Mplicaciones Legales del Reconocimiento del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Plano Nacional
Enviado por almitahh • 6 de Noviembre de 2013 • Informes • 306 Palabras (2 Páginas) • 315 Visitas
“Implicaciones Legales del Reconocimiento del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Plano Nacional”
Justificación del tema
En 1948, la declaración universal de los derechos humanos, estableció que toda persona tiene el derecho a llevar un nivel de vida adecuado y por ende, a acceder a una alimentación adecuada.
Sesenta años después de la consagración del derecho a la alimentación aún queda mucho por hacer para que este derecho sea una realidad.
La reforma al Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Fracción III Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizara.
El problema de hambre no consiste en la escases de alimentos el planeta produce los alimentos necesarios para que todos estén bien alimentados solo que hay impedimentos para que puedan llegar a su alcance.
Hay que buscar respuestas a los problemas de alimentación en México:
• Malnutrición
• Obesidad
• Diabetes
Planteamiento del problema
El derecho a una alimentación adecuada no significa que las personas o titulares de estos derechos tengan un derecho general a que se le proporcionen alimentos.
El derecho a alimentarse con dignidad, a través de actividades económicas y de otro tipo incumbe a las personas y grupos la realización de actividades que le permitan tener acceso a los alimentos.
Sin embargo, el estado desempeña un papel muy importante en el apoyo a estos esfuerzos. Los estados deben “adoptar medidas” y agotar hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados la plena efectividad del derecho a la alimentación.
Desde una perspectiva basada en los derechos, la adopción de medidas para lograr la seguridad alimentaria no es una cuestión discrecional que dependa de la política, sino de una obligación legal.
La responsabilidad supone que los políticos y funcionarios públicos deberán rendir cuentas de sus actos a través de las elecciones, procedimientos judiciales y otros mecanismos.
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