Chiquitaos

La aplicación de la justicia comunitaria con salvajismo es inadmisible, lo peor es que muchos dirigentes del oficialismo justifican esos abusos. Pero cuando se les exige argumentos válidos sobre esos excesos, se limitan a decir que es necesario respetar la forma de actuar de esas organizaciones, que saben lo que hacen, que Fabricano seguramente cometió alguna falta y por ello fue castigado. Esta forma de justificar es propia de gente mediocre que atenida a que su partido está en el poder, cree tener derecho a implantar en Bolivia sanciones que pasan por los vejámenes y las agresiones, atentando contra los derechos que tienen las personas a opinar y disentir. Esta forma de obrar genera resentimiento en los afectados, lo que dará lugar a que las posiciones políticas en Bolivia continúen polarizándose y se vaya acentuando la división entre los bolivianos de las ciudades y los del campo.

Tales abusos nos traen a la memoria las agresiones al dirigente campesino Juan Choque, cuando los grupos de choque del MAS no le permitían apostarse en la Plaza Murillo para hacer conocer su opinión respecto al nuevo texto constitucional que fue elaborado con base en la propuesta masista. El mencionado representante indígena no tenía libertad para desplazarse por las calles de la ciudad de la Sede de Gobierno, porque su paso era impedido y cuando se resistía, le propinaban golpes e insultos. Mucha gente salió en defensa del agredido, aunque dirigentes y legisladores del partido de gobierno justificaron ese atropello con argumentos fuera de lugar.

Las informaciones sobre el castigo al dirigente campesino indígena Marcial Fabricano son espeluznantes, porque no contentos con haberle hecho perder el conocimiento, la golpiza continuó hasta llegar a los 50 latigazos. Para justificar el flagelamiento, los agresores dijeron que Fabricano no rindió cuentas, que tenía procesos el 2007, pero no manifiestan qué tipo de cuentas y a cuál proceso fue sometido. Todo muestra que se cometió un abuso desmedido por motivos políticos, y se lo disfraza con la denominada justicia comunitaria, que de justicia nada tiene.

Lo que han hecho los corregidores de una región del Departamento de Beni es un delito que debe ser sancionado, pero previamente se los tiene que someter a la justicia ordinaria. Es de esperar que así como el Gobierno presiona para sancionar a un presunto grupo terrorista, ponga el mismo interés en castigar legalmente a todos los que castigaron públicamente a un ciudadano. Ante los violentos se tiene que apelar a la ley de leyes para exigir respeto a los derechos que tienen todos los habitantes del país, sobre todo para opinar libremente y transitar por el territorio nacional sin trabas ni obstáculos.

Los azotes a Fabricano con seguridad que traerán problemas al gobierno de Morales Aima, porque los cinco representantes de los pueblos indígenas chiquitanos, guarayos, ayoreos,

...