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Analisis Articulo 133 De La Constitucion Politica De Los Estados Unidos Mexicanos

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Categoría: Acontecimientos Sociales

Enviado por: Rebecca 24 marzo 2011

Palabras: 4093 | Páginas: 17

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titución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”.

Por este tipo de situaciones, es necesario establecer la jerarquía de las normas y sobre todo entre los tratados internacionales y las leyes federales, a continuaciones presentare dos jurisprudencias con relación al artículo 133 constitucional.

En un amparo en revisión, con numero de registro 21402 y localización en la Novena época, que tuvo instancia en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tomo XXIX en febrero del 2009 que habla sobre la interpretación del articulo 133 constitucional, ya que se menciona que los tratados internacionales, son parte integrante de la ley suprema de la unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales poniendo como considerando:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del Acuerdo General 5/2001 de veintiuno de junio del año dos mil uno; en virtud de que se interpuso contra una sentencia de amparo dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías en el que reclamó el artículo 8 del Decreto por el que se establece la tasa aplicable para el 2001 del impuesto general de importación para las mercancías originarias de América del Norte, la Comunidad Europea, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Chile, Nicaragua y el Estado de Israel, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre del año dos mil dos, emitido por el presidente de la República con fundamento en el artículo 131 de la Constitución Federal y porque el estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa recurrente reviste interés excepcional, pues se trata de un caso en el cual se estima conveniente fijar un criterio que resulta de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

Sobre el particular debe indicarse que con fundamento en el punto tercero del Acuerdo General 5/2001, ya citado, este Tribunal Pleno analizará únicamente el planteamiento de la parte quejosa referido a la jerarquía de los tratados internacionales que supone la interpretación directa del artículo 133 de la Constitución Federal, reservando jurisdicción a las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan los restantes argumentos hechos valer por las partes.

SEGUNDO. Establecido el alcance de la intervención de este Tribunal Pleno en el asunto que nos ocupa, y toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y reservar jurisdicción a esta Suprema Corte, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, se procede al estudio del concepto de violación hecho valer por la sociedad quejosa en relación con la violación al artículo 133 constitucional, por la contradicción existente entre lo que establece el decreto reclamado y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, puesto que de conformidad con la jerarquía que guardan los tratados internacionales dentro del orden jurídico nacional, en caso de existir dicho conflicto debe prevalecer el texto de los instrumentos internacionales por encima de las leyes nacionales.

Ahora bien, con el propósito de estar en condiciones adecuadas de analizar y dar respuesta al concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, en tanto plantea un problema relativo a la interpretación del artículo 133 constitucional que permita dilucidar la jerarquía de los tratados internacionales dentro del sistema jurídico nacional, este Tribunal Pleno estima necesario replantear las consideraciones que han llevado a esta Suprema Corte a estimar que los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente por encima de las leyes federales, modificando para tal efecto la tesis aislada que aparece publicada en la página 46 del Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", de tal manera que, eventualmente, se determine, en el caso concreto, si debe o no prevalecer el Tratado de Libre Comercio sobre el decreto y acuerdo impugnados en esta vía.

Para este efecto, es necesario partir de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución General de la República, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

Así, para determinar si existe una relación de jerarquía entre los tratados internacionales y las leyes federales o disposiciones de la misma jerarquía emitidas por el presidente de la República, es necesario identificar, en primer lugar, qué disposiciones generales constituyen la "Ley Suprema de la Unión", a la cual deberán sujetarse, inclusive, los Jueces de cada Estado. En el entendido de que la interpretación que se haga del artículo 133 constitucional deberá ser acorde con el sistema constitucional en el cual se inserta ese numeral, tal y como este Tribunal Pleno ha establecido en la tesis que aparece publicada en la página 25 del Tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe a continuación:

"INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA. En virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente."

Una lectura superficial de lo previsto en el precepto constitucional que nos ocupa podría llevarnos a sostener que en éste se establece una misma jerarquía entre las leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión y los tratados internacionales e inclusive que coloca a las leyes federales por encima de las Constituciones y leyes de los Estados, dado que los Jueces de éstos están obligados a sujetarse a lo dispuesto en aquéllas, aun cuando las normas locales se contrapongan o sean distintas a las leyes federales.

Esta primera conclusión partiría del supuesto de que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo 133 constitucional son exclusivamente las federales.

Sin embargo, esta conclusión preliminar estaría sustentada en una premisa equivocada, puesto que se estaría confiriendo a las palabras utilizadas en el precepto constitucional un sentido contrario al sistema que deriva de lo previsto en los artículos 41, párrafo primero y 124 constitucionales, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal."

"Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

Esto es, de conformidad con lo establecido en esos preceptos fundamentales, en el Estado mexicano convergen diversos órdenes jurídicos o niveles de gobierno entre los cuales no se advierte la existencia de una relación de jerarquía, sino que operan como diversos ámbitos de competencia fijados constitucionalmente.

