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El Modelo Capitalista, El Estado Sus Políticas Públicas Y Medios De Comunicación Su Papel Como Factor Determinante De La Exclusión

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Categoría: Biografías

Enviado por: Mikki 16 junio 2011

Palabras: 1960 | Páginas: 8

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hos a todas las personas debe abarcar todos los derechos sean estos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Acciones afirmativas

El principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por los tratados. La Corte ha dicho que "tales distinciones pueden ser un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran". Estas medidas son perfectamente compatibles con las disposiciones convencionales.

La exclusión de la discriminación no se detiene en la mera prohibición sino que abarca el propósito de terminar con la histórica situación de inferioridad padecida por la población tradicionalmente discriminada. Por ello, distintas Convenciones particulares como la relativa a la discriminación contra la mujer, la de discriminación racial, las interamericanas contra la violencia contra la mujer o la discriminación contra las personas con discapacidad autorizan medidas positivas dirigidas a corregir las desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva dichos grupos sociales.

Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.

Las acciones afirmativas corresponden a políticas que se impulsan respecto de ciertos grupos que históricamente han sido postergados, perjudicados y que se encuentran en desventaja. Ante tal situación la política parte del presupuesto de que no basta una mera institucionalidad que garantice la igualdad de oportunidades, sino que se requiere un impulso mayor, un trato especial o privilegiado. En este sentido, la nueva Convención debería establecer al menos que las políticas de acción afirmativa y promoción de la igualdad no constituyen discriminación. Al mismo tiempo, debería especificar, que en ciertos casos, tales políticas no solamente son permisibles sino que su adopción es requerida a fin de garantizar plenamente el principio de igualdad.

Ámbito de aplicación

La definición que adopte la futura Convención así como las obligaciones que establezca con respecto a los Estados, debe dejar claro que abarca tanto el ámbito privado como el público. Como es bien conocido, muchos aspectos de la discriminación ocurren en ámbitos privados, tales como el mercado laboral que traen consecuencias que se extienden a todas las esferas de la vida social, económica, política, cultural de un país.

La práctica de los órganos de supervisión de derechos humanos también ha entendido que la prohibición de la discriminación alcanza tanto el ámbito público como privado. Así el Comité de Derechos Humanos ha indicado que en virtud del derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, amparado por el artículo 26, los Estados deben tomar medidas contra la discriminación por agentes públicos y privados en todos los ámbitos.

Los motivos prohibidos de discriminación

El artículo 1.1 de la Convención Americana reconoce de modo no taxativo algunos criterios prohibidos de discriminación. Entre ellos menciona de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social posición económica, nacimiento o cual otra condición social.

Estas categorías proscritas a los efectos del principio de no discriminación no son un número cerrado. En todos los instrumentos internacionales la cláusula de no discriminación enumera las categorías antedichas y luego agrega una frase que denota que la enumeración es meramente ejemplificativa. Esto se compadece con el desarrollo progresivo de nuestra disciplina. Así, aunque la preferencia sexual no es una de las categorías especialmente nombradas, en la sentencia del caso Salgueiro contra Portugal, la Corte Europea de Derechos Humanos interpretando una disposición similar sostuvo que la orientación sexual podía ser considerada como un motivo prohibido de discriminación. Por ello, es necesario, que la nueva Convención contenga al menos el mismo catálogo que incluyen la Convención Americana y el Pacto Internacional a la par de mantener abierta la posibilidad de encontrar formas de discriminación no contempladas específicamente pero que de todos modos constituyen violación al principio de igualdad.

Las obligaciones de los estados

Obligaciones Generales

La Convención debe prever una garantía genérica de igualdad ante la ley. Muy generalmente se puede sostener que la igualdad ante la ley es una igualdad formal al no referirse al contenido que debe tener la legislación sino exclusivamente a su aplicación. Este tipo de igualdad significa esencialmente que los jueces y los funcionarios públicos no deben actuar arbitrariamente al aplicar las leyes, por ejemplo al establecerse consecuencias legales distintas para situaciones de hecho similares sólo por razones de simpatía o antipatía personal u otros motivos manifiestamente no objetivos. En segundo término, la nueva Convención debe contener una garantía genérica de igual protección de la ley en el sentido de proteger el derecho de igualdad sin discriminación alguna. La tercera obligación genérica implica la necesidad de estipular prohibición general contra toda discriminación y de abstenerse de cualquier acción o práctica discriminatoria y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.

