Nadie Sabe

I. El Juicio de Amparo

1. Antecedentes.

El juicio de amparo apareció por primera vez en la Constitución de Yucatán de 1841, por iniciativa de don Manuel Crescencio Rejón. Establecía un artículo donde eran reconocidos los derechos del hombre y por primera vez, se les denominó a éstos “garantías individuales”, dotándoles de un mecanismo jurídico para hacerlos exigibles de manera individual y reparar sus violaciones. Este mecanismo se instituyó como el juicio de amparo. Sin embargo, la aparición del amparo en materia fiscal demoró varios años más.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraba que el único poder legitimado para interpretar las normas tributarias era el legislativo y no el jurisdiccional, atendiendo a la división de poderes y argumentando que han sido los ciudadanos quienes otorgaron su voto de confianza a los legisladores en las elecciones populares; en dado caso que éstos impusieran impuestos ruinosos, estaría en los ciudadanos no reelegirlos como sus representantes.

Sin embargo, este criterio fue modificado en 1925 con el caso de Maclovio Maldonado, admitiéndose el juicio de garantías en virtud de un impuesto ruinoso y exorbitante. La Segunda Sala de la SCJN mantuvo este criterio en 1937 y 1940, cambiándolo constantemente en años sucesivos. Sería hasta la década de los sesentas cuando definitivamente se admitió la procedencia del juicio de amparo contra leyes impositivas.

Hoy en día, el juicio de amparo continúa siendo el único medio con el que cuentan los gobernados para lograr un eficaz y pleno control de la constitucionalidad de las normas tributarias, pues además de que éste puede ser promovido por cualquier individuo, la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de la norma que regula el tributo, tiene efectos retroactivos, por lo que el tributo que entera el quejoso le debe ser devuelto en cumplimiento de ese fallo.

2. Concepto.

El juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano que tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticas las garantías individuales establecidas en la Constitución, buscando proteger de los actos de todas las autoridades sin distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen dichas garantías.

Dicho juicio se tramita ante los órganos del Poder Judicial de la Federación y procede contra los actos de las autoridades que violen las garantías individuales.

El juicio de amparo también puede interponerse contra leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o bien, contra leyes o actos de estos últimos que invadan la esfera de la autoridad federal. En los dos últimos casos, la invasión de competencias debe tener por consecuencia violaciones a las garantías de uno o varios individuos.

Las bases constitucionales del Juicio de Amparo se establecen en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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