Teoría Del Conocimiento
Enviado por willianreal • 12 de Julio de 2011 • 2.450 Palabras (10 Páginas) • 833 Visitas
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2 INTRODUCCIÓN
Con el término “Apertura Petrolera” se conoció el proceso de
privatización de las actividades de exploración, explotación,
distribución y comercialización de hidrocarburos venezolanos
iniciado a principios de los años 90. La política de “Gran Viraje”,
promulgada por Carlos Andrés Pérez y amparada en las tendencias
neoliberales prevalecientes entonces en el continente, optaron por la
desestatización acelerada de importantes industrias nacionales, entre
ellas las relacionadas con el petróleo.
En un principio, la Apertura se circunscribiría a la autorización de
convenios con empresas privadas para la explotación de campos inactivos
o marginales de PDVSA, pero, progresivamente, el Gobierno,
el Congreso y las empresas privadas entregaron al capital extranjero
buena parte de los recursos naturales, incluidos el petróleo de la
Faja del Orinoco y el gas natural costa afuera.
El clímax de la Apertura se alcanzó en 1995, cuando el Congreso de
la República aprobó la exploración a riesgo de 18 mil kms cuadrados
del territorio nacional, la máxima extensión de tierra venezolana
licitada con fines de exploración y producción de crudos convencionales
después de la Segunda Guerra Mundial1.
1. La superficie de Venezuela abarca un área total de 916 mil cuatrocientos cuarenta
y cinco kms2. El área licitada correspondía a un 2 % del territorio nacional
aproximadamente.
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Los principales rasgos de tales convenios hablan por sí solos de
cómo los gobiernos de turno pretendían vender el país:
- Creación de sociedades anónimas para la exploración a
riesgo de las áreas que recibieron ofertas durante un período
máximo de 39 años.
- La participación del Estado, a través de PDVSA y sus
filiales, oscilaría entre el 1% y el 35 %. En consecuencia,
entre el 65 % y el 99% de las acciones restantes, según el
caso, pertenecerían a las compañías privadas reunidas en
un consorcio.
- Los miembros de cada consorcio pagarían al Estado las
regalías, un impuesto de participación del Estado en las
Ganancias (PEG), un impuesto sobre la renta, entre otros.
No se preveía el pago de impuestos municipales, como
obligaba la Constitución. Además, PDVSA protegería a
los inversionistas extranjeros de producirse cambios en la
política fiscal que los desfavorecieran.
- Cualquier controversia surgida con motivo de la interpretación
del contrato o de su ejecución sería resuelta
mediante el procedimiento de arbitraje establecido por la
Cámara Internacional de Comercio de Paris y no por la
legislación nacional.
Sin embargo, muchas de estas cláusulas violaban abiertamente disposiciones
contenidas en la Constitución de la República, la Ley que
asignaba al Estado los derechos de propiedad y administración de los
hidrocarburos, y otras disposiciones. El entonces diputado Alí Rodríguez
Araque, en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995, citaba
algunas de las violaciones más flagrantes de la legalidad:
Constitución de la República
a) Artículo 136, ordinal 10º: “Es de la competencia del Poder nacional
el régimen y administración de las minas e hidrocarburos”.
4 b) Artículo 103 “Las tierras adquiridas con destino a la exploración
y explotación de concesiones mineras, comprendidas las de
hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena
propiedad a la nación sin indemnización alguna al extinguirse por
cualquier causa la concesión respectiva”(…).
Ley orgánica de la Administración Central
a) Artículo 35 “Corresponde al Ministerio de Energía y Minas
la planificación y la realización de las actividades del Ejecutivo
nacional en materia de minas, hidrocarburos y en energía en general
(…)
b) Decreto constitutivo de PDVSA y su reforma:
- “Decreto Nº 250 del 23–8–79. Artículo 1º “Se introduce
esta reforma para reforzar el control por parte del Estado...
(…) “...el cumplimiento del objeto social deberá llevarse a
cabo por la sociedad bajo los lineamientos y la política que el
Ejecutivo nacional, a través Ministerio de Energía y Minas,
establezca o acuerde de conformidad con las facultades que
le confiere la Ley.
- Decreto Nº 855 del 24–9–85, ratifica la función del control
por parte del Estado.
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Veamos evidencias, a través de las declaraciones
de senadores y congresistas de la época, de
cómo el Poder Legislativo, de espaldas al
pueblo, traicionó por aquellos años los más evidentes
intereses nacionales:
EN DEFENSA DE LA APERTURA
“Podemos decir hoy que hemos logrado un marco de condiciones
para los convenios de asociación con un sólido apoyo
político, que cumple cabalmente con lo exigido por la
Ley y que mantiene la competitividad de estos convenios
como opción de inversión atractiva para los capitales privados
asociados a nuestra empresa petrolera nacional” (Virgilio
Ávila Vivas, Presidente de la Comisión Bicameral de
Energía y Minas, Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995)
“Es el mejor negocio petrolero que ha hecho Venezuela y
va a conducir al país por la senda de la decencia, al desarrollo
y al bienestar para todos los venezolanos.” (Diputado
Leonardo Montiel Ortega2, Sesión Conjunta del 19 de
junio de 1996)
“Constituye un verdadero honor para mí como Ministro
de Energía y Minas y en representación del Ejecutivo nacional
dirigirme a este soberano Congreso en un día en el
2. Fundador del Movimiento Renovación Nacional, partido dedesgajado en los 70’
de la unión Republicana Democratica (URD)
6 que se va a escribir la página más importante de la historia
petrolera venezolana en los últimos 20 años (…) Estamos
a un paso de producir un verdadero cambio en la relación
petróleo–sociedad. (Erwin Arrieta, Ministro de Energía y
Minas, en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995)
“…si Bolívar estuviera hoy en este Congreso sería el más
ferviente defensor de este informe, porque bajo ningún
respecto Bolívar permitiría el colapso de la economía del
país.” (Senador
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