La Construcción Del Derecho A La Educación Y La Institucionalidad Educativa En Chile

La Construcción del Derecho a la Educación y la Institucionalidad Educativa en Chile

- Jorge Inzunza –

I.- La Instalación del Estado Nacional chileno: La Primera República (1810-1833)

La génesis de la República chilena contó entre sus elementos constitutivos la progresiva apertura de escuelas. Podemos afirmar que esta etapa tuvo una débil estructuración institucional, si bien existía la convicción acerca de la necesidad de educar fundamentalmente a las clases dirigentes masculinas. La multiplicación de escuelas obedeció a un doble movimiento: el impulso de los particulares, algunas congregaciones, conventos y municipios; y por otro complementariamente, la responsabilización del Estado en aquellas zonas geográficas donde no existiese oferta privada. Se confió en “los del lugar” para que desarrollaran sus escuelas, si bien, a través del Instituto Nacional (como única institución que logró constituirse realmente como un organismo con cierta responsabilidad) comenzó a edificarse una mirada unificada de las escuelas, a través de la validación de los exámenes de las entidades educativas privadas. A fines de este período comienzan a vislumbrarse desde el Estado algunas funciones nuevas como las de visitación de escuelas y la promoción de mejoras.

II.- El Estado Docente:

A.- La Segunda República (1833-1871)

Durante esta etapa la institucionalidad educativa avanza en la concreción de dos leyes -Ley orgánica de 1837 y Ley General de Instrucción Primaria de 1860-, con ello el rol del Estado comienza a perfilarse hacia una nueva definición, incluyendo acciones relacionadas con la inspección de las escuelas, promoción y fomento educativo, protección económica de preceptores y alumnos, y conocimiento de otros sistemas escolares. La creación del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción abre un camino hacia la burocratización necesaria del ordenamiento de un sistema educativo. La responsabilidad estatal comienza a identificarse con la apertura de establecimientos públicos y de Escuelas Normales de Preceptores, además de vigilar la evolución del sistema a través de la Superintendencia en el caso de la ciudad de Santiago; y las Juntas Provinciales para el resto del país. El periodo culmina con el aumento de los compromisos económicos del Estado con la educación, concretado en el principio de gratuidad afirmado desde 1860. Claramente se comenzaba a amplificar una separación desde estos primeros esbozos del sistema educativo entre la capital y las provincias, como también entre lo urbano y lo rural, y las clases acomodadas y las obreras. Esta división, fundamentalmente basada en las clases sociales, constituyó desde el principio una de las características fundantes del sistema educativo chileno.

B.- La Tercera República (1871-1924)

Durante el periodo de 1871 a 1924 Chile dio pasos significativos hacia la consolidación de una institucionalidad educacional mínima. De esta forma, la progresiva separación de otros ministerios, implicó que hacia finales del siglo XIX se decretase la existencia del Ministerio de Instrucción Pública. Por otra parte, se sumaron a este ministerio variadas entidades consultivas y ejecutivas, haciendo crecer el aparato estatal y el presupuesto de esta rama. Ello se tradujo en la construcción de nuevas escuelas, entrega de materiales escolares y mobiliarios, y en una mayor vigilancia provincial y comunal.

Hacia 1920 el Estado chileno logra constituir un cuerpo legal que avanza en la conquista de dos principios: gratuidad y obligatoriedad. El tercer principio francés, la laicidad, no logra aplicarse, si bien se generan importantes debates como la libertad de exámenes, y la posterior decisión de no obligar a los establecimientos escolares a enseñar religión. Sin embargo, el sistema educacional sigue siendo un escenario de una fuerte lucha entre el Estado Docente, y la llamada Iglesia Docente. Los sectores políticos liberales y conservadores se alinean por uno u otro concepto.

Al igual que en la etapa anterior, el Estado sigue impulsando trayectorias diferenciadas (y naturalizadas) para su población escolar. Es así como sigue distinguiéndose una fuerte influencia de la “clase social” y las posibilidades de avanzar. Las clases populares, a lo más, están destinadas a alcanzar la naciente formación profesional, con una educación básica, mientras las clases oligárquicas son las que pueden completar el ciclo educativo en la universidad. Asimismo la educación básica estaba lejos de iniciar su masificación, mientras la educación secundaria seguía siendo un privilegio de unos pocos.

Los movimientos por la extensión del derecho a la educación se movilizaron en tres direcciones. El primero fue aquel iniciado por directoras de liceos femeninos, quienes en sus solicitudes reclamaron el derecho a que sus certificaciones fuesen consideradas para el ingreso a la universidad al igual que aquellos liceos de hombres. La diferenciación sexual del sistema educativo tenía una fundamentación en la separación entre lo público (masculino) y privado (femenino). En este sentido, es revelador que tanto los currículums de mujeres como los de la clase obrera tuviesen un acento en la formación moral católica. El segundo movimiento acogió la activación de estudiantes universitarios y profesores que comenzaron a organizarse y vislumbrar un cambio significativo para el sistema educativo. Las discusiones que se dieron en torno al primer centenario de Chile apoyaron la necesidad que la población alcanzase mayores niveles de instrucción, venciendo la exclusión en la que estaba parte importante de ella. Una tercera fuente de conflicto la protagonizó el movimiento obrero, el cual inevitablemente afectó la sensibilidad de los sectores políticos más progresistas. El Estado chileno del siglo XIX y comienzos del XX había defendido fundamentalmente a las clases oligárquicas, las cuales entendían y dirigían el Estado como una especie de extensión de su poder patronal. En este sentido, el Estado tenía una presencia mínima en la vida cotidiana de las personas: “Esa presencia seguiría siendo mínima hasta terminada la segunda década del nuevo siglo: así como no había contribuciones que pagar, tampoco había beneficios que recibir. Sin duda, había escuelas, obras públicas, policía, cárceles, registro civil, correos, telégrafos y ferrocarriles; pero ello no tenía presencia permanente ni afectaba aspectos fundamentales de la vida cotidiana de la mayoría de la población” (Fernández 2003:101)

C. La crisis institucional de 1924-1932 y la Reforma Educacional

Estos breves nueve años que constituye esta etapa histórica estuvieron marcados por la crisis institucional, que marcó un cambio de orientación del hasta en ese momento Estado excluyente y oligárquico.

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