Antecedentes

Su periodo de vigencia fue de S. XVI-S. XIX. La información financiera generada en las operaciones mercantiles de la Nueva España era registrada y presentada de acuerdo a lo dictado por el imperio español. Las leyes mercantiles más antiguas de las que se tiene referencia fueron promulgadas por el rey Felipe II, y fueron Ordenanzas de Burgos en 1553 y posteriormente las Ordenanzas de Burgos de 1555. Las anteriores fueron sustituidas por el rey Felipe III, en 1604, por las Ordenanzas del Consulado de la Universidad de Mercaderes.

En 1737, el rey Felipe V aprueba las Ordenanzas de la Villa de Bilbao, las cuales son ratificadas por don Fernando VII en 1814. Éstas señalan los libros de cuentas que deben ser llevados obligatoriamente por los comerciantes para registrar sus operaciones mercantiles. Dichos libros eran 4: el libro borrador o manual, en el cual se registraban las cuentas individuales, incluyendo todos los detalles de la partida (fecha, cantidad, participantes, condiciones, etc.), el libro mayor donde se registraban con los saldos sumarios de las cuentas individuales, el libro de cargazones, el cual contenía los documentos de referencia pertinentes de las operaciones, y el libro copiador de cartas, donde se escribía una copia de las cartas de negocios utilizadas.

Podían llevarse ciertos libros adicionales, de acuerdo al giro del negocio. Sin embargo, no existían normas de contabilidad generales para el registro, sino que éste obedecía al criterio de quien llevaba los libros. El único estado financiero que debía ser generado era el Balance General. La información financiera era utilizada para la administración y toma de decisiones del negocio, sino para el pago de impuestos y la contabilización del patrimonio.

Tras la independencia de México, la información financiera era utilizada para tener un control y respaldo de lo sucedido, y su registro continuaba siendo regido por las Ordenanzas de la Villa de Bilbao y el criterio personal del contador. En 1845 se funda el Instituto Comercial, antecesor de la actual Escuela Superior de Comercio y Administración, siendo el primer instituto formal de enseñanza para la formación de contadores, y comenzaron a escribirse varios libros al respecto de esta técnica, los cuales sentaron los antecedentes de los actuales libros de diario, la balanza de comprobación, las cuentas, su clasificación, los métodos de valuación de inventarios y los estados financieros actuales.

Por ejemplo, el mexicano Antonio Contreras Aldama dio el antecedente para el Estado de Pérdidas y Ganancias, en su libro Teneduría de libros en partida doble (1881). Mientras que Emilio Marín, en su libro Teneduría de libros por partida doble (1900), estableció los principios del costo promedio, la devengación, las provisiones y la depreciación.

Desarrollo de la Contabilidad Mexicana

Duró de 1890-1959. Se emitió el tercer Código de Comercio mexicano en 1889, durante el mandato de Porfirio Díaz, sustituyendo así a las Ordenanzas de la Villa de Bilbao y al Código Español (1885) en la regulación de las operaciones mercantiles en nuestro país, ya que fue el primer código mexicano aceptado a nivel nacional e internacional. En él se estipulaba que debían llevarse 3 libros de contabilidad obligatorios: Inventarios y Balances, un libro General de Diario y uno de Mayor. Además, como libros auxiliares, un libro Copiador, así como libros de actas para las juntas de los Consejos de Administración y de Accionistas por separado, y ninguno más. También estipula que los registros deben hacerse por partida doble y debe generarse un Balance General, así como hacerse un inventario físico, de manera anual.

En 1905 se crea la carrera de contador de comercio, antecesora de la contabilidad pública, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, y se abre sus puertas en México el primer despacho contable Price Waterhouse. En 1907 se gradúa el primer contador

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