INAMBARI

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YACUMAMA VS EGASUR

Cuenta la leyenda que Yacumama, la gran serpiente del Amazonas, vive solo para acechar a quienes osan profanar sus dominios. Celosa de lo foráneo, cautela los ríos, los lagos y sus riberas. Yacumama, “Madre del agua”^[1] representa el espíritu protector del Amazonas, el espíritu místico que ha salvaguardado de la desolación a esa vastedad que es la selva peruana.

Pero los nuevos tiempos, tiempos de globalización y de la perversa lógica del libre mercado, ha dejado a Yacumama, casi exánime. Su gran tamaño parece ya no asustar a los foráneos de malas artes; su enorme cabeza ya no se levanta para aterrorizar al usurpador.

Un conjunto de amenazas penden sobre la enorme testa de Yacumama, EGASUR, el monstruo de tres cabezas, se enfrenta a ella, sin temor y sin prisa. Antaño, Yacumama no solo era temida, sino respetada. Los suyos confiaban que su furia los salvaría de todo mal. Los suyos, aun temiéndole, sabían que el espíritu protector velaría por la paz de los ríos, lagos y bosques. Pero ahora, el monstruo foráneo en alianza mortal con las autoridades nacionales, ha depositado su ambición en pleno corazón de la gran serpiente y ésta como puede, al lado de su gente, se revela, resiste y se defiende,

EGASUR es una empresa brasilera, conformada por las compañías OAS, Electrobras y Furnas, que en 2010, bajo el segundo gobierno de Alan García, solicitó concesión para llevar adelante el proyecto de la central hidroeléctrica Inambari. La concesión se dio en el contexto del llamado Acuerdo Energético firmado por Perú y Brasil, en junio de 2010. Este acuerdo preveía que las empresas brasileñas podían construir en los ríos de la Amazonía del Perú, centrales hidroeléctricas con el objetivo proporcionar energía al Brasil.

Más que costos, peligros

El proyecto Inambari se encuentra paralizado desde el 2011, año en que después de grandes confrontaciones y tires y aflojes entre la población de las zonas afectadas y las autoridades nacionales; se negó la licencia social EGASUR quien no pudo iniciar sus operaciones. Sin embargo, desde hace un año se viene replanteando la reactivación del proyecto, y todo apunta a que más temprano que tarde, tendremos noticias que lamentar.

Este proyecto, a un costo de 4 mil millones de dólares,^[2] prevé generar 2 mil MW, lo que lo convierte en uno de los más grandes megaproyectos energéticos planeados en el Perú, más aun si se toma en cuenta que la mayor generadora de electricidad del país, que es la Central Hidroeléctrica del Marañón, tiene una generación de aproximadamente mil MW.

El proyecto involucra a poblaciones de tres departamentos del país: Puno, Madre de Dios y Cuzco, regiones que son bañadas por el río Inambari. El proyecto, de realizarse, afectaría directa e indirectamente a un total de 8 mil 997 personas (Serra y otros, 2012. p41), según se indica en el estudio Costos y beneficios del proyecto hidroeléctrico Inambari. La población directamente afectada, suma 4 mil 82 personas, subdivida entre aquellas afectadas por la construcción e inundación (3782) y las afectadas por aguas debajo de la represa (300). La población indirectamente afectada alcanza las 4 mil 916 personas, divididas entre la Comunidad Nativa San Lorenzo II (182) y Masuko (4733).

Es importante destacar y hacer distinción de las poblaciones afectadas, puesto que si bien es cierto que los daños más graves recaen sobre un grupo poblacional específico, también hay otros que no siendo parte inmediata del proyecto, se ven golpeados por el desarrollo del proyecto.

 “La población directamente afectada es la que deberá ser reubicada a causa de la inundación de sus terrenos y por el cambio del régimen del río aguas abajo de la represa. La indirectamente afectada es la que será reubicada a consecuencia del secado del río durante la construcción, la destrucción del bosque, el desvío de la carretera y los consecuentes efectos del ruido, el polvo, etc.” (Serra y otros, 2012, p.41)

Por otro lado, diez mil personas más tendrían que migrar a otras zonas durante el período de construcción, previsto para seis años. En total, se verían afectados 60 centros poblados, producto del desplazamiento y la reubicación forzosa.

Preocupante escenario, ya que el desplazamiento y la reubicación no solo suponen un cambio de lugar de residencia, sino un cambio dramático del orden establecido en las vidas de las personas. Es decir, cuando se piensa en impacto sobre la población y, solo se indican las cifras, y además, se menciona el desplazamiento y la reubicación, se obvia todo el contenido que implica estas acciones. Desplazarse y reubicarse generan impactos emocionales, psicológicos, prácticas domésticas y laborales alteradas. Nadie se reubica o se desplaza en neutro. Las personas afectadas son hombres y mujeres, niños y niñas de distintas edades, género e historias que, tendrían que someterse a un cambio radical de existencia sin que esta sea ponderada adecuadamente. ¿Los costos sociales se miden en cantidades, o deben ponderarse además las subjetividades?

El costo ambiental

Sin duda, la punta del iceberg y que ha movilizado y sensibilizado tanto a la opinión nacional e internacional, es el enorme costo ambiental que acarrea el proyecto Inambari.

EGASUR, nos pone frente al enorme espejo de la injustica social y la voracidad del libre mercado. La depredación de la naturaleza y sus altos costos, si bien se pueden registrar y ordenar, nunca reflejarán la realidad práctica del impacto, pues si bien las cifras son una lectura aproximada de los potenciales daños, suele ocurrir que la realidad rebasa las estimaciones técnicas, máximo, si estas están planteadas al calor del interés particular. Los costos ambientales pueden dividirse en tres grupos: deforestación, atmósfera y biodiversidad.

Las estimaciones más certeras que se tienen al respecto, corresponde al estudio ya citado, Costos y beneficios del proyecto hidroeléctrico Inambari.

Respecto a la deforestación, se indica que, aproximadamente 96 mil hectáreas se deforestarían en un período de 16 años, producto de las tareas de construcción de la central (Serra y otros, 2012, p44). Esta cifra incluye la tala de bosques para la construcción de líneas de transmisión y el desplazamiento de las poblaciones que saldría a buscar trabajo y tierras.

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