Así, el orden jurídico federal se distingue de los órdenes jurídicos locales de conformidad con el principio de facultades residuales, es decir, las atribuciones no conferidas expresamente por la Constitución Federal a la Federación se entienden reservadas a los Estados.

Conforme a estos preceptos es factible la promoción de un juicio de amparo por invasión de la esfera federal a la de algún Estado o viceversa y resulta igualmente posible que una controversia constitucional se suscite entre la Federación y un Estado.

Apoya lo hasta aquí considerado la tesis de jurisprudencia 3a./J. 10/91, publicada en la página 56 del Tomo VII, marzo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo texto es el siguiente:

"LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la Norma Fundamental establece en su artículo 124. Esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de la propia Constitución: el primero al señalar que la actuación por autoridad competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de su competencia constitucional."

En este contexto, estimar que en el artículo 133 constitucional se pretendió modificar ese sistema de distribución de competencias sujetando a las autoridades locales a lo que disponen las leyes federales, supone realizar una interpretación contraria al sistema constitucional que rige nuestro Estado Federal, máxime que en dicho precepto no se habla de leyes federales, sino de leyes del Congreso de la Unión.

El tribunal del pleno, resolvió la jerarquía de los tratados internaciones sobre las leyes generales:

PRIMERO.-En la materia cuyo conocimiento asumiera este Tribunal Pleno, se establece la jerarquía de los tratados internacionales en los términos del último considerando de este fallo.

SEGUNDO.-Se reserva jurisdicción a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para los efectos de su competencia.

Notifíquese y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por mayoría de seis votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Góngora Pimentel, Azuela Güitrón, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Ortiz Mayagoitia se aprobó el proyecto modificado; los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Gudiño Pelayo y Silva Meza votaron en contra y reservaron su derecho de formular votos particulares. Fue ponente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano; y en sesión privada de veinte de marzo de dos mil siete se aprobó el proyecto de engrose de la resolución dictada por el Tribunal Pleno el trece de febrero último, con las sugerencias formuladas por la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas y el señor Ministro presidente Ortiz Mayagoitia, aceptadas por el señor Ministro ponente Aguirre Anguiano, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y presidente Ortiz Mayagoitia. El señor Ministro presidente Ortiz Mayagoitia hizo la declaratoria de ley respectiva. No asistieron los señores Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, por licencia concedida, y Mariano Azuela Güitrón, previo aviso.

El señor Ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Dicho en otras palabras, el pleno expresó que el concepto de violación hecho por la quejosa, en relación a si debía o no prevalecer el Tratado de libre comercio sobre el decreto y acuerdo impugnados, planteaba un problema relativo a la jerarquía de los tratados internacionales dentro del sistema jurídico internacional, por lo que llevó a considerar esta jerarquía superior de los tratados internacionales.

Otra jurisprudencia a la que podemos hacer mención respecto al articulo 133 es la de numero de registro 17292 con localización en la novena época que tuvo instancia en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tomo XVI, en Noviembre del 2002 referente al tema comercio exterior, la potestad tributaria cuyo ejercicio puede autorizar el congreso de la unión al titular del ejecutivo federal, en términos de los previsto en el articulo 131, párrafo segundo, de la constitución general de la república, no esta condicionada a procedimientos o requisitos de valoración que impidan a este fijar contribuciones en dicha materia; este como tema sobresaliente, para no salir del contexto fiscal en derecho internacional ya que respecto a lo escrito en esta ejecutoria y considerando:

SEXTO. Por orden lógico y por referirse a una cuestión de orden público, se analizan de manera preferente los agravios expuestos por la autoridad recurrente, donde sostiene la existencia de diversas causales de improcedencia.

En primer término, se alega que debió sobreseerse en el juicio respecto de los actos que se hicieron consistir en la expedición y refrendo de los diversos ordenamientos legales cuya constitucionalidad se discute, y para lo cual se argumenta que tales actos no afectan por sí solos los intereses jurídicos de la quejosa, sin haberse tomado en cuenta la tesis citada en el respectivo informe justificado.

Es infundado tal argumento, pues si bien es cierto que los ordenamientos legales impugnados no afectan por sí solos los intereses jurídicos de la quejosa, no menos lo es que aquéllos son combatidos por esta última con motivo de actos de aplicación en su perjuicio, materializados en el oficio 326-A-7987, expedido por el administrador general de Aduanas en fecha seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por el cual se determina a la quejosa un crédito fiscal por la cantidad de N$702,656.73 (setecientos dos mil seiscientos cincuenta y seis nuevos pesos 73/100 M.N.), por concepto de cuotas compensatorias y se le impone multa por la cantidad de N$1'053,995.00 (un millón cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco nuevos pesos 00/100 M.N.), acto este último también impugnado en el juicio de garantías, circunstancias que acreditan el interés jurídico de la quejosa.

