Amsor.

Cávese mencionar que dicha administración de justicia tiene un importante papel en el proceso de democratización actualmente generalizado en casi toda América Latina. Sin embargo, para cumplirlo en forma eficaz y duradera, se imponen importantes reformas en el mismo. Precisamente, la descripción que de tal sistema se ha efectuado en las páginas precedentes ha permitido la identificación de sus áreas más problemáticas y merecedoras de cambios substanciales. Como en otros países, el sistema penal latinoamericano sigue basado en ciertas concepciones -a menudo obsoletas- sobre el delito, el delincuente, la víctima y los objetivos del derecho penal, del procedimiento y de la pena. Aun cuando las sociedades en que se aplica hayan cambiado considerablemente, dicho sistema no ha sufrido transformaciones de la misma índole, por lo que puede sostenerse, por un lado, la existencia de un desfase importante entre el sector Justicia y la sociedad y, por otro, la probabilidad de que el aparato penal corresponderá cada vez menos a las aspiraciones y necesidades reales de la comunidad. Así mismo las reformas indispensables y urgentes de que debe ser objeto la administración de justicia en América Latina deben orientarse en el sentido de corregir lo antes apuntado, si se quiere recuperar la confianza de los ciudadanos y hacer de esta institución uno de los organismos fundamentales del Estado.

Por otro lado haciendo la comparación con el sistema administrativo de

Justicia en España y de sus problemas pero haciendo una proyección al

futuro. El principal problema, a mi parecer, es la celeridad de los procesos estos duran demasiado tiempo y la decisión del Juez o Tribunal llega demasiado tarde; otro mal es la deficiente calidad de muchas resoluciones judiciales. Ambos problemas, están estrechamente relacionados con la cortedad de medios materiales y personales puestos a disposición de la Administración de Justicia y el deficiente marco normativo, aunque en España se están produciendo últimamente reformas de gran calado, como ha sido la acometida tras la publicación de la ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial y de la Ley Orgánica 1/2009, complementaria de la anterior, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Porqué, el objetivo de una Administración de Justicia ágil, sólo puede lograrse, con buenas leyes procesales y con el número suficiente de órganos jurisdiccionales. Sólo así podrá lograrse el equilibrio entre el número de asuntos y el ritmo de trabajo. Para que la Administración de Justicia mejore de verdad no basta, tampoco, con que haya más Jueces y Magistrados, ni que aumente correlativamente el número de secretarios judiciales y del personal de la oficina judicial u otro personal al Servicio de la Administración de Justicia.

Es preciso

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