ENSAYO LAS CRUCES SOBRE EL AGUA

ENSAYO

 “LAS CRUCES SOBRE EL AGUA”

Aun se recuerda la masacre obrera de noviembre de 1922, donde el abuso laboral, las injusticias y la explotación eran el pan de cada día para los trabajadores, donde los patrones se encontraban en una escala superior sobre el obrero. La subida del dólar, el declive del precio internacional del cacao dio el paso a una grave crisis económica y social en el Ecuador.

Este acontecimiento motivó al autor Joaquín Gallegos Lara a publicar la obra: Las Cruces sobre el agua, libro por el cual será la inspiración para redactar este ensayo.

En el transcurso del libro observamos la situación de necesidad que tienen los protagonistas, se evidencia el clasismo social entre los menos favorecidos, un Gobierno que no hace parte en la vida del pueblo, que no se preocupa de los derechos de la gente; en ese momento, José Luis Tamayo era Presidente de la República del Ecuador, quien defendía la causa liberal, y quien expresó órdenes directas al General Enrique Barriga, Jefe de Zona de Guayaquil, para que diera fin con la huelga y las exigencias de los trabajadores. En la actualidad, se dice que dicha masacre, pudo ser evitada, si el presidente Tamayo hubiera resuelto la exigencia que les correspondía a los obreros.

Como está establecido en el artículo 11, literal 1 de la Constitución del Ecuador, las personas pueden exigir sus derechos de forma individual o colectiva, sin embargo, sin una normativa y un apoyo legal por parte del Gobierno en ese entonces posicionado, los obreros carecían de condiciones dignas de un ser humano, una huelga significaba una sublevación directa en contra de la Presidencia de Tamayo.

Un punto importante es que, la política manejada en esos años, no sólo en el Ecuador, sino en muchas partes del mundo, hace ver la segregación que existía entre hombres y mujeres. Donde ellas eran capacitadas para actividades específicas. En ese entonces, experimentaban una situación totalmente denigrante; tanto para mujeres, como para distintas etnias que no entraban en el grupo del poder que manejaban los hilos políticos del país. Claramente, infringe contra otro de los principios constitucionales como es el de igualdad de derechos, deberes y oportunidades.

A continuación, presentaremos los acontecimientos que sustentaron a los trabajadores para salir a las calles de las diferentes ciudades del país, en especial los sectores en donde la agricultura, como actividad principal del país, eran las más afectadas por los abusos que tenían los patrones hacia los trabajadores que en su situación laboral presentaban una imagen muy  deplorable y que en su afán de buscar una igualdad o un buen trato se desató en una aniquilación por parte de la fuerza pública hacia los trabajadores en lo que se conoce como la Masacre obrera de 1922. Con respecto a esto, se vulneraron principios laborales, tales como:

• El pleno empleo, en ese entonces el Estado no se interesaba por las personas, no existía una normativa que amparara que las personas pudieran acceder a un empleo digno, los patrones abusaban física y psicológicamente de sus trabajadores.
• Los salarios eran ínfimos, a penas les alcanzaba para sustentar a sus familias, su fuerza de trabajo no se valoraba con una igual remuneración.
• No se encontraban en un ambiente óptimo para la realización de sus labores.

Hago hincapié, de que en ese momento ya existía la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador (FRTE), quienes dieron inicio al movimiento sindico para salir a las calles a protestar por sus derechos, con la solidaridad de varios gremios, constructores y artesanos, motoristas, el estancamiento del ferrocarril, e incluso la inoperancia de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica realizaron un paro general.  Para la presidencia de Tamayo esto constituyó una directa sublevación en contra de su mandato, por lo cual, el uso de la Fuerza Publica era la mejor alternativa, tomando en cuenta que, en dicho infortunio, muchos anarquistas y opositores se mezclaron con los huelguistas para hacerse con el poder, provocando saqueos y violaciones. En nuestro ordenamiento jurídico, precisamente en el artículo 326, se prohíbe la paralización de los servicios básicos, una medida que prioriza la protección de los ciudadanos y el goce de sus derechos.

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