Ayontzinapa
iveclau2026 de Octubre de 2014
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La tarde del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, fueron agredidos por policías municipales y presuntos integrantes de una agrupación delictiva cuando realizaban una colecta de recursos para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa al 2 de octubre.
Tras el incidente, que duró más de dos horas, murieron seis personas: Tres normalistas, dos integrantes del equipo de futbol Avispones y una mujer civil que viajaba a bordo de un taxi.
El incidente dejó también a 27 personas lesionadas y en ese momento se reportaron a 57 estudiantes normalistas como desaparecidos.
En septiembre 28, la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero capturó a 22 policías municipales de Iguala por su presunta participación en los hechos.
El 29 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto suspendió su gira por el estado, donde pretendía visitar tres municipios.
El 30 de septiembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó de la aparición de 14 estudiantes normalistas con vida, por lo que el número de desaparecidos se redujo a 43.
El procurador del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, informó de la posible participación del crimen organizado en los hechos, debido al tipo de armas utilizadas. Confirmó la participación de policías municipales.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió licencia para separarse de su cargo, en tanto se llevan a cabo las indagatorias. El cabildo de Iguala aprueba la separación del cargo.
El 1 de octubre el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ordenó que se girara una orden de presentación contra el presidente municipal con licencia José Luís Abarca, para responder por los hechos. Desde entonces se ignora su paradero.
El 2 de octubre, la Procuraduría de Guerrero giró órdenes de aprehensión en contra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien dé informes de sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
El 3 de octubre, padres de familia y alumnos de la Normal de Ayotzinapa, bloquearon la Autopista del Sol. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió una comisión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de la Naciones Unidas (ONU) condenaron los hechos y exhortaron al Estado mexicano a tomar acciones inmediatas.
El 4 octubre, la PGR atrajo las investigaciones del caso. Familiares de normalistas desaparecidos convocaron a marcha nacional.
El 5 de octubre el fiscal general del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, confirmó que dos presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos declararon haber ejecutado a 17 estudiantes normalistas, cuyos cuerpos fueron depositados en fosas clandestinas.
El 6 de octubre, Iñaki Blanco detalló que en 5 diferentes fosas se encontraron un total de 28 cuerpos calcinados, cuya identidad no se ha corroborado.
El presidente Enrique Peña Nieto ofreció un mensaje a la nación y prometió resolver el caso Ayotzinapa.
El 7 de octubre, el gobierno de los Estados Unidos calificó de "preocupante" la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos y exigió una investigación "completa y transparente".
El 8 de octubre en diversas ciudades de la República se llevó a cabo una marcha para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
El 9 de octubre, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer el hallazgo de cuatro nuevas fosas clandestinas, donde presuntamente se encuentran los restos de estudiantes normalistas asesinados.
Murillo Karam apuntó que estas nuevas fosas clandestinas
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