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El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan el ozono1 es un tratado internacional diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con el ozono y se cree que son responsables por el agotamiento de la capa ozono. El acuerdo fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1º de enero de 1989. La primera reunión de las partes se celebró en Helsinki en mayo de ese 1989. Desde ese momento, el documento ha sido revisado en varias ocasiones, en 1990 (Londres), en 1991 (Nairobi), en 1992 (Copenhague), en 1993 (Bangkok), en 1995 (Viena), en 1997 (Montreal) y en 1999 (Pekín). Se cree que si todos los países cumplen con los objetivos propuestos dentro del tratado, la capa de ozono podría haberse recuperado para el año 2050. Debido al alto grado de aceptación e implementación que se ha logrado, el tratado ha sido considerado como un ejemplo excepcional de cooperación internacional.

Agenda 21 es una expresión acuñada en la Cumbre de la Tierra (Río, 1992) para referirse al Plan de Acción que los estados deberían llevar a cabo para transformar el modelo de desarrollo actual, basado en una explotación de los recursos naturales como si fuesen ilimitados y en un acceso desigual a sus beneficios, en un nuevo modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Es lo que se ha denominado desarrollo sostenible, es decir, duradero en el tiempo, eficiente y racional en el uso de los recursos y equitativo en los beneficios.

En el documento final de las Naciones Unidas de hace diez años, se dedicaba un capítulo -el 28- al papel de las ciudades en este ambicioso deseo de cambio. Se reconocía tanto la responsabilidad de las ciudades como su capacidad de transformación. Como se ha dicho en alguna ocasión, pocas veces unas breves líneas de una declaración formal han suscitado una reacción tan entusiasta. Hoy, más de 5.000 ciudades de todo el mundo están elaborando sus Agendas Locales 21, a través de mecanismos de participación de la comunidad local, a fin de establecer objetivos compartidos para contribuir localmente al desarrollo sostenible de la sociedad planetaria. Las Agendas 21 Locales son una buena concreción de la vieja máxima ecologista "pensar globalmente y actuar localmente".

Barcelona ha sido una de las ciudades activas en este movimiento y culmina ahora la elaboración de su Agenda 21. En este artículo pretendemos comunicar las características de un proceso que ha sido complejo y estimulante. Las dimensiones de Barcelona como una gran ciudad en el contexto europeo hacen que ésta sea, sin duda, una experiencia interesante para analizar y compartir.

En 1995 el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona decidió adherirse, por unanimidad, a la Carta de Aalbörg. Esta Carta era una respuesta local al desafío que habían lanzado las Naciones Unidas y suponía una proclama que, en el ámbito europeo, generaría un amplio movimiento local para impulsar las Agendas Locales 21. Se trata, a diferencia de lo que a veces son las declaraciones internacionales, de un manifiesto innovador, atractivo en su redactado y claro en sus propósitos. Parte de un reconocimiento de la responsabilidad de las ciudades æespecialmente del mundo occidentalæ en la actual situación (por concentración demográfica; por consumos de bienes, servicios, energía y territorio y constata la capacidad de las ciudades para contribuir al desarrollo sostenible, desde una posición privilegiada para favorecer la participación, la concertación y la movilización de esfuerzos y recursos. Uno de los compromisos concretos de los signatarios de la Carta de Aalbörg (hoy ratificada por 1.200 ciudades europeas) era "tratar de llegar a un consenso en el seno de nuestras comunidades sobre una Agenda 21 de alcance local antes de finalizar el año 1996".

Éste era el primer paso concreto del proceso de elaboración de la Agenda 21 de Barcelona. La experiencia, en nuestra ciudad y en la mayoría de las ciudades -exceptuando algunos casos de países nórdicos-, demostraría el valor de la Carta de Aalbörg como detonante de un proceso y, a la vez, la inviabilidad del calendario previsto. Contenidos, metodología y calendario tendrán una relación tensa a lo largo de estos procesos, por su propia ambición, y Barcelona no es una excepción.

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático2 es un protocolo de la CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gasmetano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos(PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si las emisiones de estos gases en el año 1990 alcanzaban el 100 %, para el año 2012 deberán de haberse reducido como mínimo al 95 %. Es preciso señalar que esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo, sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir la contaminación global.

El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los que ratificaron el protocolo.3 EE. UU., mayor emisor de gases de invernadero mundial,4 no ha ratificado el protocolo.

El instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita

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