Narcoparamilitarismo

El narcoparamilitarismo es un término utilizado con la conexión de dos fenómenos muy reconocidos, desastrosos y vergonzantes que han azotado al país, ese término surge primeramente del fenómeno del narcotráfico que es una actividad ilegal basada en el cultivo, fabricación, distribución, venta, control de mercados, consumo y reciclaje de utilidades inherentes a la droga de procedencia ilegal, que se sustenta en la corrupción de las estructuras políticas y judiciales de las naciones, específicamente vivenciada en nuestro país Colombia además de controles de los medios de comunicación masiva, lavado de activos, violencia, terrorismo y drogadicción; y el segundo fenómeno es el llamado paramilitarismo surgido por una aparente lucha de poder político de grupos de extrema derecha que desviaron su ideología por así decirlo convirtiéndola en una guerra cruel y real combatiendo con grupos armados de extrema izquierda, a estos grupos también se le denominaron “autodefensas” los cuales se extendieron a lo largo y ancho del país. En el desarrollo de todo este gran conjunto de ilicitudes integraron y fueron participes agentes del Estado como policías y militares, además de representantes políticos y de otros sectores de la sociedad Boom que se desemboca en un escándalo Judicial y político al que se le denomino parapolítica. Así mismo, los grupos paramilitares se involucraron directamente con mafias de la droga y cometieron actos atroces contra la población civil como masacres y expulsión de sus regiones, fenómeno conocido como "desplazamiento forzado". Por esto muchos de sus máximos jefes fueron pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por sus vínculos con el tráfico de drogas, eh aquí la relación de los dos fenómenos (narcotráfico-paramilitarismo). Entre los años 2002 y 2006, se adelantó un proceso de desmovilización de los paramilitares a gran escala, impulsado y apoyado desde el gobierno colombiano, a partir de este momento tras la desmovilización de las ultraderechistas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y de la desaparición del Cartel del Norte del Valle, cuando surgieron 22 grupos conformados por desmovilizados de las AUC, esta vez liderados por ex-miembros de los desaparecidos carteles colombianos del narcotráfico, por ex-mandos medios de las Autodefensas que volvieron a las armas únicamente bajo el objetivo de tomar espacios dejados por ex-narcotraficantes y surge el verdadero NARCOPARAMILITARISMO.

La prensa nacional reporta que 34 de 102 Senadores electos en 2006, el 33%, están siendo investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo, así como 25 de 168 Representantes a la Cámara, el 15%. Esas cifras ponen de presente que el narcoparamilitarismo superó con creces la capacidad de infiltración que previamente había tenido el narcotráfico. Cuando Pablo Escobar, se hizo elegir a la Cámara de Representantes en 1982 su votación y la de su fórmula equivalían a menos del 1% de la votación de Senado. Cuando se descubrió que el Cartel de Cali infiltró masivamente las campañas en 1994, los condenados representaron el equivalente a 8% de la votación de Senado y si se suman otros involucrados en el proceso 8.000 equivaldrían al 12% de la votación del Senado. Los investigados por narcoparamilitarismo equivalen al 35% de las curules y al 25% de la votación de Senado en el 2006. Ese crecimiento constante, indica que el narcotráfico ha ido refinando los métodos de infiltración del poder político e incrementado su nivel de “éxito”. Viendo claramente cuan involucrado ésta este fenómeno desde lo que se presume la justicia, el deber ser, el ejemplo de una nación azotada desde sus raíces por ésa putrefacción vergonzosa por ojos vendados de negro con símbolos pintados de dólares viciados por la codicia, el lujo, creando pobreza, dolor, sufrimiento, desangracion, ruinas, miedos, vulnerando los derechos fundamentales de todas las personas, involucrando niños, mujeres, ancianos, hombres sin consideración alguna...

