Guerra a la educación pública y Dictadura en la Educación

Guerra a la educación pública y Dictadura en la Educación

Tres flagelos acompañaron al golpe militar que derrocó a Isabel Perón en 1976: la represión militar, el desastre socio-económico y la política neoliberal. Parte de los cambios fueron echar del sistema a los nuevos pobres y aumentar la deserción y la repitencia, así como también reapareció el analfabetismo y aumentó la delincuencia infanto-juvenil.

La triple A empezó con acciones que resultaron ser las que dieron lugar a la represión que desataría poco después la dictadura llamada Proceso de Reorganización Nacional.

La oligarquía, los sectores financieros, los capitales transnacionales y las fuerzas armadas tomaron a su cargo acciones para restituir al país el orden económico, político, social e ideológico, el cual se sentía amenazado por el bloque nacionalista popular, que había llegado a ocupar el poder durante tres años. El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado. La represión contó con el consenso pasivo de parte de los ciudadanos. En la Argentina estaba muy arraigada la creencia de que el orden autoritario solucionaría los problemas sociales frente a un pueblo inculto y haragán, incapaz de gobernarse. La política económica de la dictadura de Jorge Videla, dirigida por el ministro José Martínez de Hoz atrajo a sectores de la clase media y favoreció al sector financiero. La represión actuó contra el movimiento obrero, atacando sus bases económicas y sus expresiones económicas y sindicales. La dictadura produjo decena de miles de muertos, desaparecidos, presos y exiliados. Empezaron con la privatización de la función pública y el desmantelamiento de la industria nacional.

Ricardo Bruera fue ministro de educación desde 1976 hasta mediados de 1977. Postulaba una educación basada en teorías pseudoliberalistas, pero autoritaria y meritocrática en su filosofía. El período se caracterizó por la clausura definitiva de los proyectos educativos democráticos que aún subsistían cuando asumió el gobierno dictatorial, por la represión de funcionarios, docentes, estudiantes y por el comienzo del traspaso de las escuelas a municipalidades. En julio de 1977, la Junta Militar aprobaba el Proyecto Nacional. Incluía los rasgos generales de la política educativa. El documento pretendía delinear una educación argentina desde una concepción esencialista y autoritaria. En octubre de 1977 el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación publicó un documento de circulación restringida titulado Subversión en el ámbito educativo. El folleto lleva la firma del ministro Juan José Catalán (ministro de educación desde junio de 1977) y sostiene que ya es hora de incorporar en la educación conceptos como guerra (entre grupos sociales/ lucha de clases), enemigo, infiltración y subversión (accionamiento de la clase obrera, ataques a la propiedad, etc.). En la educación, debía erradicarse la agresión total del marxismo, que se apoyaba en los docentes, los intelectuales, los medios de comunicación. Las universidades debían ser intervenidas ya que en ellas se desplegaba con mayor potencia la infiltración marxista y peronista, vinculadas con el reformismo universitario.

Catalán fue reemplazado por Juan Llerena Amadeo. Él, era un militante de la derecha católica declaró que la educación debería defender los valores tradicionales y la cultura argentinas. La iglesia y la familia se veían como lugares privilegiados y agentes de educación. Continuó la descentralización escolar y se transfirieron las escuelas primarias a las provincias y municipalidades sin los fondos necesarios para su mantenimiento. Se deseaba quebrar el eje del sistema de educación pública para acelerar la privatización. Se prohibió la publicación y venta de libros considerados subversivos que hablaban en contra del gobierno.

El presidente Viola marcó un cambio de concepción pedagógica. Burundarena, nombrado Ministro de educación, intento dar una orientación más tecnocrático-industrialista a la educación, con lo cual quedo en una posición ridícula debido a la desindustrialización que había sufrido el país. El ministro intento importar de Alemania el `sistema dual´, que facilitaba los mecanismos administrativos para que los programas de capacitación fueran una bolsa de mano de obra barata.

Las sucesivas administraciones en la educación de la dictadura coincidieron en las líneas básicas: 1) restablecer el orden como condición previa para una libertad individual coherente con el liberalismo económico y el auge de la patria financiera; 2) subsidiariedad del estado y estimuló a la iniciativa privada; 3) transferencia de las instituciones educativas; y 4) represión en la comunidad educativa y restauración de los valores religiosos y políticos occidentales y tradicionales.

Pese a las distintas diferencias internas ministeriales y políticas entre las distintas gestiones, el bloque dominante fue incapaz de restituir la educación tradicionalista y tampoco pudo articular en forma estable la hipótesis de guerra total contra la subversión. La didáctica oficial fue la de  Jean Piaget.

La acción destructiva de la dictadura sobre nuestra cultura tuvo como broche final el efecto de la guerra de las Malvinas, conducida por el Pte. L. Galtieri.

La educación Argentina estaba afectada por los procesos de transmisión cultural, siendo estos una consecuencia de la desvalorización de los propios conocimientos y experiencias por parte de la generación adulta.

Se levantan algunas voces

Durante los primeros años de la dictadura las críticas a la gestión educativa se centraban sobre todo en las diferencias con el bloque dominante. Los docentes estaban amenazados, presos o exiliados; o como otros que fueron asesinados o estaban en los campos de concentración.

En cuanto a la relación de las alianzas militares y la Iglesia, pocos obispos denunciaban que la represión se había apartado de la Doctrina Social de la Iglesia.     Mientras en el Congreso de Padres de Familia de 1978, el Pte. Videla y monseñor A. Plaza, coincidían en el papel que le cabía a la Iglesia en cuanto a la educación y alentaban la subsidiariedad del Estado y el incremento de la educación privada. Poco tiempo depuse se denunciaba la decadencia del sistema educativo, su falta de unidad, su incoherencia y los efectos negativos sobre los sectores populares y la clase media.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denuncio la represión a los docentes y se opuso a las limitaciones al ingreso a las universidades y pidió mayor presupuesto para la educación y la democratización de las instituciones educacionales.

La imposición de la materia ¨Formación moral y cívica¨ en las escuelas provoco la protesta de las comunidades religiosas, entre ellas la de la Delegación de asociaciones Israelitas Argentinas, que se sintieron atacadas por la orientación católica de sus contenidos. Otro tema de protesta fue el cierre de la Universidad de Lujan, esta clausura se debía a razones ideológicas 8segun denuncio el ex rector de la misma Emilio Mignone).

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