Cobra aplicación al caso el criterio sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis del Pleno, consultable en la página 23 de la Gaceta Número 67, julio de 1993, Octava Época, que a la letra dice:

"AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA. La aplicación a la parte quejosa de determinados preceptos de la ley cuya inconstitucionalidad reclama en el juicio de amparo, demuestra su interés jurídico para combatir tales preceptos, así como aquellos que, por la íntima relación que guardan sus disposiciones, puedan resultarle aplicables como consecuencia, es decir, todos aquellos que regulen el sistema específico dentro del que se ubique. Sin embargo, esto no significa que tenga, necesariamente, interés jurídico para combatir todo el cuerpo legal que contiene los preceptos que le fueron aplicados, pues el mismo puede regular hipótesis diversas, como podrían ser impuestos diferentes o contribuyentes diversos que se rigen por otro sistema, o bien hipótesis excluyentes entre sí, de manera tal que la aplicación de determinados preceptos implique, precisamente, la imposibilidad de aplicación de otros dispositivos del mismo ordenamiento legal."

No está por demás agregar que la tesis citada por la recurrente en el informe justificado que rindió no se actualiza en el presente caso, donde quedó plenamente acreditado que las diversas disposiciones de observancia general reclamadas sí se concretaron en la esfera jurídica de la quejosa, pues en el referido criterio se alude en forma genérica a la hipótesis en la que al acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso.

En el ya expuesto amparo, como introducción al análisis, cabe resaltar la definición del dumping que hace referencia al concepto de vender mas caro el producto exportado que de lo que se hace un su país de origen.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se allegó de diversa información referente al mercado de importación de hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales originarios de la República Popular China, volúmenes y condiciones de precios en que los productos referidos han ingresado a territorio nacional, así como los efectos que dichas importaciones han causado a la producción nacional de mercancías idénticas y similares.

De acuerdo a la nomenclatura arancelaria de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación los productos objeto de investigación tienen la siguiente denominación, a nivel de partida arancelaria: hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al por menor; hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de menos de 67 decitex; hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser), sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de menos de 67 decitex; monofilamentos sintéticos de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión de la sección transversal no exceda de 1 mm, tiras y formas similares de materias textiles sintéticas de anchura aparente inferior a 5 mm; monofilamentos artificiales de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión de la sección transversal no exceda de 1 mm, tiras y formas similares de materias textiles o artificiales de anchura aparente inferior a 5 mm; hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor y tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04. Estos productos se clasifican en las fracciones arancelarias de las partidas 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406 y 5407 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación. La empresa que se estaba amparando, xocongo mercantil, quedó expuesto frente a las leyes aduaneras donde solo se le amparo frente a la acción de inconstitucionalidad 129 del articulo de la ley aduanera mientras que en las demás disposiciones no alcanzó el amparo y protección de la Justicia de la unión como se desarrollan en las siguientes resoluciones del tribunal de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia De la Nación.

TERCERO. Se sobresee en el juicio de garantías respecto de los actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 5o., fracciones II y VII, 16, fracción V, 17, párrafo segundo, 18, 20, 28 a 44 y 57 a 71 de la Ley de Comercio Exterior; 37 a 69, 75 a 116, 135 a 141, 162 a 176, y quinto y sexto transitorios del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior; de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1994 y el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1993, concretamente por cuanto hace a la derogación del artículo 35, fracción I, inciso c), de la Ley Aduanera, en términos del considerando séptimo de la presente resolución.

CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Xocongo Mercantil, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 129, fracción I, de la Ley Aduanera, y el oficio número 326-A-7987, de seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por los motivos expresados en el considerando noveno de la presente resolución.

QUINTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Xocongo Mercantil, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del acto consistente en la inconstitucionalidad del artículo 121-B de la Ley Aduanera, en términos del considerando octavo de la presente resolución.

SEXTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Xocongo Mercantil, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 1o., fracción II, inciso c), 2o., fracción II, 7o., fracción I y 9o. a 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior; y 1o., fracciones IV y VII, y 9o. a 30 del Reglamento contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional.

SÉPTIMO. Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para el conocimiento y resolución de las cuestiones de su legal competencia, en los términos de los considerandos décimo y décimo segundo de la presente resolución.

A manera de conclusión, el articulo 133 constitucional no especifica en lo mas mínimo, la jerarquía de los tratados internacionales, y en las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia De la Nacion se decidió la superioridad de los tratados internacionales, cosa que a mi humilde opinión, violenta la soberanía del país, ya que no podemos poner nuestras leyes generales y federales por debajo de los tratados internacionales, de este modo nos ponemos a disposición de los deseos de países monopolistas e impositivos como lo hemos venido viendo con el tratado de libre comercio, donde por deseos de Estados en busca de poderio económico hemos visto acaecer el nuestro.

Se debe de establecer las leyes federales en el mismo plano de los tratados internacionales, donde mínimo, a base de un exhaustivo escrutinio, la honorable corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé resolución a los conflictos que se presenten.