Remontándonos a la historia de cómo surgió en narco paramilitarismo en si fue la siguiente: Un día después de las elecciones de Congreso en marzo de 2002 Salvatore Mancuso expidió un comunicado de prensa en el que aseguró: “Recomendamos a la gente a quién votar.” “Podemos afirmar, en tal sentido y con los datos a la mano, que la meta original del 35% ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC.” “Tal respaldo excede, con creces, nuestras expectativas más optimistas.” En el mismo sentido se pronunció el 13 de junio de 2005 el jefe paramilitar Vicente Castaño Gil en entrevista a la revista Semana: “Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos.” Aunque los comandantes paramilitares se cuidaron de no revelar los nombres de sus “amigos”, la investigación periodística y académica los fue descubriendo. En septiembre de 2005, Semana.com publicó una investigación titulada “Votaciones atípicas en las elecciones de congreso de 2002”, en el cual se daban por primera vez los nombres de 23 congresistas que podrían haber sido apoyados por el paramilitarismo, según se deducía de la alta atipicidad electoral que habían registrado en zonas previamente tomadas a sangre y fuego por el paramilitarismo. Esa y otras investigaciones periodísticas pusieron el tema de la infiltración del paramilitarismo en el Congreso en el debate público. Fruto de esa presión mediática los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y la U decidieron excluir de sus listas al Congreso de 2006 a algunos candidatos, presuntamente vinculados con los paramilitares. Sin embargo, los “expulsados” fueron recibidos en otros partidos uribistas, por lo cual, en la práctica, no hubo ninguna depuración. Referente a todo esto y siguientes acciones similares de posibles involucramientos la corte instaura investigaciones de la mano de paramilitares desmovilizados sometiéndolos bajo la jurisdicción ley de justicia y paz. Algunos paramilitares de rango dieron declaraciones útiles para las investigaciones de parapolítica. De los 20 grandes jefes paramilitares, solamente Salvatore Mancuso y “alias HH” han aportaron información útil al respecto; los demás han negado o evadido el tema de parapolítica. El narcoparamilitarismo ha tenido un gran alcance referente al proyecto que este se trazo que ha tenido como consecuencia una serie de pactos como lo son:

• El pacto de Ralito (se firmó en Córdoba en el 2001)

• El pacto de Chivolo (En un allanamiento a una de las fincas de alias Jorge 40, comandante paramilitar del Bloque Norte, se encontraron varios documentos suscritos por éste con políticos locales y regionales. Uno de ellos fue el llamado Pacto de Chivolo, que se habría realizado el 28 de septiembre del 2000, al que asistieron 13 candidatos a alcaldías y 395 personas, entre aspirantes a concejos y a asambleas)

• El pacto de Pivijai (Parte de los firmantes de Chivolo, realizaron en Noviembre de 2001 en Pivijay otro pacto político para la elección de Cámara de Representantes y Senado de la República de marzo del 2002)

• Reunión de Coordinación (mediante el cual los asistentes se comprometen a seguir las directrices del jefe paramilitar del Casanare Martin Llanos, quien nunca se acogió al proceso de paz con el gobierno del Presidente Uribe, ni se desmovilizó)

• Pacto de Urabá (El político de Urabá Dagoberto Tordecilla denunció que Rubén Darío Quintero y Humberto Builes hicieron parte de un pacto político con el comandante paramilitar Freddy Rendón, alias 'El Alemán', del que él mismo sacó provecho, al recibir un contrato como asesor en el Congreso)

• Magdalena Medio (Medios de comunicación han denunciado que en la finca “la 15” entre san Pedro de Urabá y Valencia, Córdoba se realizó otra función-pacto con políticos, convocada por Carlos Castaño. Al parecer en otra finca de Carlos Mario Jiménez “Alias Macaco” en Piamonte, también se realizó otra reunión-pacto.

• Eje Cafetero, Caldas (mes de septiembre de 2008)

Los diferentes pactos evidencian que la imposición de candidatos a todos los cargos y corporaciones de elección popular no tenían como objetivo sólo ganar representatividad política sino capturar las funciones de gobierno y estado que tendrían los candidatos que resultaran elegidos, para de esta forma poder operar a su acomodo como por ejemplo obtener protección e impunidad, y también poder realizar negocios públicos y privados que hicieran diversos sus ingresos y que en algunos casos eso les permitiría lavar fácilmente dineros obtenidos de manera ilícita.

