Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape: informe analítico y riguroso

Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape: informe analítico y riguroso

Resumen ejecutivo

La Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape (frecuentemente citada como “Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape” en normas y reportes) se ubica en el ámbito de Chongoyape[1], provincia de Chiclayo[2], en el Lambayeque[3], con proyección territorial también hacia Cajamarca[4] a través del Área de Conservación Privada (ACP) Chaparrí. La evidencia pública más robusta muestra: (i) una trayectoria legal y registral relevante (con inscripción en el Registro de Comunidades Campesinas y predios inscritos en partidas electrónicas para el ACP); (ii) un modelo de conservación reconocido formalmente por el Estado (Chaparrí) con cargas/obligaciones inscribibles; y (iii) una conflictividad social persistente, centrada en tráfico/invasión de tierras, controversias internas sobre gobernanza y presiones por proyectos hídricos, con escalamiento a violencia y amenazas contra defensores. [5]

Los principales riesgos para proyectos en territorio comunal combinan: riesgo legal-registral (representación y validez de acuerdos; litigiosidad; cargas del ACP), riesgo social y de seguridad (invasiones, amenazas, violencia), y riesgo ambiental-reputacional (deforestación/alteración del bosque seco, sanciones e intervención fiscal/ambiental). [6]

Marco legal y reconocimiento

Hallazgos verificables (con evidencia citada). Existe soporte normativo y registral vinculante a través de resoluciones ministeriales del Estado que reconocen y regulan el ACP Chaparrí dentro del ámbito comunal. En 2001, la Resolución Ministerial N.° 134-2001-AG establece el ACP Chaparrí con 34,412 ha y señala que el dominio de la comunidad “corre inscrito” en el Registro de Comunidades Campesinas (Oficina Registral Nor Oriental del Marañón; Asiento 1, Rubro C, Fichas Registrales N.° 25, 26 y 28). [7]
En 2011, la Resolución Ministerial N.° 153-2011-MINAM renueva el reconocimiento del ACP “a perpetuidad” y explicita que los predios de la comunidad vinculados al ACP constan inscritos en las partidas electrónicas N.° 02291682, 02291693 y 02291695 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Chiclayo (además de ordenar la inscripción de “cargas” en SUNARP). [8]

Afirmaciones que requieren verificación adicional. La fecha de reconocimiento original de la comunidad como persona jurídica no aparece en una resolución primaria fácilmente accesible en esta revisión; fuentes técnicas y académicas señalan 1977 mediante una resolución de SINAMOS (RS 353-77-OAE-ORAMS) y posterior registro/titulación en 1991, pero el acto administrativo original (copia certificada) no fue hallado en repositorio oficial abierto. Se debe tratar como probable y verificar en expediente o partida de reconocimiento en registros competentes. [9]

Implicancias para proyectos o políticas. Para proyectos, el “punto de falla” crítico no es solo acreditar propiedad comunal, sino acreditar representación vigente (directiva inscrita, padrón/condición de comunero, actas) y revisar cargas del ACP (prohibición de cambio de uso, restricciones a infraestructura y otras obligaciones). Esto condiciona servidumbres, compras/ventas, asociaciones y permisos. [10]

Territorio, tierra y agua

Hallazgos verificables (con evidencia citada). Hay evidencia consistente de un territorio comunal de gran extensión (≈42 mil ha), con un componente formalmente reconocido como ACP Chaparrí (34,412 ha). La RM 134-2001-AG establece el ACP con 34,412 ha y localiza el predio en Chongoyape (Chiclayo) y en distritos de Cajamarca (Llama y Miracosta). [7] La RM 153-2011-MINAM confirma superficie y “perpetuidad” del reconocimiento, además de las partidas prediales específicas asociadas al ACP. [8] Fuentes técnicas y de análisis territorial (estudio de caso de PorLaTierra y análisis CEPES) describen a la comunidad como propietaria en común de 42,412 ha y explican que el ACP representa una proporción mayoritaria del territorio comunal. [11]

