha contra la criminalidad.

Lima, octubre del 2011

Eduardo Vega Luna Defensor del Pueblo (e)

ANTECEDENTES

Desde 1996, la Defensoría del Pueblo viene supervisando y monitoreando la situación del Sistema Penitenciario peruano como componente esencial de la seguridad ciudadana, habiendo emitido diversos informes con los resultados de sus investigaciones. Estos documentos señalan los principales problemas del Sistema Penitenciario, que estaban referidos al nivel de hacinamiento, la precaria infraestructura penitenciaria, la insuficiente capacidad de los servicios penitenciarios y los programas de tratamiento penitenciario. Con posterioridad a dichos informes defensoriales se ha observado que la situación de las cárceles se ha ido deteriorando paulatinamente.

Competencia de la Defensoría del Pueblo en el Sistema Penitenciario

De acuerdo con lo establecido por el artículo 162° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1º de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, corresponde a esta institución la defensa de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, así como la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos. En el caso de las personas privadas de libertad la labor se realiza siguiendo las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento del Delincuente y Prevención del Delito - ONU” y los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas –

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