LA GRAN COLOMBIA ASPECTOS RELEVANTES

La organización económica de la República

Los indígenas se convierten en peones de las grandes haciendas – los territorios de indígenas (resguardos) se incorporan al área del latifundio republicano

(Basado en la obra “Los Grandes Conflictos Económicos y Sociales de Nuestra Historia de Indalecio Liévano Aguirre”).

Según Liévano Aguirre, cuando los terratenientes se adueñaron del poder en 1.810, mostraron entusiasmo por el futuro que les esperaba: si se liquidaban los resguardos, la subsistencia de los indios pasaba a depender de del alquiler de su trabajo en las haciendas. En efecto, en septiembre de 1.810 la Junta de Gobierno de Santa Fe había decretado la liquidación de los resguardos. Similares actuaciones se ejecutaron en las provincias: se inició el paulatino despojo de las tierras de comunidad en las zonas donde la presión de los hacendados era más intensa.

Cuando el Libertador se entera de esta situación, después de la Batalla de Boyacá, dice Liévano Aguirre, decidió modificar la política seguida por los gobiernos de notables de la Patria Boba, con tanta mayor razón cuanto que esa política ofrecía un escandaloso contraste con las ventajas y beneficios que disfrutaron los indígenas durante la Colonia. Es así como el Libertador expide el Reglamento Ejecutivo del 20 de mayo de 1.820, donde ordenaba devolver a los indios las tierras que habían sido despojadas desde 1.810.

El reglamento del Libertador habría dado buenos resultados, de no haberse visto obligado Bolívar, por las exigencias de la guerra, a separarse del gobierno, de manera que su cumplimiento quedó a merced de la mala voluntad del vicepresidente Santander y de las providencias legislativas que, en última instancia, expidió el Congreso Constituyente reunido, un año después en Villa del Rosario de Cúcuta.

Este reglamento fue derogado mediante Ley de 4 de octubre de 1.821, la cual fue sancionada por Santander y ordenaba la partición de los resguardos. Los indígenas mostraron su oposición frente a la misma, ya que reemplazaba las vastas extensiones de tierras que ellos habían poseído y trabajado en común, por minúsculas parcelas individuales (minifundio), que no les permitían derivar su subsistencia. Generalmente se les asignaban las tierras menos fértiles. Además, debe tenerse en cuenta que no todas las tierras tenían la misma vocación, así, unas servían para agricultura, otras para pastoreo, otras conducían a fuentes de agua para pesca o riego y, al fraccionarse, se perdía el beneficio de la tierra comunal.

Como consecuencia de lo anterior, los indígenas terminaban como peones explotados de las grandes haciendas del patriciado criollo.

Protestas y motines se sucedieron en el territorio granadino cuando se publicó la ley. Muchos indígenas solicitaron al gobierno y al Congreso la reconsideración de la ley, entre ellos se destacan los memoriales remitidos por los indios de las comunidades caucanas de Guachicono, Caquioma, Pancitará y San Sebastián quienes expresaban: “Si se llevara a efecto el repartimento de los resguardos – dicen los indios – quedaríamos reducidos a un estado el más deplorable que, multiplicando nuestra pobreza, nos reduciría a la ínfima y acaso nos obligaría, para no morir de necesidad, a abandonar nuestros pueblos para buscar en otras partes nuestra subsistencia (…)”

Falto el indio de todo concepto comercial con respecto al dominio individual de la tierra y acostumbrado a un régimen de tenencia y uso comunal de ella, la pequeña parcela que se le adjudicó no tardó en convertirse en presa fácil de los usureros y propietarios vecinos, con tanta mayor razón cuanto que le faltó el apoyo, al disolverse los resguardos, de las Cajas de Comunidad de los mismos, que tradicionalmente le habían asistido en el financiamiento de los gastos de las siembras y cosechas. Tuvo que resignarse, por tanto, solicitar préstamos a los agiotistas y propietarios de la región, préstamos que sólo le otorgaban con intereses usurarios y la hipoteca de su parcela. 

Lo que entonces sucedió era fácil de prever: la producción de los minúsculos lotes adjudicados a los indios no alcanzaba para su propia subsistencia y la de sus familias. Las obligaciones principales y sus intereses les convirtieron pronto en deudores insolventes y sus pequeñas propiedades cayeron en poder de los prestamistas o de quienes las remataron. Por esta vía, la disolución de los resguardos sirvió para que las tierras de los indios, localizadas en zonas del más alto valor económico, se incorporaran rápidamente al área del latifundio republicano y a las haciendas de los magnates criollos.

Hasta las mismas diligencias judiciales y topográficas sirvieron para despojar a los indígenas de sus tierras, aprovechándose de su ignorancia en la materia, en beneficio de los encargados en repartirlas.

Así se arrebató al campesino indígena todos sus instrumentos de defensa, a fin de convertirlos en peones desposeídos y míseros, que se verían obligados a mendigar trabajo en las haciendas y a aceptarlo, en las condiciones dictadas por los propietarios.

Este estado de cosas adquirió pronto características tan monstruosas y fue tan completa la servidumbre real de los campesinos indígenas, que llegó a considerarse como algo natural y legítimo el mantener en los patios de las haciendas el ominoso cepo por parte de los patrones, para infringir castigos corporales a los desventurados peones. Estos cepos existieron en las haciendas colombianas, sin oposición de la clase gobernante política, hasta muy entrado el siglo XX.

Producto de lo antes expuesto, la economía en la República se organizó sobre el más deleznable y pernicioso de los fundamentos: la existencia de una inmensa masa de obra barata que, por su mismo volumen y desamparo, hacía imposible el mejoramiento del nivel de los salarios, mantenía el subconsumo, incrementaba el deterioro fisiológico de la población colombiana y no ofrecía estímulo alguno para aumentar la productividad del trabajo, porque ese trabajo – el de los campesinos indígenas desposeídos -, era demasiado barato para que se justificara el empleo de máquinas o de técnicas superiores. Ello explica por qué, a principios del siglo XX, todavía se conservaban en los campos colombianos los primitivos métodos agrarios heredados de la Colonia, cuyo símbolo lo constituía el arado de palo.

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