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Régimen Económico Y De La Hacienda pública En La Nueva Constitución


Enviado por   •  8 de Agosto de 2012  •  1.964 Palabras (8 Páginas)  •  1.446 Visitas

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Régimen económico y de la hacienda pública en la nueva Constitución

I. Antecedentes constitucionales

Durante la historia constitucional de nuestro país ha sido una constante la incorporación de un título sobre la Ha¬cienda Pública. Así, en la Constitución de Cundinamarca de 1811 se estableció la obligación de todo ciudadano "de con-tribuir para el culto divino y la subsis¬tencia para los ministros del santuario, para los gastos del Estado, la defensa y seguridad de la patria, el decoro y la per-manencia de su gobierno, la administra¬ción de justicia y la Representación Na-cional"'. Igualmente, se mantuvo el régi¬men impositivo vigente durante la colo¬nia, otorgándole al Congreso la facultad de regular la materia, y como con se¬cuencia probable de los juicios de residen¬cia, a manera de control sobre la gestión del gasto público se estableció para éstos la obligación de "publicar y circular por toda la provincia, impreso, un estado fi¬dedigno, que con sencillez y claridad, manifieste el estado de los fondos del Erario, entradas que hubiese tenido, ob¬jetos de su inversión y existencias que quedan para el siguiente".

A partir de las Constituciones republi¬canas, dictadas desde 1821 hasta 1843, las disposiciones sobre hacienda pública y bienes del Estado se incorporaron "den¬tro del título de las atribuciones con¬feridas al legislativo". La iniciativa en materia presupuestal se entregó al Ejec¬utivo, pero la fijación de tributos, el manejo del crédito público, las disposi¬ciones generales sobre administración de bienes nacionales, el establecimiento de un banco nacional y la creación de impuestos se mantuvieron como competencia de la rama legislativa.

En la Constitución de 1886, título XIX, se consagraron siete artículos (202 al 208) a la Hacienda. En éstos se dispuso:

1. Los bienes de la República de Colom¬bia están constituidos por aquellos que pertenecían a la Unión a 15 de abril de 1886, los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados y que son reco¬brados por la nación y las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el territorio nacional. Esta norma se justificaba por razón del tránsito del Estado federal al Estado unitario.

2. Se reconoce a cargo de la República, la deuda externa e interna adquirida o que se adquiera en el futuro, así como la atención de los gastos que requiera el servicio público a cargo de la nación, dentro del marco de la ley.

3. Con el fin de evitar efectos nocivos por imprevisión, se dispone que las leyes que establecen o regulan los impuestos y contribuciones indirectos, que gravan el gasto o consumo, sólo empezarán a co¬brarse seis (6) meses después de promul¬gadas. Norma que se justifica en la me¬dida en que los principales ingresos del Estado eran por concepto de impuesto de aduanas, el cual tuvo," hasta finales de los años treinta de este siglo una parti¬cipación superior al 40% de los ingresos del gobierno, y a comienzos del siglo su participación era aún más alta, llegando al 70%. Algo similar ocurría natural¬mente a finales del siglo XIX. Esto reitera la tesis que hemos venido presentando de que había una estructura tributaria tre¬mendamente vinculada a la suerte del comercio exterior".

Este artículo fue modificado posterior¬mente mediante acto legislativo N°1 de 1968, artículo 64, en el que se dejó al le¬gislador la determinación de la fecha en que entraría a regir.

4. Se estableció que las variaciones al régimen arancelario sólo entrarían en vigencia noventa días después de sancio¬narse la respectiva ley, ejecutándose por décimas partes en los diez meses si¬guientes. El artículo 65 del acto legisla¬tivo N° 1 de 1968 le dio posteriormente más elasticidad a la norma, y le permitió al Congreso fijar el término mediante una ley marco, a que se refería el numeral 22, artículo 76 de esa Constitución.

5. El presupuesto se estableció para pe¬ríodos bianuales, y sería elaborado por los ministerios respectivos y presentado al Ministerio del Tesoro, encargado de unificarlo y presentarlo al Congreso.

Esta norma fue remplazada en su tota¬lidad mediante acto legislativo N2 1 de 1968, estableciéndose constitucionalmente el principio de la universalidad del pre¬supuesto, en virtud de la cual en tiempos de paz el presupuesto debe contener to¬dos los ingresos fiscales y rentas y gastos e inversiones a ejecutar durante la vigen¬cia fiscal. Sin embargo, éste tenía exis¬tencia legal desde 1923, con la ley 34, en la que el Congreso, acogiendo las reco¬mendaciones de la Misión Kemmerer, reiteró la fuerza restrictiva del pre¬supuesto.

6. El presupuesto, independientemente de ser una ley en sentido formal y ma¬terial, constituye un acto condición, por cuanto está sometido a él la atención de los gastos públicos. Como lo señala Gas¬tón Jeze: el presupuesto es la "puesta en funcionamiento de las leyes preexisten¬tes"4. En este sentido, el artículo 207 de la Constitución de 1886 estableció que "No podrá hacerse gastos públicos que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales, o las muni¬cipalidades; ni transferirse ningún cré¬dito a un objeto no previsto en el respec¬tivo presupuesto".

7. Finalmente, el artículo 208 establecía la modificación del presupuesto median¬te la aprobación de los créditos suplemen¬tarios, los cuales podían tener trámite legislativo cuando estuvieran sesionando el Congreso o gubernamental, en los ca¬sos en los que el Congreso se encontraba en receso, situación en la cual era nece¬sario la autorización del Consejo de Mi¬nistros y el concepto previo favorable del Consejo de Estado (Procedimiento con¬sultivo obligatorio imperativo).

En la reforma constitucional de 1968 se introdujeron nuevos artículos sobre ré-gimen de hacienda, pero sin variar la es¬tructura ideológica que se imprimió en la reforma de 1936. Desde el punto de vista de la Hacienda, las ideas bases se circunscriben a los conceptos de planeación y descentralización. En desarrollo del primer principio, se limita la inicia¬tiva del gasto público, dándose una redis-tribución funcional a favor del Ejecutivo, circunstancia que dio origen, como forma de atenuación a las prerrogativas perdi¬das por los congresistas, a los auxilios parlamentarios, se pone orden al gasto público y se disponen algunas medidas respecto al proceso formal y material de aprobación del presupuesto (posterior¬mente desarrollado mediante decreto ley 294 de 1973 -Estatuto orgánico del pre¬supuesto nacional), se eleva a Canon constitucional los principios de dictadura fiscal y repetición

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