INFLACION Y DESARROLO

La crisis desatada a fines de 2001 representó el fin del ciclo de la convertibilidad. Un período que representó un enorme retroceso, tanto en las condiciones de vida de gran parte de la población argentina como en el desarrollo productivo. La drástica caída verificada en el empleo industrial y la persistencia –durante casi una década– de una tasa de desempleo abierto de dos dígitos, fueron dos de sus heridas más dolorosas. Parte del costo de un esquema económico que tuvo como eje el control de la inflación y la irrestricta liberación de los mercados, mientras se proclamaba que “sobraba un tercio de argentinos”.

A un costo social sin precedentes, la Argentina se liberó de un gravoso cepo intelectual, al que estuvo sometida desde largo tiempo atrás (en especial, tras la hiperinflación de 1989-1990). Se crearon así las condiciones para adoptar un régimen de política económica que apuntara al crecimiento y a la inclusión social.

Este nuevo patrón se encuentra todavía en vías de consolidación y demanda definiciones acerca del perfil productivo a adoptar hacia adelante. En algunas áreas –como es el caso del transporte– aún se observa, además, una ausencia notoria de nuevas políticas. Asimismo, superada la instancia más crítica de inicios de la pasada década, existen todavía muchas demandas sociales pendientes, tales como la provisión de soluciones habitacionales suficientes y la formalización de un amplio estrato de trabajadores en la “economía negra”.

Ello no quita la importancia que han tenido diversas reformas que, claramente, han apuntado a políticas públicas nuevas y muy eficaces para responder a las necesidades de las mayorías. Nos referimos aquí, entre otras, a la renegociación de la deuda externa; a las transferencias sociales masivas de impacto redistributivo; a la supresión del inviable y costoso régimen previsional privado, reemplazado por una política inclusiva y solidaria; a la modificación de normas monetarias y cambiarias heredadas de la convertibilidad; al impulso a la educación y al desarrollo científico y tecnológico; a la jerarquización de las inversiones públicas; y al activismo que el Estado está mostrando en el plano energético.

Si bien los datos estadísticos disponibles señalan cambios positivos en la distribución del ingreso, a la par de un crecimiento significativo en la actividad productiva, este nuevo patrón en proceso de definición presenta dificultades. Entre ellas, un proceso inflacionario que se ha iniciado un quinquenio atrás y que, si bien muestra un ritmo administrable, alcanza hoy índices superiores a los deseables.

Además de los conocidos impactos que todo proceso de este tipo tiene sobre los perceptores de ingresos fijos –como es principalmente el caso de los trabajadores asalariados–, la inflación estrecha el horizonte de decisión de las personas y

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