El Caso Avena

El caso Avena

El 9 de enero de 2003, el gobierno mexicano interpuso una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos, ante la existencia de 52 mexicanos presos en ese país.

El 31 de marzo de 2004, los representantes de la Corte fallaron a favor de México y ordenaron al gobierno de Estados Unidos que revisara las condenas de estos mexicanos. A la par, las autoridades estadounidenses se deslindaron del tratado de Viena para evitar futuras demandas.

El principal órgano judicial de Naciones Unidas determinó que el remedio al daño causado consistía en la obligación de Estados Unidos de proveer —por el medio que le parezca necesario— la revisión y la reconsideración a las condenas que afectan a los 51 nacionales mexicanos. A pesar de los continuos esfuerzos de distintas instituciones gubernamentales norteamericanas y de las administraciones de Bush y de Obama, la sentencia de Avena no se ha respetado por carecer de una legislación que implemente dicha obligación en su Derecho interno.

Leal García v. Texas: réplicas del fallo Avena (1 agosto 2011)

El pasado 7 de julio las autoridades norteamericanas ejecutaron al mexicano Humberto Leal García, quien fue hallado responsable del secuestro, violación y muerte de una adolescente de 16 años de edad en 1995, en la ciudad de San Antonio, Texas. Leal García es uno de los 51 mexicanos sentenciados a la pena de muerte, cuyo expediente forma parte de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena de 2004, en el que se condenó a Estados Unidos por violaciones a la notificación consular según el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Después de varias consultas con los departamentos de Justicia y de Estado, el senador del estado de Vermont, Patrick Leahy, introdujo en el Congreso —23 días antes de la fecha de ejecución— el Estatuto sobre el Cumplimiento de la Notificación Consular. Esta legislación otorgaría la solución que la Corte Internacional de Justicia le impone a Estados Unidos; sin embargo, será hasta enero de 2012 cuando se discuta dicha propuesta en el Senado. Como último recurso, Humberto Leal García apeló a la Suprema Corte de Justicia norteamericana para que interviniera en el caso y suspendiera su ejecución hasta que la legislación se aprobara. Sin embargo, a pesar de que el voto estuvo dividido, la Corte optó por negarle el recurso.

La intervención del gobierno de México en el caso de Humberto Leal debe ser calificada como un éxito de política exterior, y no puede ser criticada simplemente por la culpabilidad del sujeto protegido. El reclamo mexicano —tanto en este caso, como en los otros 50 que integran el fallo Avena— busca velar un fin ulterior: el respeto al debido proceso y al Derecho internacional. Es importante entender que estos esfuerzos no tienen como beneficiarios solamente a 51 mexicanos,

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