Ciudadanía Y Diseño Curricular

FORMACIÓN DE CIUDADANÍA EN UN MARCO DE TRANSFORMACIÓN CURRICULAR

Rossana Orlando

Coordinadora de la Comisión Central de Curricula

Universidad de Margarita

rossana.orlando@unimar.edu.ve

La asunción de los principios para la educación del siglo XXI en la educación superior comportan una serie de reformas que trascienden el diseño curricular orientado por una visión tecnicista para incorporar competencias que hasta la fecha habían sido relegadas a los niveles básicos de formación. El objetivo que orientó el diseño del eje curricular de competencias ciudadanas en la reforma curricular por competencias llevada a cabo en la Universidad de Margarita se sustentó en una formación humanista, con visión de responsabilidad social de un profesional con formación ciudadana consustanciado con los procesos de desarrollo sociopolítico del contexto local, nacional, regional e internacional, en concordancia con los planes de desarrollo socio-económico del país. La metodología empleada se basó en el análisis de los aspectos considerados en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el período 2007 – 2013 en conjunción con las competencias genéricas previamente definidas en el perfil de competencias que debe desarrollar el profesional que se forme en la universidad por parte de una subcomisión de curricula conformada adhoc por la decana y los docentes adscritos al Decanato de Estudios Generales, orientados por lineamientos curriculares definidos por la Comisión Central de Curricula de la Universidad y el Vice Rectorado Académico.

Descriptores: competencias, formación en ciudadanía, reforma curricular.

La formación de ciudadanía como unidad de formación curricular ha sido objeto de múltiples investigaciones en los diferentes niveles de educación formal y no formal. No obstante, su incorporación en el curriculum se aprecia con mayor incidencia en los niveles de educación básica y media, siendo mayormente conocida o definida como educación cívica, a la cual se le plantea actualmente un desafío sin precedentes al tener que responder a una demanda compleja caracterizada por una parte por el hecho de que la evolución de nuestras sociedades requiere de una ciudadanía activa y participativa, y por otra, se observa en una gran mayoría de jóvenes una apatía y falta de compromiso respecto al desarrollo de procesos propios de las democracias. Frente a esta situación, la forma en que se imparte educación para la ciudadanía en las escuelas, la tradicional educación cívica, debe ser profundamente reformulada. (Cox y otros, 2005)

En este marco de referencia, su incorporación en los planes de estudio de educación superior ya constituye en sí mismo un desafío curricular considerado en muchos casos como una innovación, siendo esta apreciación el resultado de un proceso que implica el abordaje y desarrollo de competencias ciudadanas en un contexto académico que trasciende el tecnicismo en aras de la sustentabilidad.

Ciudadanía es una categoría multidimensional que simultáneamente puede fungir como concepto legal, ideal político igualitario y referencia normativa para las lealtades colectivas. Implica en principio una relación de pertenencia con una determinada politeia (o comunidad política), una relación asegurada en términos jurídicos, pero también denota una forma de participación activa en los asuntos públicos. Por un lado, supone una condición de status y, por otro, define una práctica política. (Velasco, 2005: 193)

La ciudadanía, como categoría jurídico-política, tiene una estrecha relación con los elementos esenciales del Estado, poder público, territorio, población; de ahí su vínculo indisoluble. La ciudadanía es límite a la población, consecuencia de la formación de los Estados nacionales y expresión del ejercicio del poder del Estado, como manifestación de su voluntad soberana. (Prieto y otros, s/f)

El debate sobre la ciudadanía ha sido objeto de múltiples asunciones a lo largo de la historia y es constantemente retomado por los estudiosos del Derecho, toda vez que esta institución determina la situación jurídica del individuo con respecto al Estado, es decir, el conjunto de derechos y deberes recíprocos. (Valdez y otros, op.cit.) Y es a raíz de esta afirmación donde el amplio espectro de deberes y derechos rebasa el campo específico del Derecho para extenderse al plano ambiental, social y político que constituyen las dimensiones del quehacer ciudadano en correspondencia con los principios del desarrollo sostenible.

Al respecto, estudios realizados por el Banco Interamericano para el Desarrollo para comparar la situación de la educación ciudadana en países del mundo industrializado y en países de América Latina y el Caribe plantea que aun cuando muchos de los países de la región iniciaron reformas curriculares en las que la educación para la ciudadanía figura como requisito indispensable para el crecimiento económico y el desarrollo de una cultura democrática, el énfasis en el conocimiento de los poderes del estado, de los deberes ciudadanos y de las leyes debe ser reemplazado por una educación para la ciudadanía no sólo centrada en el conocimiento y el compromiso político, sino también en la responsabilidad social y en la participación en actividades de la comunidad. (Cox y otros, 2005).

Asimismo, señala el estudio referido que la formación del ciudadano, como función esencial de los sistemas educativos, confronta actualmente en la región de Latinoamérica y el Caribe desafíos específicos y urgentes por cuanto las nuevas generaciones exhiben rasgos de distanciamiento respecto a la política y la participación democrática, al tiempo que la combinación de los viejos problemas de la pobreza y la desigualdad, con los nuevos que trae la post-modernidad y la globalización, demandan como nunca una ciudadanía activa y capaz.

A los efectos de satisfacer los desafíos planteados, la educación ciudadana debe considerarse desde tres perspectivas, en primer término, el de la provisión de una educación de alta calidad para todos. En segundo término, el del aprendizaje de unas competencias ciudadanas, que incluyen las dimensiones de conocimientos, habilidades y valores, a través de unos contenidos curriculares y de formas pedagógicas activas desarrolladas en climas de confianza y participación. El tercer nivel de análisis corresponde al clima escolar y a la disparidad que pueda existir entre lo que se enseña en las escuelas y lo que en ellas se practica en términos de poder y participación, derechos y deberes, normas y prácticas.

En tal sentido, se evidencia una brecha evidente entre los requerimientos de la educación ciudadana y las prácticas y resultados de las

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