Bianey Galant

Cada día hay más asuntos públicos en los que la ciencia está involucrada, y también cada día es más difícil saber qué es lo que nuestra sociedad espera y puede esperar de los científicos. [Antonio Lafuente]

El concepto de ciencia normativa suele aplicarse, siguiendo la senda abierta por Charles S. Pierce, al derecho, la ética o la economía, pues se trata de saberes obligados a conectar explícitamente los fenómenos estudiados con los fines perseguidos. Hay, sin embargo, motivos suficientes para explorar hasta qué punto las ciencias – en particular, las medioambientales y sanitarias- también son normativas. Los recientes debates sobre el cambio climático o el diseño inteligente han puesto de actualidad la reflexión sobre dónde poner la divisoria entre lo que es y no es ciencia. Muchos científicos están alarmados por la contaminación de los debates científicos con consignas políticas.

El libro reciente de Cris C. Mooney ha proporcionado abundantes ejemplos de cómo el gobierno de Bush se ha entrometido en multitud de debates (calentamiento global, emisiones de CO2, contaminación química, evolucionismo, psicofármacos, aborto,…) disfrazando de científicos argumentos claramente políticos. Y es justo reconocer que, aunque deba hablarse de grados de corrupción o intolerancia, estamos tratando un asunto que afecta a izquierdas y derechas.

Ciencia normativa, como la define Robert T. Lackey, “es información que es desarrollada, presentada o interpretada a partir de la adopción de alguna preferencia, generalmente inestable, de alguna opción política”. El problema está claro. Y la cuestión es saber cuánta política hay en la ciencia y cuánta ciencia hay en la política. Un asunto que queremos abordar al margen de otras viejos comercios de los científicos con el poder, del que, como sabemos, dependen para la obtención de los recursos.

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