El Michoacanazo

El MICHOACANAZO

El 26 de mayo de 2009 se realizó un operativo en Michoacán que derivó en las detenciones de: 11 presidentes municipales, 16 funcionarios del gobierno estatal, un juez y algunos policías. Las detenciones fueron llevadas a cabo por elementos del ejército mexicano y la policía federal en la entidad.

A los detenidos se les acusó de tener vínculos o ser miembros de la organización criminal “La Familia Michoacana”, pero con el tiempo las autoridades correspondientes no pudieron comprobar los cargos imputados y todos los detenidos en el operativo comenzaron a ser liberados.

El último que fue puesto en libertad, fue el ex alcalde de Múgica, Michoacán, Armando Medina, después de 19 meses de estar en prisión. El operativo fallido recibió críticas y llamados de todas las fuerzas políticas de México para que fueran aclarados en su totalidad los motivos del “Michoacanazo”.

A estos llamados se sumó el gobernador del estado, Leonel Godoy que exigió una disculpa pública por el operativo y pidió al presidente Felipe Calderón detener ese tipo de acciones por parte de las autoridades.

La lucha entre grupos del crimen organizado por controlar los canales de distribución de droga en el territorio de Michoacán era un conflicto que llevaba años. Fue hasta hace poco cuando la violencia recrudeció y las extorsiones, el cobro de piso y hasta el derecho de vivir, pasaron a segundo plano, el narco comenzó a meterse con las familias. Los pobladores de Tepalcatepec se organizaron. Primero lo hicieron sigilosamente, y tiempo después, los grupos de autodefensas comenzaron a aparecer cada vez más. Las autodefensas fueron avanzando lentamente por todo el territorio de Michoacán, y uno a uno, los municipios de Agulilla, Coalcomán, Chinicuila, Buenavista, Aquila, La Huacana, Paracuáro, Tancitaro, Nueva Italia de Ruíz y finalmente Apatzingán, bastión de Los Caballeros Templarios fueron tomados.

Ante los enfrentamientos entre los grupos de autodefensas, la población civil y el narco, el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció el desarme de las guardias comunitarias por parte del ejército y la Policía Federal que llegarían a restablecer el estado de derecho en Michoacán.

El desarme, que inició el 14 de enero, no resultó fácil. Los grupos de autodefensa se negaron a dejar las armas ante el clima de violencia que aún se vivía. Fue entonces que el secretario de gobernación optó por designar a Alfredo Castillo Cervantes, hasta ese entonces titular de la Profeco, como nuevo Comisionado de Seguridad en Michoacán. Después del desarme de las autodefensas, el siguiente paso es el plan de la gendarmería, de la Policía Única del modelo colombiano, que aunque polémico, es una vía más para lograr establecer el estado de derecho en Michoacán.

Los grupos de autodefensa desafían la lógica del derecho; mientras por una parte se combate al crimen organizado, por la otra la sociedad civil se organiza para defenderse. Los cárteles han sabido organizarse para encontrar estrategias de protección a la luz del estado, han diseñado grupos armados para proteger sus intereses, y para ello reclutan civiles que voluntaria o involuntariamente participan, así como ex militares y ex policías, aquellos que puedan proveer no solo de defensa sino incluso de inteligencia militar en sus operaciones.

Los grupos de autodefensa problematizan el escenario actual, pues se adjudican el derecho de recurso a la fuerza, que no tiene regulación específica respecto de estos grupos, es discutible la legalidad de una operación de autodefensa. Nadie puede hacer justicia por mano propia. El aumento en la presencia de los denominados grupos de autodefensa en Guerrero y Michoacán sugiere el surgimiento de una guerra civil de baja intensidad.

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