En la medida en que se fueron descubriendo las redes políticas de los jefes de las AUC en las regiones, iba quedando claro que éstas no se limitaron únicamente a los departamentos de la Costa Atlántica, sino que el fenómeno se dio a lo largo y ancho del país en la medida en que se fue dando la expansión paramilitar, desde Córdoba, Antioquia y Magdalena Medio al resto de Colombia.

Entonces como laa mayoría de los congresistas electos en 2002 presuntamente con apoyo narcoparamilitar fueron reelectos al Congreso en 2006, la Corte Suprema de Justicia empezó las investigaciones de congresistas por parapolítica en junio de 2006. En Noviembre de 2006 la Corte ordenó la detención de tres congresistas por presunto concierto para delinquir agravado entre esos congresistas y paramilitares, y en uno de los casos por presunta participación en crímenes de lesa humanidad. Con esa determinación de la Corte, los congresistas quedaron notificados de que la investigación de la Corte sobre parapolítica era seria y que había pruebas sólidas que los incriminaban. Estos muy astutos ante esa situación los congresistas involucrados en la parapolítica optaron por cubrirse bajo el manto de popularidad del Presidente Uribe, aduciendo que el objetivo de las investigaciones era afectar la legitimidad del Presidente y la seguridad democrática. Esa argucia política no habría tenido efecto de no ser porque el Presidente acogió esos argumentos y los ha usado reiteradamente en contra de los medios y de la justicia, y a favor de los parapolíticos, cuando avanzan las investigaciones conjuntamente a esta situación éste fenómeno narcoparapolitico se escuda con otras estrategias de defensa como los complots y las amenazas como por ejemplo:

- El complot de “alias Tasmania”: Los Uribe .vs. Iván Velásquez

- La grabación: Nancy Patricia Gutiérrez .vs. Iván Velásquez

- La Casa de Nariño .vs. La Corte Suprema

Obstruyendo la verdad, la justicia y la reparación democrática. Siguiente a todo esta fenomenología surge una incógnita ¿Dónde está el gobierno colombiano? ¿Qué acciones se tomaran con esta problemática? Pues el gobierno acogió la propuesta de establecer normas de responsabilidad política a los partidos que avalen personas vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico e incluyó dichas sanciones en un proyecto de acto legislativo de reforma política en el 2007 donde lo que se pedía era sacar a los congresistas que habían entrado por fuerza de las armas y el narcotráfico e imponer sanciones de responsabilidad política a los partidos quienes lo apoyaran como las siguientes (i) Anular los votos de los políticos elegidos con el apoyo de criminales, (ii)No reemplazar las curules de los congresistas capturados por vínculos con criminales, norma conocida como “la silla vacía” (iii) Obligar a los partidos a devolver la financiación pública dada para esas campañas entre otras. Esas normas de responsabilidad política se discutieron ampliamente durante un año en el Congreso y, faltando un mes para que venciera el plazo para su aprobación, la plenaria de la Cámara acordó que tales sanciones se aplicarían desde el momento en que se dictara medida de aseguramiento a un político investigado por vínculos con el crimen organizado o el narcotráfico. Ante esa decisión de la Cámara, el Presidente ordenó a su bancada en el Senado hundir el proyecto de reforma política, reconociendo que si se aplicaba lo aprobado por la Cámara, el gobierno perdería mayorías en el Congreso. En conclusión, el Presidente y el gobierno reconocieron que las mayorías del uribismo en el Congreso dependían de las cuotas del paramilitarismo y que no estaban dispuestos a perderlas

Como conclusión Colombia continúa en manos de narcoparamilitarismo

La estrategia criminal del régimen se ha ido consolidando nueva y paulatinamente en todo el país al punto de que hoy los 'paras' controlan 347 municipios en 31 departamentos.

¿Dónde está la Fuerza Pública?

Las preguntas obligadas ante este fenómeno son ¿Dónde está el medio millón de hombres que componen el Ejército y la Policía? ¿Sigue habiendo connivencia entre la Fuerza Pública y los paramilitares? ¿En qué están representados los casi 60 mil millones de pesos de los colombianos que el Gobierno gasta cada día en la guerra?

...