Explique el contexto jurídico, social, político, económico y normativo

1) Explique el contexto jurídico, social, político, económico y normativo. 

Durante el periodo comprendido entre agosto de 1999 y diciembre de 2003, la Argentina vivió una profunda crisis económica, social y política; la cual alcanza su mayor intensidad en diciembre de 2001.

Durante ese periodo, la Argentina transitó una serie de acontecimientos que marcaron sensiblemente su historia institucional y política. En alrededor de sólo quince días el país tuvo cinco presidentes, se consolidó su default financiero, se declaró el estado de sitio, se produjeron muertes a raíz de represiones a las manifestaciones de los ciudadanos en repudio a las medidas gubernamentales y en saqueos a supermercados, que se daban en un marco de extrema pobreza con un gran ajuste económico, inflación y reducción de salarios. Asimismo, se produjo el congelamiento de depósitos bancarios, el llamado "corralito" a los ahorros; se abandonó la férrea política cambiaria que desde 1991 sostenía y se devaluó el peso.

Creemos que a fin de una mejor y mayor compresión de las circunstancias del hecho sobre el cual versa el presente trabajo, es menester detallar sus causas históricas antecesoras.

Antecedentes a la crisis

Hacia mediados de los años 90, más precisamente en abril de 1991, el gobierno presidido en ese entonces por Carlos Menem constituyó un modelo económico que estaba basado en la Convertibilidad, una política introducida por el Ministro de Economía de aquel tiempo, Lic. Domingo Cavallo, el cual establecía una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la moneda estadounidense (“un peso=un dólar”).

Esta política de mantener una moneda fuerte y un flujo libre de crédito generó tres sentimientos que influyeron crucialmente en la aceptación de aquel modelo neoliberal propuesto.

En primer lugar, porque generó una percepción de enriquecimiento, debido a que, por ejemplo, artículos de importación como vehículos, y computadoras, como así también vacaciones en el extranjero se volvieron más accesibles que con anterioridad.  En segundo lugar, por el espíritu emprendedor alentado por el gobierno y por los medios de comunicación; y en tercer lugar, porque generó la sensación de que el país había alcanzado lo que percibía como su “destino” histórico: pasar a formar parte del Primer Mundo.

En tanto la paridad establecida por el ministro Domingo Cavallo del peso y el dólar maquillaba una realidad económica y mostraba una irreal estabilidad social.

Es así que las consecuencias sociales del creciente desempleo, la pobreza y la exclusión, además de los problemas económicos de fondo generados por la Convertibilidad -como una industria nacional poco competitiva, la pérdida de mercados en el extranjero, y el endeudamiento personal- permanecían ocultos tras la fachada de este paraíso consumista.

Los primeros indicios de que existían serios problemas comenzaron a evidenciarse a

finales del 2000 cuando el por el entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez renunció a su cargo el 6 de octubre de dicho año, en protesta por los señalamientos de que el presidente Fernando de la Rúa y otros habían sobornado a diputados del Congreso durante una votación sobre reformas laborales. Debido a que la fuerza política que había ganado las elecciones estaba formada por una alianza entre varios partidos políticos, sumado a que -en solidaridad con el saliente vicepresidente- varios ministros renunciaron a su cargo, se generó un gran debilitamiento del gobierno encabezado por De la Rúa.

En ese entonces, el gobierno argentino inició negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (en adelante FMI) con el fin de que este organismo prestara los fondos necesarios para fortalecer la economía luego de la crisis política desatada por la renuncia del vicepresidente, bajo enormes tasas de intereses y condiciones.

En el contexto de esta situación de deterioro político y económico, los mercados internacionales comenzaron a tener problemas financieros, por lo que no se lograron los objetivos establecidos por el FMI, lo cual ayudó a que se produzca una pérdida de confianza entre los mercados extranjeros. Es por ello, que ante este fracaso, fue nombrado como Ministro de Economía Ricardo López Murphy, quién contribuyó al deterioro de la situación política, ya que entre sus planes económicos se incluía el reducir el gasto público para pagar la deuda, lo que llevó a una serie de batallas con gobernadores de diferentes provincias por los subsidios al gas, con la industria tabacalera, y con los estudiantes universitarios por recortes a la educación pública.

Poco tiempo después, López Murphy es reemplazado por Domingo Cavallo, que vuelve a ser Ministro de Economía en marzo de 2001, quién comenzó a reformar la política de la “Convertibilidad” con el afán de estimular las exportaciones para pagar la deuda. Sin embargo, en la práctica, el plan envió una señal a los mercados de que el gobierno argentino no tenía confianza en el tipo de cambio real de su moneda, lo cual exacerbó el temor de que Argentina abandonaría totalmente la política de Convertibilidad.

En el mes de julio de 2001 se sancionó la ley 25.453(“Ley de Equilibrio Fiscal”). A través de ella, el Poder Legislativo ratificó el contenido del decreto de necesidad y urgencia N°896/01, el cual ajustaba enormemente el gasto público. En líneas generales, condicionó los haberes de los empleados estatales y de los jubilados al resultado de la recaudación fiscal. La determinación de la forma de implementación de la reducción del monto de los salarios y los haberes previsionales fue delegada al PEN. La norma sancionada por el Congreso Nacional no estableció topes máximos del porcentual de la reducción de los salarios y los haberes previsionales, lo que en consecuencia generó que jubilados y empleados estatales vieron reducidos en un 13% sus haberes.

La Ley de Déficit Cero también impactó fuertemente sobre los programas sociales dependientes del por entonces Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Al momento de dictarse la Ley de Déficit Cero se planteó un fuerte debate sobre el alcance que esta norma tendría con relación a los fondos destinados por el presupuesto a los programas sociales. Por entonces, existió un compromiso público de las autoridades en el sentido de que dichos fondos no serían afectados por el recorte en el gasto público que el nuevo sistema imponía. El compromiso estatal, no obstante, no fue incorporado al texto legal y tal situación dio origen a que el recorte previsto por la ley se aplicara en su plenitud a los programas sociales, sumergiendo a los sectores más débiles de la sociedad en el mayor estado de indefensión y de desprotección. En octubre de 2001, poco después de la entrada en vigencia de la Ley de Déficit Cero, no se ejecutaron las partidas comprometidas para programas alimentarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, que beneficiaban a dos millones y medio de personas.

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