Política criminal en México

            INTRODUCCIÒN

La inseguridad en México, ha pasado de ser un sentimiento a ser una realidad, y dentro de ella el homicidio es una de los delitos que repuntan en las noticias diario relatan los medios de comunicación, con un alto costo social, dada la complejidad de situaciones y personas que involucra.

Es muy evidente, que los cambios sociales han impulsado a su vez, las modificaciones en el ordenamiento jurídico penal, el legislador y de acuerdo a la realidad en sus tiempos, ha procurado combatir ese delito y muchos más con la mayor severidad punitiva, y así se evidencia en las diversas reformas al Código Penal.

La realidad social, jurídica, política y económica que se vive en México, y el acelerado incremento delictivo en el país, asoma una necesidad de cambios, el establecimiento de cursos de acción a largo plazo, que plasmen soluciones efectivas y apuesten por una mejor calidad de vida para el ciudadano. Indudablemente, ello requiere de un diagnóstico previo, pues existen en el panorama numerosas inquietudes y expectativas ante la resolución del problema.

La Política Criminal, es parte de la Política General que tiene el Estado para hacer frente al fenómeno criminal y de las que son diferentes mediante las formas de control social. Esto no quiere decir que las prácticas penales sean las únicas en este campo, también se encuentran dentro de ellas dos fuentes: prevención y represión que son conformados.

La Política Criminal de tal forma son principales en el derecho penal concebido como la medida más rígida del control social, tendría que ser la única opción dentro de una política criminal, y no la única para encarar el crimen, cada vez que sea violentada el principio de intervención mínima, será buscada otras alternativas principalmente de prevención.

La inseguridad pública es un caso social de esencia con muchos factores, todo lo que se requiere para una Política de Seguridad Publica, la razón para todo integral que sea relacionado con las demás Políticas generales del Estado, donde las estrategias no nada mas conlleve un carácter donde haya castigo que sea mediante el sistema penal, sino que sea preventivo, principalmente a través de la prevención general en especial de medidas no penales. No es un problema exclusivo de la autoridad, ya que es necesario la intervención de cada uno de los sectores de la sociedad, como lo relaciona en la ciudadanía, que una o más personas sea una sociedad más crítica o preocupada por participar en el logro de su propia seguridad, sin embargo dicha participación debe ejercerse de forma más congruente al         Estado de derecho y orientada por la misma autoridad.

La prevención del delito, no es solo referida al poder de intimidar por la pena, sino a todo un conjunto de acciones y estrategias no penales que son afectados en el sector educativo, cultural, social, económico y político que son a cargo de las distintas dependencias gubernamentales, así como el apoyo de la ciudadanía. La prevención resulta aún más eficaz en el comportamiento de soluciones represivas que son implicadas con mayor recurso y limitados resultados, es importante que la política criminal sea integral implementando medidas con un menor costo y una mayor efectividad.

La seguridad publica al ser uno de los factores más importantes del bienestar social, establecen una manifestación más sentida por parte de la ciudadanía, pues a pesar de que el delito es parte de la naturaleza humana, la trasgresión, impide los derechos y obligaciones de los individuos.

La inseguridad provocada por la ineficacia de las autoridades encargadas de la seguridad pública, así como por la alarma social difundida por los medios de comunicación, la disminución gravemente la desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades, fomentado reacciones graves en la sociedad como la cifra negra, la poca colaboración con la autoridad y en el peor de los casos una justicia de propia mano.

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