Análisis sobre casos similares Ayotzinapa

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En este análisis abordaremos las similitudes de estos tres casos en los que el estado tuvo una participación importante.

Partiremos este análisis explicando un cada uno de los casos y después explicaremos las similitudes que existen entre ellos y que todos ellos se involucran con el estado.

El 2 de enero de 1946 sucedió el caso de León. El 1 de enero de 1946 las personas se mostraron molestas en presencia de los elementos del ejército federal y de campesinos armados traídos de otros municipios que habían tomado posesión del nuevo ayuntamiento encabezado por Ignacio Quiroz, en sustitución del que presidia Salvador Muñoz.

El 2 de enero el gobierno ataco a los ciudadanos esto sucedió por una protesta por fraude electoral y un mal gobierno, según las investigaciones el candidato del pueblo (Carlos A. Obregón) ya había ganado las elecciones del pueblo, pero cuando el ayuntamiento conto los votos el que ganaba era el otro candidato ese día las personas del pueblo se manifestaron por el fraude electoral que se había cometido. Esa noche después de las nueve hubo un apagón afuera del ayuntamiento que prescindió al inicio de las descargas de fusiles y ametralladoras contra los manifestantes, el numero de victimas fue indeterminable puesto que los muertos y heridos estaban dispersos en la cruz roja, hospitales públicos, privados, consultores médicos y casas particulares. Oficialmente se reconocieron 26 muertos y 37 heridos de gravedad. Desde ese día la plaza fue conocida como la plaza de los Mártires.

Estos hechos sangrientos son la culminación de la resistencia civil iniciada meses atrás, cuando un grupo de ciudadanos comenzaron a organizarse, cansados del mal gobierno municipal, que incapaz de proporcionarles servicios adecuados, traficaba con contratos públicos y les encarecía las cuotas, derechos e impuestos.

Los ciudadanos creían que como había terminado la Segunda Guerra Mundial y la restricción de las garantías individuales que había traído consigo, pensaban que podrían ejercer libremente su voto en las próximas elecciones municipales.

Por otra parte, el Comité Estatal del PRM rechazó las acusaciones y señaló “lo único que no podemos entregarles es la revolución misma, es decir, el gobierno del país, pues ello sería retrogradar a México medio siglo y haría estériles los sacrificios de nuestras luchas prolongadas y cruentas. El estado mando al gobernador Hidalgo para que se hiciera caso de la investigación, antes de que salieran los resultados de la investigación renuncio a su cargo.

el máximo Tribunal investigó los hechos, aunque el gobernador hubiera renunciado, ellos concluyeron que debían ser enjuiciados dos altos jefes militares que ordenaron a su tropa disparar contra los ciudadanos tan indignados como indefensos.

Meses después de estos hechos, ya como exgobernador, Ernesto Hidalgo publicará para justificarse “El caso de Guanajuato ante la conciencia de la Nación”, en el que acusa de preparar la violencia a los hermanos Trueba Olivares y a otros dirigentes sinarquistas; además lamenta “lo irrisoria que resulta la llamada soberanía de los estados…”. Y concluye: “Quedó dilucidado lo que no era un misterio para las depuestas autoridades de Guanajuato: que propiamente la guardia militar que originó la matanza disparó sin órdenes de nadie…”.

El 28 de junio de 1995 sucedió el acontecimiento de aguas blancas en este caso los campesinos iban en dos camiones de carga que fueron emboscados en el vado por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los policías hicieron descender a los campesinos a golpes, los obligaron a acostarse en el suelo, cuando llego el segundo camión hicieron lo mismo. Los policías dispararon contra los campesinos esto duro casi 20 minutos, esto ocurrió a tres kilómetros del poblado aguas blancas. Esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados; catorce heridos. Dos elementos policiacos también resultaron lesionados, con heridas corto-contundentes producidas por arma blanca, la investigación presento irregulares en el caso.

El 25 de febrero de 1996 se había difundido, en un programa de televisión, la videograbación no editada de la operación en Aguas Blancas, probándose plenamente la naturaleza dolosa de la operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición.

La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió el INFORME Nº 49/97 con fecha del 18 de febrero de 1998. En él donde indica que, el 24 de enero de 1996, la Comisión solicitó a los Estados Unidos Mexicanos tomar las medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad física de todos los testigos de la Masacre de Aguas Blancas, en particularmente de la Sra. Virgilia Galeana García y los familiares de las víctimas.

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