ESTETEGIAS

Servicios de Inteligencia en Sudamèrica

SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN SUDAMERICA

Estado de situación en una perspectiva comparada

Dr. Carlos Maldonado Prieto

Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC)

Fort Benning, Georgia, Estados Unidos

Introducción

Como es sabido, las dictaduras militares sudamericanas de los años setenta y siguientes, establecieron servicios de inteligencia que participaron activamente en la violación de los derechos humanos. En parte, dichos servicios, muchas veces en forma clandestina, derivaron de las Direcciones de Inteligencia de las propias Fuerzas Armadas. En algunos casos, también reclutaron a sus miembros de las Policías e incluso de agrupaciones de civiles.

Tampoco es desconocido que, pese a la tradicional rivalidad nacionalista, existió cierta coordinación de los servicios de inteligencia de las dictaduras militares del Cono Sur, especializadas en la represión política, que ha sido conocido como Plan Cóndor.

El presente trabajo intenta mostrar el desarrollo de los sistemas de inteligencia en cuatro de los más importantes países sudamericanos que han vivido procesos de dictaduras militares –o de un gobierno civil con un fuerte componente militar como en el caso peruano- y, posteriormente, de recuperación de la democracia en años recientes.

Se trata de un estudio comparado de los casos de Argentina, Brasil, Chile y el Perú. Recuperada la democracia y venciendo fuertes resistencias corporativas, los diversos países han hecho esfuerzos por establecer servicios de inteligencia completamente nuevos –como ha sucedido en Chile y el Perú- o han reestructurado completamente las agencias ya existentes, como ha ocurrido en Argentina y el Brasil.

Al estudiar los procesos de establecimiento o reordenamiento de los sistemas de inteligencia de Estado en los países citados, se podrá analizar uno de los ángulos menos conocidos de la relación civil-militar y de la consolidación de la democracia en la región.

Actualmente, se asiste a una fuerte discusión pública en América Latina sobre la inteligencia, las libertades públicas y la seguridad en un mundo afectado por los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Por otro lado, ha habido señales de un resurgimiento del terrorismo en Chile y Perú, y problemas sociales como la insurgencia del problema mapuche, entre otros.

Todos estos acontecimientos señalan la necesidad de un eficiente sistema de inteligencia en dichos países. Hoy más que nunca, los servicios de inteligencia están llamados a preocuparse seriamente por fenómenos globales tales como el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero, las amenazas al sistema democrático y la anticipación de situaciones de crisis regional.

Hay consenso entre los académicos locales, que al analizar comparativamente la inteligencia en América Latina se pueden identificar dos rasgos distintivos. Por un lado, las estructuras que implementan la función de inteligencia se caracterizan por identificar como único eje de acción la defensa nacional y la seguridad interior.

Por lo mismo, son las Fuerzas Armadas y las Policías las que desarrollan la mayor capacidad en esta materia. Aunque ha habido un fuerte proceso de democratización de las estructuras políticas e institucionales de los países de la región, dicho esfuerzo no ha producido cambios significativos con relación a la inteligencia, toda vez que la matriz utilizada no ha variado. Un segundo rasgo distintivo es la tensión que se observa entre la inteligencia y los derechos democráticos y como ésta se pretende resolver.

Es posible que esta tensión sea la cuestión de mayor relevancia en naciones con democracias emergentes, puesto que en la actualidad, muchas de ellas no han logrado consensuar un proyecto político que establezca objetivos nacionales de mediano y largo alcance, que permita direccionar adecuadamente la inteligencia estatal, aflorando siempre el riesgo de utilizar la inteligencia como un arma política del gobierno de turno, el uso impropio de información confidencial en contra de los adversarios políticos internos, el desvío de fondos estatales para actividades político-partidistas o de interés gubernamental y la violación de los derechos de los ciudadanos y sus garantías constitucionales, entre otros.

La experiencia de países con democracias consolidadas ha demostrado que una forma de enfrentar y superar dichos riesgos, es establecer sistemas de controles que tenga por objetivo asegurar la legitimidad y la eficiencia de estos organismos y sus actividades. Esta misma experiencia ha establecido que dicho sistema, más que significar restricciones y aumento de la burocracia estatal, aseguran su eficacia, limitan sus costos, incrementan su profesionalización y, finalmente, favorecen la aceptación positiva por parte de la sociedad civil.

