Derecho de acceso a la información

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Doctrinalmente se ha llamado Legislación Archivística, a las disposiciones jurídicas que se emiten en un país determinado para regular y establecer los procedimientos generales de la gestión documental y proteger su patrimonio documental.

Del análisis de estos conceptos se puede concluir que son competencia de Legislación Archivística, dos aspectos fundamentales:

1. La protección jurídica integral del documento, en cualquiera de sus soportes, durante todo su ciclo de vida, es decir desde su producción o recepción en una oficina hasta la decisión de su destino final.
2. La tutela jurídica de sus Archivos. En los países de mayor desarrollo archivístico esto se traduce en la organización y funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Archivo.

La protección jurídica del Documento es el elemento fundamental es esta área del conocimiento sobre la base de que es bien básico para conformar todo el ordenamiento jurídico. Se sustenta en el carácter probatorio y testifical del registro en cualquiera de sus fases del ciclo de vida. Por esta razón se insiste, en este recurso de salvaguarda no debe solo alcanzar los documentos históricos de un Estado, sino a toda la papelería general.

Los archivos constituyen la fuente primaria de información histórico-documental de los pueblos. Son, además, instrumentos de trabajo no sólo de servidores públicos que lo consultan a diario sino de historiadores, investigadores y cronistas municipales que abrevan en sus fuentes para difundirlos en obras históricas, geográficas o literarias.

El Derecho de acceso a los archivos posee importancia trascendental en la sociedad moderna. Es considerado como uno de los derechos más importantes previstos en las legislaciones. Implica en sí mismo, el requerimiento, la obtención y la futura utilización de la información para los más diversos fines. Es importante señalar, que en doctrina contemporánea esta es considerada, la regla y no la excepción. A partir de estos preceptos los archivos entraron en una etapa postcustodial que implica un cambio en la misión de estas entidades hacia una vocación más de servicio a los públicos. Es decir, en la actualidad, un archivo existe porque hay una necesidad informativa, implícita o explícita, que implica la conservación de los documentos que este posee. A las normas jurídicas, en este caso, les corresponde garantizar el acceso a archivos y a los registros públicos, en cualquiera de sus soportes, durante todo su ciclo de vida, desde su nacimiento o recepción en una oficina hasta su posible depósito en un archivo histórico para ser conservado de forma permanente y garantizar el acceso a las presentes y futuras generaciones. En este sentido se pueden considerar como características esenciales, la accesibilidad y la trasparencia, elementos centrales de la nueva cultura política del gobierno abierto y de la imperiosa necesidad de rendir cuentas de la acción de gobierno a los ciudadanos.

 Algunos autores consideran que el acceso a la información debe ser total e irrestricto, sin importar el soporte en que este sustentado: documentos escritos, expedientes, planos, soportes magnéticos entre otros.

Siendo la accesibilidad la regla, es necesario Se deben establecer, entonces, las excepciones a la regla de acceso y restringir las personas jurídicas y naturales autorizadas establecer tal limitación, desde la clara concepción de que el documento existe para usarse.

LEY N° 27.275 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

La ley Nacional 27.275 de Acceso a la información pública, garantiza de una manera efectiva el ejercicio de dicho derecho promoviendo la participación ciudadana y la transparencia de la gestión.

Entre los principios que se establecen en la ley, podemos destacar, la presunción de publicidad, el principio de transparencia y máxima divulgación, el informalismo en favor del ciudadano, el de máximo acceso, el de no discriminación, gratuidad, control, responsabilidad, etc. En cuanto a la limitación se destaca el principio de Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en esta ley, y formulados en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere la información.

La ley establece también en su artículo 2 que el derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma. En el artículo 4 en cuanto a la legitimación, determina que toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado. Todos y cada uno de los organismos del estado deben garantizar el acceso libre y gratuito a la información pública.

La ley especifica cuáles son las excepciones por las cuales los sujetos obligados podrán apartarse de proveer la información, y los mismos hacen referencia a las siguientes razones: defensa o política exterior, información que ponga en riesgo el funcionamiento financiero o bancario, secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos, información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial, información elaborada para fiscalizar o controlar a las entidades del estado o elaborada por asesores que pueda comprometer la realización de algún proceso o revele alguna investigación, etc. Estas excepciones no son aplicables en los casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

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