Ley De Dependencia

Actualmente la mayoría de los países desarrollados, como España, poseen una población envejecida, gracias a los avances médicos y al ritmo de vida que viven nuestros mayores esto es lógico. Y evidentemente no hay nada mejor que saber que cada vez vamos a vivir más años, pero esto también trae consecuencias que nos afecta a todos.

Hoy en día en España, la tasa de paro supera el 25 %, lo que supone un gran descenso en las cotizaciones en la Seguridad Social, y esto perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las personas mayores, no pueden disfrutar en condiciones del privilegio de la jubilación y las soluciones que se plantean es el aumento de la edad de jubilación. Por otro lado, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha provocado que el trabajo reproductivo que era cubierto mayoritariamente por estas, pase a ser un reclamo para que el gobierno tome parte en ello.

De ahí la aparición de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia en España, anteriormente las leyes que trataban temas relacionados con las personas dependientes en España eran meramente contributivas, hasta 1990 (Ley 26/1990 de Prestaciones no contributivas) donde las políticas sociales se empezaron a volcar más en este sector.

La peculiaridad de esta ley, es que buscaba lo que se había intentado evitar siempre en los Servicios Sociales, la centralización. Buscaba igualdad territorial, universalidad y unos derechos subjetivos, y para esto es necesaria una implicación directa tanto del gobierno como de las CC.AA. Su nacimiento, supuso el desarrollo de una red de servicios sociales (cuarto pilar) que hasta el momento en España era claramente insuficiente.

El gobierno se compromete a garantizar el desarrollo del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia), a través de una serie de actuaciones tanto técnicas como de financiación (nivel mínimo: aportación económica exclusiva del Estado por cada persona reconocida como dependiente, en función de su grado y nivel). Y las CC.AA deben ofrecer aportaciones iguales a las del Estado en función de criterios y ponderaciones específicas (población, superficie, dispersión, insularidad, dictámenes, PIA, prestaciones y servicios reconocidos), también pueden articular otro fondo adicional con cargo exclusivamente a sus presupuestos.

El Estado aportará más de 12.638 millones de euros desde 2007 hasta el 2015. El primer año serán 400 millones, ascendiendo anualmente esta cifra hasta sumar 2.212 millones en 2015. Las Comunidades Autónomas deberán aportar las mismas cantidades. Los usuarios sufragarán el 35% del total en función de su renta. Si una familia puede pagar el 90% del coste de una residencia, así deberá hacerlo durante todo el tiempo posible.

La Ley pretende ser universal y dar prioridad a la teleasistencia ( sistema de ayuda dentro y fuera del hogar que cubre las necesidades de aquellas personas que pueden requerir de atención constante ó puntual y asistencia rápida en casos de urgencia durante las 24 horas ), la ayuda a domicilio y los centros de día, siendo «excepcional» el pago de un sueldo al cuidador familiar, una vez se haya dado de alta en la Seguridad Social.

El problema es que este planteamiento de la LAPAD (La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) no se llegó a dar nunca por las siguientes razones: las prestaciones

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