En materia de estructuras de inteligencia, se pueden encontrar dos grandes modelos en la región. Por un lado, hay países donde opera un organismo de inteligencia civil, que por lo general depende de forma directa del Presidente de la República, combinando las funciones de inteligencia exterior, interior y de contrainteligencia. Se complementa con organismos militares de inteligencia. Por otro, se cuentan los países donde no hay un organismo civil. Se compone de un subsistema de inteligencia militar y, en el caso de existir, el organismo de inteligencia civil no depende del máximo nivel, sino del Ministerio del Interior. Es el caso actual de Chile.

De acuerdo a las tendencias existentes en la mayoría de los países, y en particular en los Estados democráticos, los organismos de inteligencia dedicados a acumular información con el fin de proteger el orden democrático y la seguridad interior del Estado tienen carácter civil. Hay una serie de otros temas pendientes en el establecimiento de servicios de inteligencia absolutamente compatibles con los principios democráticos. Entre ellos están el secretismo de sus actividades que muchas veces es incomprendido o despierta justificadas sospechas en la población; el uso de los gastos reservados y técnicas intrusivas como espionaje telefónico y otras, y la falta de control por parte de las autoridades políticas y judiciales; la ya citada tendencia a la utilización de los servicios de inteligencia para espiar a los enemigos políticos internos en desmedro del desarrollo de una inteligencia estratégica con fines de alta política y defensa de los intereses nacionales; por último, el nuevo fenómeno del surgimiento de una inteligencia privada que se convierte en una fuerte competencia para la inteligencia producida por el Estado.

Hay consenso entre los especialistas en que la inteligencia “debiera ser empleada en el propio territorio exclusivamente en relación con las «reales amenazas al Estado y al sistema democrático», con un criterio de excepcionalidad y no de generalidad”. Asimismo, en los países democráticos más avanzados es una norma que los organismos de inteligencia estén sometidos a algún tipo de control externo, generalmente realizado por instituciones independientes, por ejemplo, el Parlamento o grupos ad hoc de personalidades independientes, constituyendo una de las más importantes formas de supervisión.

Complementariamente, existen otros controles como el rol que desempeña el Poder Judicial con respecto a la protección de las libertades públicas y su efecto en relación a las actividades que realizan los servicios de inteligencia. Por otro lado, hay que hacer una distinción entre organismos policiales y de inteligencia estratégica. Por su función específica de recolección de información abierta o clasificada, los servicios de inteligencia no tienen como fin colaborar estrechamente con la Justicia, como sí es el caso de los organismos policiales. Su tarea principal es más bien prevenir y evitar actos ilícitos y asesorar a la instancia política.

En la mayoría de los casos, los servicios de inteligencia tienen capacidad para investigar a las personas, pero en general no pueden detener ni interrogar sospechosos. En muchos casos, surgen dificultades y fenómenos de competencia e interferencia entre los servicios, cuando las policías desarrollan departamentos de inteligencia propios, con el objeto de no depender de la información que entregan los organismos de inteligencia.

Conscientes de los peligros que acechan a los servicios de inteligencia, especialmente su militarización o su degeneración hacia una policía política, los formuladores de política de algunos países sudamericanos están tendiendo cada vez más a la conformación de órganos de inteligencia de corte estratégico dotados de unidades y gabinetes de analistas de alta calificación académica, bajo una concepción de análisis interméstico. Esto quiere decir que se debe interpretar y procesar la información en simultáneo desde un enfoque exterior e interno, según el patrón que sigue la agencia de inteligencia brasileña.

En un plano general, se puede hablar de cuatro tipos de controles sobre los servicios de inteligencia. Éstos son de carácter administrativo, externo, judicial y público. El control administrativo es ejercido por el Poder Político, y el propiamente interno de los mismos servicios; el control externo es ejercido mediante organismos de control independientes del Ejecutivo, generalmente lo ejerce el Parlamento; un tercer tipo de control es el que ejerce el Poder Judicial; hay un cuarto -y no por ello el

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