En agua, una evidencia primaria reciente de Autoridad Nacional del Agua[12] documenta cómo el acceso al recurso hídrico se tramita caso por caso: una resolución del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (2024) analiza una solicitud de permiso de uso de agua por superávit hídrico para un predio (6.08 ha) dentro del ámbito comunal (“La Parra”), con redes de riego asociadas al canal Punta Diamante; el expediente fue declarado improcedente, entre otros motivos, porque el predio no integra un bloque de riego aprobado y la captación se realiza desde un canal interno “no inventariado”, además de mencionar ausencia de unidad catastral para ese predio. [13]

Afirmaciones que requieren verificación adicional. No se identificó en fuente oficial abierta una memoria descriptiva integral vigente del territorio comunal (linderos, hitos, perímetros) ni una Unidad Catastral única del territorio comunal completo (a diferencia del predio citado por ANA, donde se indica “sin unidad catastral”). Por tanto: linderos/UC = no especificado (en abierto) para el total comunal, y debe levantarse en SUNARP/COFOPRI/MIDAGRI (SICAR) con georreferenciación. [14]

Implicancias para proyectos o políticas. La gobernanza del agua y del acceso a infraestructura de riego opera en un entorno institucional complejo (Junta/Comisiones de Usuarios, ALA, CRHC, ANA). Un proyecto que requiera agua o atraviese canales enfrenta riesgo de denegatorias por falta de inventario/servidumbre hidráulica y de conflictos por “formalización” incompleta (p. ej., ausencia de UC o falta de integración a bloques de riego). [13]

Organización comunal y problemática social

Hallazgos verificables (con evidencia citada). La conflictividad interna y los problemas de legitimidad/registro de autoridades aparecen documentados por fuentes oficiales y académicas. La Defensoría del Pueblo registra un conflicto de tipo comunal (caso nuevo en 2018) por desacuerdos sobre terrenos del ACP Chaparrí y un intento de autorizar venta de tierras dentro del área, generando enfrentamiento entre comuneros; el reporte identifica una junta directiva y un grupo opositor, mostrando fractura interna relevante para la “licencia social” de decisiones territoriales. [15]
Un análisis académico de Centro Peruano de Estudios Sociales[16] describe un patrón de crisis de gobernabilidad comunal: disputas electorales, dificultades para inscribir juntas directivas en Registros Públicos en ciertos periodos, impugnaciones judiciales y faccionalismo asociado al destino del territorio (agro/venta vs conservación/turismo). [17]

En problemas sociales “duros”, la evidencia de violencia y amenaza es alta: un reporte en el diario oficial señala incendios e invasiones vinculadas al tráfico de terrenos y menciona asesinatos y amenazas contra defensores en Chaparrí, además de la intervención de fiscalías especializadas y la procuraduría ambiental. [18] Medios reportan amenazas contra el entonces presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez[19] en el contexto de Chaparrí y el tráfico de tierras, así como garantías personales otorgadas por el Estado. [20] También existen reportes recientes de investigación fiscal por amenazas a un defensor ambiental ligado a la comunidad y vigilancia del local comunal, con apertura de carpeta fiscal (2025). [21]

Afirmaciones que requieren verificación adicional. No se accedió (en abierto) a estatutos comunales vigentes, padrones completos ni asientos registrales actualizados de directivas. En redes sociales, la comunidad ha publicado convocatorias y referencias a “reinscripción” de comuneros (2025), pero esto requiere confirmación mediante actas y constancias oficiales (SUNARP/actas de asamblea). [22]

Implicancias para proyectos o políticas. La gobernanza comunal debe tratarse como un sistema con riesgo de captura y suplantación (padrones irregulares, “nuevos comuneros”, disputas de directiva) y con riesgo de violencia. Para políticas públicas, esto sugiere priorizar: protección de defensores, fortalecimiento de registros, y mecanismos de resolución de disputas intra-comunales con enfoque intercultural y seguridad. [23]

Actividades económicas y formalidad

Hallazgos verificables (con evidencia citada). El modelo económico más documentado se articula alrededor de conservación + turismo, con flujos redistributivos internos. Un documento técnico sobre turismo en Lambayeque reporta infraestructura turística (centro de interpretación, albergues, observación de aves) y un esquema de distribución: 40% de ingresos para mantenimiento del ACP y 60% para la comunidad, con asignaciones internas (educación, salud, apoyo social y administración) beneficiando sectores como Tierras Blancas, Juana Ríos y El Mirador. [24]

...