Estradicion

EXTRADICION

La extradición es una vieja y controversial figura jurídica que por su naturaleza tiene su principal base legal en los tratados y convenios internacionales de los cuales República Dominicana es signataria.

Una de los más viejos compromisos firmados por nuestro país está contenido en el Tratado de Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición entre República Dominicana y Haití, que data de 1874 y todavía está vigente.

Luego la República Dominicana firmó el 19 de junio de 1909 el Tratado de Extradición con Estados Unidos, que entró en vigencia a partir del dos de agosto de 1910, cuando se dio el canje de ratificaciones entre el enviado especial norteamericano Horace G. Knowles y el representante dominicano Don  José María Cabral y Báez.

El artículo II de este Tratado estipula las infracciones por las cuales se entregarán a los fugitivos que se refugien en uno y otro Estados.

Podemos citar entre esas infracciones el asesinato, tentativa de asesinato, violación, aborto, comercio carnal con menores de doce años, bigamia, incendio, piratería, entre otras.

Como es lógico suponer para la época en que se firmó el Tratado no existía el delito de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, con la dimensión que ha adquirido en estos días.

El Tratado entonces se suple de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Controladas, de 1988, y ratificada por República Dominicana en 1993.

Los artículos del 6 al 11 complementan todos los aspectos sobre la extradición por el crimen de tráfico ilícito de drogas narcóticas.

Nuestro país también es signatario de la Convención Sobre Extradición de Montevideo, firmada en Uruguay el 26 de diciembre de 1933.

Todos estos compromisos entran en el denominado bloque de la constitucionalidad.

En cuanto al aspecto de la legislación puramente local, la extradición está contenida en la ley 489 del 22 de octubre del 1969, modificada por la ley 278, del 29 de Julio de 1998. El artículo cuatro, modificado por la ley 278, incluye el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero proveniente de esa actividad entre las infracciones previstas en la extradición.

Este artículo facultaba al Poder Ejecutivo para entregar a los extraditables, pero el Código Procesal Penal, en su artículo 162, otorgó esa facultad a la Suprema Corte de Justicia.

Ahora la persona pedida en extradición tiene la facultad de defenderse en un juicio abierto frente a los jueces de la Suprema Corte.

Así la jurisprudencia ha venido a enriquecer este tema, supliendo los huecos que naturalmente surgen en todas situaciones jurídicas. Por ejemplo, ha sido criterio constante

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