La interpretación constitucional a raíz de las reformas de 2024-2025 y su repercusión en la efectivización de los derechos humanos

[pic 1]

[pic 2]MAESTRÍA EN DERECHO

MATERIA: NUEVO CONSTITUCIONALISMO

TITULO DEL TRABAJO: ENSAYO – LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL A RAÍZ DE LAS REFORMAS DE 2024-2025 Y SU REPERCUSIÓN EN LA EFECTIVIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

NOMBRE DEL ALUMNO: JESÚS FERMÍN VILLA BAUTISTA

NÚMERO DE CUENTA: 15194449

NOMBRE DEL DOCENTE: MAESTRA MARÍA TERESA OJEDA ESCOTO

FECHA: 07/12/2025

Índice.

1.- Introducción……………………………………………………………………………………..3

2.- La Constitución y su interpretación………………………………………..……………..4

3.- La Norma Convencional y su Interpretación Constitucional …………………..…6

4.- La Interpretación Constitucional tras las Reformas de 2024 y 2025 y la Primacía Convencional………………………………………………………………..…….……9

5.Conclusiones………………………………………………………………………………....…12

6.Bibliografía……………………………………………………………………………….……...14

1.- Introducción

El presente trabajo examina las transformaciones recientes del constitucionalismo mexicano a partir de las reformas legislativas y constitucionales aprobadas entre 2024 y 2025, poniendo especial atención a su impacto en la interpretación constitucional y en la efectividad de los derechos humanos. Se parte de una reconstrucción conceptual de la Constitución como norma suprema compuesta por un apartado orgánico y otro dogmático, cuya vigencia se articula a partir de la noción de leyes justas propuesta por Arturo Damm Arnal: aquellas que reconocen, definen y garantizan derechos. A partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, el orden constitucional mexicano adoptó un enfoque iusnaturalista y un modelo de apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos, instituyendo el principio pro persona y configurando el denominado bloque de constitucionalidad, mediante el cual los tratados de derechos humanos quedaron equiparados formalmente a la Constitución.

El ensayo analiza la función de la Convencionalidad como parámetro hermenéutico y directriz obligatoria para el Estado mexicano, destacando que su fuerza vinculante no deriva necesariamente de su posición jerárquica en el orden jurídico interno, sino de la exigencia internacional de efectividad. De esta manera, la interpretación constitucional —tanto en su vertiente lingüística como teleológica, sistemática y funcional— debe orientarse a maximizar la protección de los derechos humanos y a armonizar el derecho interno conforme a los estándares previstos por los órganos del Sistema Interamericano.

Sobre este marco teórico-normativo se evalúan las reformas aprobadas en 2024 y 2025 que, en su conjunto, constituyen un retroceso para la justicia constitucional. Entre ellas se encuentran las restricciones a la suspensión de normas generales en el juicio de amparo, la sustitución del modelo profesional de carrera judicial por un esquema de elección popular de jueces, la reinstalación obligatoria de la prisión preventiva oficiosa al margen de la jurisprudencia interamericana y la limitación del acceso a medidas cautelares en asuntos fiscales. Tales modificaciones erosionan la independencia judicial, restringen la capacidad de los órganos de control para examinar violaciones a derechos fundamentales y debilitan la operatividad del control de convencionalidad.

No obstante, la permanencia del artículo 1º constitucional —inalterado desde 2011— constituye un contrapeso normativo de relevancia crítica. Su mandato de interpretación pro persona conserva la posibilidad de orientar el sistema jurídico hacia la tutela reforzada de los derechos humanos, aun frente a la regresividad legislativa. En esta línea, el trabajo sostiene que la interpretación constitucional no solo opera como técnica de resolución de ambigüedades, sino como una herramienta estructural para la defensa del orden democrático y la contención de tendencias autoritarias. La tesis central sostiene que, pese al deterioro institucional, la hermenéutica constitucional y convencional permanece como el mecanismo más robusto para garantizar la efectividad de los derechos humanos en la actualidad mexicana.