La garantía ante la discriminación

Dentro de las obligaciones generales la nueva Convención debería estipular que el Estado parte en la implementación de la Convención y en todo su accionar debe actuar con la debida diligencia a fin de proveer garantías eficaces ante la discriminación. El concepto de debida diligencia está incluido explícitamente en diversos instrumentos y documentos de protección de derechos humanos. De modo general, dicho concepto se refiere al grado de esfuerzo que debe realizar un Estado para cumplir con su deber de proteger a las personas frente a los abusos. La diligencia debida se plasma en adoptar medidas eficaces para proveer garantías ante la discriminación.

Deber de proveer recursos jurídicos

La garantía contra la discriminación de manera particular y puntual requiere que quien ha sido víctima de ésta pueda acudir a los tribunales. Así, tal como lo indica el artículo 7 inciso f de la Convención de Belem do Pará o 6 de CERD, la nueva Convención debería disponer que los Estados partes deben establecer procedimientos legales justos y eficaces para las personas que hayan sido discriminadas, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno tanto de carácter civil como penal según corresponda y el acceso efectivo a tales procedimientos. Adicionalmente, la Convención debería requerir que los Estados partes aseguren el acceso igualitario a tales recursos y que los mismos sean efectivos.

Obligación de eliminar patrones estereotipados

Uno de los aspectos más nocivos de la discriminación es la difusión de patrones estereotipados de los grupos tradicionalmente marginados que legitiman y perpetúan la discriminación. Por lo tanto, sería sumamente importante que la nueva Convención establezca claros mandatos a los Estados para combatir dichos prejuicios. Varias convenciones pueden servir de ejemplo en esta materia. Así, la Convención de Belém do Pará , en su artículo 6 inciso b establece el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Y en su artículo 8 inciso b requiere a los Estados modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer.

Medios de protección

La eficacia de un nuevo instrumento para el combate a la discriminación depende en gran medida de la existencia de un órgano de seguimiento de las obligaciones asumidas por los Estados y de las funciones que se les encargarán a tal órgano. En este sentido proponemos que se atribuya a la CIDH este rol siguiendo el ejemplo de la totalidad de las convenciones interamericanas sobre derechos humanos, con la excepción a la relativa a personas con discapacidad. De esta manera se evitaría la multiplicación de órganos de seguimiento de tratados y se encontraría una solución que requeriría menos recursos financieros y humanos. Debe subrayarse, como lo hemos hecho que la discriminación constituye una violación de numerosas disposiciones de la Convención, y que tanto la Comisión como la Corte ya cuentan con doctrina sobre esta cuestión.

Educación a funcionarios públicos

La educación de funcionarios públicos en esta área es sumamente importante, ya que hay varias prácticas que están directamente afectadas por la conducta discriminatoria de agentes públicos. Por ejemplo, la Comisión recibe varias denuncias en las que se alega que el uso de la fuerza por parte de la policía en muchas ocasiones se realiza de manera discriminatoria en perjuicio de ciertos grupos. También ha recibido información sobre la falta de atención debida por parte de funcionarios públicos de ciertas conductas discriminatorias . Por último ha llamado la atención la Comisión sobre el problema de las detenciones de manera selectiva en perjuicio de ciertos grupos. En este sentido, deberían seguirse los ejemplos del artículo 7 de la Convención contra la Tortura, el 8 inciso c de la Convención de Belém do Pará y Artículo III. Inciso 1 apartado d de la Convención contra la Desaparición Forzada estipulando que los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento, educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de

prevención, sanción y eliminación de la discriminación, se asegure que dichos funcionarios estén capacitados para hacerlo. Estas disposiciones deberían

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU PAPEL COMO FACTOR DETERMINANTE DE LA EXCLUSION

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