Minería en Colombia, otra causa de conflictos ambientales

Minería en Colombia, otra causa de conflictos ambientales

El inicio de toda escisión entre el hombre y su ser (naturaleza), se remonta a tiempos donde cobra gran importancia la ciencia, el conocimiento, la explicación del sentido mismo de las cosas, del querer dominar todo aquello que nos rodea; esta ruptura ha implicado la sumisión, el aprovechamiento, la destrucción y alteración de la naturaleza por parte de los seres humanos llegando a ser los precursores de una nueva era planetaria que los estudiosos han denominado como: El Antropoceno. “Para empezar, se le concibe para referirnos a los tiempos recientes en los que el ser humano se ha convertido en una fuerza dominante en la transformación de la Tierra” (Equihua, Huerta, Pérez, Benítez, Ibáñez, 2015). Se ha evidenciado diferentes modificaciones en los procesos naturales ocasionando alteraciones en la organización y funcionamiento de los ecosistemas producido por prácticas humanas como la minería.

La minería a gran escala fue constituida como modelo económico en los años 90 garantizando en los gobiernos las respuestas favorables de condiciones en términos tributarios, de inversión y de operación (Vélez y Ruiz, 2015) para las multinacionales. En Colombia, el crecimiento de la actividad minera causada por el aumento de precios de los minerales e hidrocarburos en estos últimos veinte años ha provocado un alto impacto sobre los territorios promoviendo conflictos sociales, ambientales y políticos (Santaella, 2014). Esto se debe a la creación de un nuevo código de minas, la Ley 685 de 2001; si bien se gestó y sanciono durante la presidencia de Andrés Pastrana Borrero (1998-2002) fue realmente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) que se realizaron diversas concesiones atrayendo al capital internacional y otorgando más del sesenta por ciento de licencias mineras (Dietz, 2018) en especial las de explotación de oro y carbón.

Ese mal llamado “crecimiento económico” está orientado desde un pensamiento moderno occidental que favorece netamente el mercado y el capital de los países, en el que se benefician unos pocos: los burócratas y se perjudican el resto de la clase media y baja, aumentando niveles de pobreza, de discriminación, de violencia, que a su vez crean conflictos (dinámicas de procesos sociales) donde intervienen estos actores que se enfrentan a sus intereses, objetivos e interpretaciones diferentes frente a numerosas situaciones (Walter, 2009) enmarcados en este modelo económico.

Para países como Colombia, con una gran ubicación y por ende un clima tropical le otorga gran diversidad de especies y “recursos naturales” (lo expreso entre comillas pues en mi caso, este término lo configuro como patrimonio ambiental nuestro) que otros quieren aprovechar y que el mismo gobierno lo impulsa. Este modelo hegemónico admite la explotación masiva de nuestro patrimonio natural nacional, a través de estrategias como: “Confianza Inversionista” promovido en los ocho años del gobierno uribista y “Locomotora minero energética” propuesta por el presidente Santos (Vera, 2017) que facilita la inversión extranjera a través del extractivismo para aprovechar las ventajas del país en cuanto a su abundancia de recursos naturales (Pérez, 2014).

Así mismo, desde esa visiones utilitaristas y mercantilistas se cosifica a la naturaleza agregándole un valor monetario de acuerdo a parámetros económicos que la reducen a tomarla como un recurso de exclusivo beneficio para el hombre. Las cosmovisiones de las comunidades se enfrentan a esta visión hegemónica puesto que llevan su historia, su esencia en el habitar de esos territorios considerándola como su patrimonio ambiental (Vera, 2017). Este sistema capitalista oprime estas perspectivas, a través de la destrucción intensiva de la naturaleza, rompe las relaciones sagradas, armónicas y espirituales que tienen miles de años nuestros ancestros, y todo ¿para qué? Para solventar el estilo de vida malgastador, derrochador y costoso de los burócratas a costa del despojo forzoso y conflictivo de su territorio.

Ahora bien, la explotación minera causa grandes transformaciones naturales que inciden en los “recursos” geológicos, biológicos, hídricos, atmosféricos, sociales; es decir, causa un gran impacto ambiental que generalmente y en gran medida es negativo para la comunidad misma y para el ecosistema, sufriendo diversas modificaciones y alteraciones del medio, mientras que para el estado y para las grandes empresas su impacto es positivo puesto que genera inversión, renta, mercado, del cual se benefician los externos, los otros y ellos mismos dejando sin garantías ni aprovechamiento a los que realmente deberían ser.

Esto genera diversos conflictos ambientales y socioambientales que, según Walter (2009) difieren en que el primero, se relaciona hacia el daño a los recursos naturales y la participación opositora de quienes defienden el ambiente, principalmente actores exógenos, mientras que el segundo, se ven involucradas las comunidades directamente afectadas por impactos negativos procedentes de ciertos proyectos. Esta clasificación de conflictos se unificarían en uno solo: Conflicto Ambiental puesto que todo converge en el ambiente, todas las relaciones hacen parte de un todo.

Los conflictos ambientales que surgen de los proyectos mineros se asocian con varios aspectos relacionados entre sí: las delimitaciones de protección ambiental y uso de recursos, el ordenamiento territorial, las disputas en el uso del territorio ancestral, el impacto ecológico al ecosistema, el desplazamiento forzado de tierras generado por la explotación y depredación del recurso natural, entre otros (Hincapié y López, 2016). Además, se presenta corrupción frente a la normatividad establecida para estos proyectos en cuanto a su cumplimiento, puesto que durante la ejecución del mismo no se regulan procesos como el tratamiento de los residuos químicos que se filtran en las fuentes hídricas causando contaminación o la constante exposición a las partículas de materia fina toxicas que sobrepasan los límites permitidos que ocasionan un mayor impacto al ambiente, pero aquí no terminan, en la fase de cierre de la mina dejan miles de problemáticas ecológicas que no solucionan, dejando un territorio explotado, agotado, devastado.

Las comunidades se organizan colectivamente para luchar por su territorio, entrando en total oposición, controversia, disputa y confrontación ante estas grandes empresas por aspectos relacionados con la degradación, la propiedad, la valoración de su patrimonio ambiental (Walter, 2009) realizan diversos procesos emancipatorios como movilizaciones, paros, consultas populares, marchas, para empoderar al pueblo frente a políticas capitalistas impuestas en la sociedad. De esta manera logran evidenciar

...