Derecho Procesal
Enviado por Cyobis • 1 de Octubre de 2013 • 327 Palabras (2 Páginas) • 298 Visitas
zar prácticamente las normas legales, entonces se incurre en el extremo contrario, pues en tal caso quedan fuera de la función administrativa la mayor parte de los actos jurídicos, dejando solamente los actos
materiales encaminados directa e inmediatamente a dar efectividad a las
disposiciones legislativas. Sin embargo, cuando el Poder público obra
con facultades discrecionales, cuando celebra contratos, y, en general,
en todos aquellos casos en que la ley no impone una obligación, sino
que se limita a autorizar determinadas actividades, no- puede decirse
propiamente que esté ejecutando la ley, por más que se esté obrando
dentro de ella. Sin embargo, muchas de esas actividades, como más adelante veremos, pueden y deben considerarse como indiscutiblemente administrativas.
Así, pues, el concepto de ejecución de las leyes no es útil para
dar una idea de la función administrativa, ya que o bien es muy amplio
y abarca todas las funciones del Estado o por el contrario es muy
estrecho y ni siquiera agota toda la actividad administrativa.
Estimamos que la ejecución de la ley puede confundirse con la
noción de función administrativa si por aquélla se entiende no sólo
la ejecución material o corcreta de las leyes, sino también la realización
de otras tareas en que o bien se hace uso de autorizaciones que da la
propia ley, o de facultades discrecionales que ella otorga o si como
lo sostiene Vedel, el término de ejecución de las leyes abarca una tarea
más general que "es asegurar el mínimo de condiciones necesarias para la
continuidad de la vida nacional, es decir, el mantenimiento del orden púo
blico y la marcha de los servicios públicos". (Dr. Adm., 1976, pág. 20.)
Creemos que el criterio sustentado no contraría, sino que, al contrario, se ajusta al que inspira nuestro derecho positivo.
En efecto, el artículo 89 de la Constitución, que señala las facultades
y obligaciones del Presidente de la República, enumera en primer lugar
la de ejecutar las leyes, pero además consigna otras facultades cuyo ejercicio no constituye propiamente ejecución de la ley, a pesar de ser funciones administrativas, tales como las de nombramiento y remoción de
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