2.- La Constitución y su Interpretación

El Estado de Derecho parte bajo la premisa de una base sólida que le permite erigirse como una Institución rectora para todos los agentes estatales. Dicha base sólida debe ser, sin duda alguna, un sistema de leyes “justas”. Dichas leyes justas, para encuadrarse a tal calificativo, tienen que cumplir con tres objetivos primordiales, según Arturo Damm Arnal; reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente derechos a las personas. ^[1]

Estos tres objetos, íntimamente interrelacionados entre sí, deben ser esa base, sin embargo ¿Cuál es su lugar o meta lugar en el orden normativo? Ese lugar está reservado a la Sede Constitucional, la Norma Suprema.

De acuerdo con Guastiní, “el vocablo ‘CONSTITUCIÓN’ se denota habitualmente un conjunto de normas que regulan la organización de los poderes públicos, incluso eventualmente las relaciones (ciertas relaciones fundamentales) entre Estado y ciudadanos, aquello que acertadamente se llama ‘Constitución en sentido material’ ” ^[2], e incluso hace el hincapié de que dichas normas puede ser consuetudinarias, como es el caso del Common Law Inglés como de las formalmente codificadas, como es el caso de la mayoría de las Constituciones modernas.

En ese sentido, hay que abundar y abonar sobre estas relaciones entre el Estado y Ciudadanos. Propiamente, la Constitución se configura en dos apartados, uno dogmático y otro orgánico. Aunque no existe plena pureza entre ambos apartados, se distinguen por sus funciones; el primero contiene el cúmulo mínimo de derechos que se reconocen a los individuos dentro de la jurisdicción del Estado-Nación, mientras que el segundo da forma a las instituciones y entes público que materializarán el reconocimiento, ejercicio y garantía de dichos derechos mediante la atribución de Facultades determinadas.

Así, la Constitución en sí misma regula y limita el actuar estatal frente a la protección que otorga a la esfera jurídica individual a través de los Derechos Humanos Fundamentales que le anteceden a la organización normativa del Estado.

Sin embargo, es de destacar que este reconocimiento y protección de los Derechos Humanos en el Orden Constitucional no siempre estuvieron presentes como parte de su dogmática. En junio de 2011, el Constituyente Permanente se coligió para generar Reformas en Materia de Derechos Humanos, con los que formó un Bloque de Constitucionalidad al mismo que tiempo que le dio un carácter iusnaturalista a la Norma Suprema, respecto al texto anterior, que era enteramente una Constitución de corte iuspositivista, además que, a efecto de instaurar mayor garantía, se precisó una “Interpretación Pro Persona”.  González Pérez lo afirma de la siguiente manera: “La Norma Fundamental, a partir de esta importante reforma, prevé métodos interpretativos para que se optimice de la mejor manera la expansión de los valores y principios que inspiran, como hemos señalado, no solo a la Constitución misma, sino a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales" ^[3]

Así, el texto constitucional quedó de la siguiente forma:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

…”^[4]

No obstante ¿Cómo es que se da esta interpretación de la Constitución?

En el ámbito jurídico, la interpretación hace referencia a múltiples acepciones, como lo señala Lifante Vidal, en función del objeto de la interpretación, la sensu largissimo  y la sensu largo. En palabras de la referida autora, la interpretación sensu largissimo, en síntesis, se entendería como la comprensión de “cualquier objeto en tanto que fenómeno cultural”, mientras que la interpretación sensu largo tiene un sentido más restringido, cuyo único objeto únicamente son las entidades lingüísticas propiamente.  Sin embargo, también rescata una tercera categoría de Wróblewski (1992), la interpretación sensu stricto, entendiendo por tal “la determinación de un significado de una expresión  lingüística cuando existen dudas referentes a ese significado en un caso concreto de comunicación”.^[5] Es decir, en esta última categoría, no sólo nos encontramos con un ente lingüístico como objeto de interpretación, sino también la duda sobre su significado, motivando estas dudas la actividad interpretativa.

...