CORPORATIZACION

Panamá, martes 4 de agosto de 2009

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ESTADO

‘Corporatización’

LUIS ALBERTO CASTRELLÓN OLLER

El término Corporatización como que no le suena atractivo al ciudadano común y quizás lo considera hasta foráneo, pero para la administración pública puede ser una buena herramienta, aunque no faltarán los estudiosos de esa materia, que esa palabra y la utilización de esa herramienta, no es más que el inicio de la privatización de los servicios públicos y otras actividades propias del Estado.

En realidad la Corporatización hay que analizarla en el más amplio contexto, y si es viable realizarla al amparo de la Constitución, si ya se ha hecho en suelo patrio, qué resultados hemos tenido, si se ha perfeccionado y qué ha ocurrido en otras latitudes del mundo.

Nuestra Constitución, en su artículo 159, ordinal 13, establece la facultad que tiene el Estado para expedir los pactos sociales para empresas de economía mixta o empresas industriales o comerciales que se dediquen a la prestación de servicios públicos.

Si esta norma existe en los últimos 19 años, qué ha ocurrido en nuestro medio; se han creado varias sociedades anónimas para atender servicios públicos para la ciudadanía, es decir, sí se inició el proceso de Corporatización en el país, en efecto, se dio con la creación de Intel, S.A.

El caso de esta corporación es único, debido a que la ley que la creó autorizó la venta del 49% de sus acciones y un régimen de administración de sus activos y negocio por parte del adquirente de la porción accionaria antes indicada, la fórmula utilizada tiene sus detractores y defensores, pero en todo caso lo que hay que analizar es el resultado de la venta y el beneficio que ha tenido la Nación.

Sobre la base de lo anterior, estimo que el proceso realizado con Intel, S.A. debe quedarse allí, por dos hechos, porque uno, no se completa la privatización y dos, el Estado obtiene buenos ingresos que retornan al Tesoro Nacional vía los dividendos, los impuestos de Itbms por los bienes y servicios que adquiere y el impuesto sobre la renta que paga. Los otros casos son la Empresa de Transmisión Eléctrica – Etesa y la más reciente, Tocumen, S.A., ambas sociedades de derecho privado que desarrollan servicios públicos que tienen resultados económicos orientados por la demanda del consumidor o usuario, aplicando conceptos comerciales y empresariales para dar servicios de calidad y eficiencia.

También se aplica el concepto de optimizar las inversiones para beneficio del usuario (ciudadano común), de sus colaboradores (anteriores funcionarios públicos) que pueden obtener salarios según el perfil adecuado de cada posición e ingresos adicionales por resultados de funciones o primas de productividad

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