El Bribón

El bribón

* Luis Videgaray, actual secretario federal de Hacienda, tenía, antes del 2004, como cualidad principal, la de ser hermano del conductor de Televisa, Eduardo Videgaray. Pero ese brillante doctor en Economía no se conformaría con actuar a la sombra de nadie y comenzó casi en silencio una carrera meteórica al lado, primero, del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel y después con el sobrino, Enrique Peña, quien lo ubicaría en su actual cargo. En el 2014, a Videgaray se le descubrió una propiedad en Malinalco, Estado de México, que compró al Gripo Higa, la empresa constructora preferida de Peña y que tiene contratos en el país cercanos a los 50 mil millones de pesos. Videgaray, como Peña y la primera dama de México, Angélica Rivera, usan el poder que les confieren sus encargos para realizar oscuras transacciones que solamente los benefician a ellos. México apenas descubre a ese Grupo Atlacomulco en sus verdadera dimensión, pero toda esa historia ya estaba investigada y escrita por el periodista Francisco Cruz, quien documentó el paso de Videgaray por el Estado de México en el libro Los Golden Boys, editado por Planeta en el 2012. “Brillante y poderoso, será cuestión de tiempo para que los mexicanos nos enteremos quién verdaderamente lleva las cuentas del peñanietismo”, pronosticaba Cruz hace dos años.

Francisco Cruz Jiménez

Consumada la imposición, avalados los resultados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desechadas las pruebas de compra del voto, ignorada la denuncia del periódico inglés The Guardian sobre la extraña —para evitar la palabra “comprada”— cobertura noticiosa de Televisa para favorecer a Enrique Peña Nieto y 72 años después, la profecía se ha cumplido.

Sobre Peña y su ascenso a la Presidencia se ha levantado toda clase de sospechas, como dudas sobre sus más cercanos colaboradores, Miranda Nava, en terrenos de amistad, y Videgaray, en el manejo de recursos públicos.

El PRI es un hervidero de versiones: que si Miranda es el operador negro, amo y señor de todos los dineros que los priistas usaron de manera irregular para la jornada del 1 de julio, que Videgaray es un triste parapeto. Y que, también, los recelos son parte del karma ineludible que persigue a los que tienen el corazón a la derecha y lo combinan con profundos conocimientos financieros y estómago todoterreno.

Desconfianzas hay para enumerar. De la muerte de su primera esposa Mónica Pretelini Sáenz, en circunstancias extrañas, hasta la muerte de Juan Armando Hinojosa García —hijo del empresario Armando Hinojosa Cantú—, luego de que el helicóptero en el que regresaba de una fiesta se estrellara, la noche del sábado 28 de agosto de 2012 en el municipio de Jiquipilco, al norte de Toluca.

Los saldos negros incluyen la ejecución de cuatro guardaespaldas de la familia Peña Pretelini en el puerto de Veracruz; la desaparición y muerte de Paulette Gebara Farah; la violenta incursión, represión y violación de mujeres en San Salvador Atenco; la criminalización de movimientos sociales y la invención de delitos para encarcelar a líderes sociales.

El manejo mediático hizo que la profecía “seis gobernadores saldrán de Atlacomulco. Y de este grupo compacto, uno llegará a la Presidencia de la República” se convirtiera en un mito fundante, como establece el doctor José Antonio González en su ensayo La profecía de Atlacomulco: rumor, leyenda y mito mágico-político; pero todavía se debe una explicación sobre el escandaloso número de mujeres asesinadas y desaparecidas durante el gobierno de Peña en el Estado de México.

Entre 2005 y 2011, durante el peñismo, en territorio mexiquense fueron asesinadas 922 mujeres, mientras que en 2011 se reportaron 600 desapariciones de niñas y jóvenes de entre diez y 20 años de edad. Pero también destaca la opacidad en la información.

Las cuentas pendientes se acumularon una tras otra: el Estado de México se convirtió, en el sexenio de Peña, en santuario para los grandes capos del crimen organizado, mientras el gobierno daba muestras sobre cómo se debe someter a un gremio: en 2008 torció y violó las leyes laborales —además de perseguir, reprimir y amenazar a un grupo de profesores— para impedir la creación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México; o las cuatro exoneraciones a su tío Arturo Montiel Rojas.

Las sospechas brotan por donde se mire o donde uno se pare. El miércoles 16 de febrero de 2011 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el informe sobre nueve auditorías practicadas a los recursos federales utilizados por el gobierno del Estado de México en 2009.

Poco alentadores, los resultados mostraron el desaseo con el que manejaba el presupuesto público, debido a que de cada cinco pesos de recursos federales, uno fue malversado, lo que implicaba presuntas violaciones graves a la normatividad, desviaciones, usos ilegales tipificados y posibles daños al erario.

En el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se observó como presunto desvío la cantidad de 2 mil 349 millones de pesos, de los cuales mil 198 millones no se transfirieron a Servicios Educativos del Estado de México (SEIEM), 331 millones se utilizaron para pagar a 948 personas que no se localizaron en ningún centro de trabajo del SEIEM.

Con 210 millones se realizaron pagos indebidos a 5 mil 642 trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 182 millones de pesos en apoyos indebidos al sindicato, 150 millones en pagos a personas con siete categorías no identificadas en el catálogo de cargos y puestos, 149 millones en pagos a 92 mil 107 trabajadores por 15 conceptos acordados por un convenio estatal con el sindicato y no registrados en las reglas generales del Fondo de aportaciones para la educación y 44 millones de pesos de productos financieros que no fueron transferidos al SEIEM.

Adicionalmente, dentro de los denominados montos menores, se utilizaron 30 millones de pesos en gastos no relacionados con la educación básica, 25 millones en el pago indebido a 262 trabajadores por honorarios, 19 millones gastados en 361 trabajadores de centros clausurados, 5 millones dirigidos a 115 personas que no se localizaron, 4 millones para pagar a 30 trabajadores que pidieron licencia sin goce de sueldo y 102 mil pesos en pagos indebidos a siete trabajadores de la educación.

El resultado de las auditorías observa otros rubros como servicios de salud, infraestructura social, fondo de aportaciones múltiples, fondo para la educación tecnológica y de adultos, seguridad pública, fortalecimiento de entidades federativas, fondo metropolitano del Valle de México, entre otros.

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