Biografia

derrota de la categoria hispana dfl ecuador el mandado de los indios por la validez de un mandadol análisis completo del proceso de emergencia y crisis del conjunto del Imperio Español requeriría de varios volúmenes, dada la extensión y la heterogeneidad de cada una de sus partes. Pero ese análisis es no obstante necesario si se quiere singularizar la naturaleza del colapso final de 1898. Este ensayo, por lo mismo, es una contribución a esa comprensión, a partir del estudio tanto de los mecanismos de control utilizados por españa, como de los procesos que provocaron la caducdad de ese peculiar pacto colonial.

PALABRAS CLAVE

España, Política y gobierno, Colonias, Historia

España y Europa

En 1898, hace exactamente cien años, España en el contexto de una guerra internacional perdió tres de sus últimos enclaves coloniales: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esa pérdida no fue la primera que España tuvo en el Hemisferio. A comienzos de siglo, uno tras otro y en el marco de un proceso complejo y ambiguo, los espacios correspondientes a los Virreinatos de Nueva España, Perú, Nueva Granada y el Río de la Plata rompieron igualmente su vinculación colonial con España, cerrándose de esa manera un proceso trisecular abierto por Colón, Cortés y Pizarra. Pero entre uno y otro desenlace hubo, por lo menos, dos diferencias significativas. Por una parte, las guerras por la emancipación de comienzos del siglo XIX fueron fundamentalmente guerras civiles y cuyo estallido fue el resultado del descoyuntamiento de la cabeza política del Imperio Español. La crisis de fin de siglo, en cambio, se dio en el contexto de una guerra colonial, librada en un escenario internacional, y no la consecuencia sino el inicio de una profunda crisis política y social en España [1].

El análisis completo del proceso de emergencia y crisis del conjunto del Imperio Español requeriría de varios volúmenes, dada la extensión y la heterogeneidad de cada una de sus partes. Pero ese análisis es no obstante necesario si se quiere singularizar la naturaleza del colapso final de 1898. Este ensayo, por lo mismo, es una contribución a esa comprensión, a partir del estudio tanto de los mecanismos de control utilizados por España, como de los procesos que provocaron la caducidad de ese peculiar pacto colonial.

La noción de imperio que España compartía era entendida como la soberanía absoluta de un solo individuo, y en ese sentido era claramente tributaria de la experiencia del Imperio Romano. Empezó con la unión de Castilla y Aragón, a través del matrimonio de Isabel y de Fernando en 1469. Mientras que Castilla contó con una importante economía lanera, Aragón era potencia en el Mediterráneo, donde ya controlaba Sicilia y Cerdeña. A partir de esta alianza, nuevas expansiones territoriales incluyeron el desalojo de los moros de Granada, la incorporación de Navarra y de Nápoles. Sin embargo, la heterogeneidad existente entre Castilla y Aragón era de tal naturaleza que la hacía poco propicia a la consolidación de un Estado. De hecho no se dio ni una moneda ni un sistema legal y fiscal común, siendo la Inquisición la única institución unitaria. Se trató más bien, como señala Anthony Pagden [2], de una confederación de principalidades vinculadas a través de la persona de un único soberano.

Con el arribo de Carlos V al control del imperio, su base territorial se expandió mucho más aún. Al patrimonio personal de los Habsburgos se añadían ahora el Franco Condado, Milán y los Países Bajos, en Europa, mientras que en América eran conquistados México y el Perú. En términos del gobierno, este crecimiento del imperio hizo necesaria la delegación de poderes, adicionándose dificultades a la unificación. Al mismo tiempo, la derrota de la rebelión comunera en 1520-1521 eliminaba los restos de una constitución contractual en Castilla. Ajuicio de Perry Anderson [3], esta derrota militar de las ciudades, en lugar de las rebeliones aristocráticas, como era la norma en la Europa de ese tiempo, separaría la experiencia política de la monarquía española de las demás.

La plata de Potosí y de México pese a que en términos de ingreso representó sólo un 25% de las rentas totales, fue no obstante crucial para las aventuras bélicas de Carlos V en el teatro europeo. En el sur sus logros fueron la supresión de la amenaza turca, la subordinación de Italia y la intimidación del Papado, mientras que en el norte los resultados fueron más mezclados. La reforma no pudo ser erradicada de Alemania, mientras que las cargas de la guerra erosionaron la lealtad de los Países Bajos. Pese a eso, incluso después de la división de los territorios de los Habsburgos por Carlos V en 1556, la monarquía española fue en Europa la unidad política más grande. El imperio de Felipe II, durante toda la segunda mitad del siglo XVI, continuó estas proezas bélicas: Lepanto, en 1571, la incorporación de Portugal y la conquista de las Filipinas, en el Pacífico. Pero en la Europa del norte, España fue incapaz de doblegar la resistencia de los Países Bajos, a la vez que fueron exitosamente rechazadas las incursiones de su ejército en Francia e Inglaterra.

Desde los comienzos del siglo XVII, con los reinados de Felipe III y Felipe IV, y la de sus asesores Lerma y Olivares, se inicia la inflexión de la próspera coyuntura anterior. Por una parte, la todavía aparente y discutida caída de las remesas de plata desde América y, por otra, las derrotas militares en el sur del continente europeo, fueron las señales iniciales más significativas de este cambio. Poco después, desde 1640, Cataluña se convertiría en un protectorado francés, Nápoles y Sicilia se independizaban, el Franco Condado era devuelto a Francia y, finalmente, Portugal y los Países Bajos veían coronados con éxito sus esfuerzos separatistas. Se pensaba que la muerte de Carlos II, El Hechizado, cerraría este ciclo sombrío, al convertir a la otrora orgullosa España imperial en un botín de las principales fuerzas europeas.

España y las Indias

La pieza clave de la España de los Habsburgos era ciertamente el dominio colonial de las Americas. Su descubrimiento, la conquista de su territorio y las formas de su administración temprana, provocaron una intensa polémica doctrinaria sin equivalente alguno en la historia de las otras experiencias coloniales y ha sido ampliamente documentada en tres importantes libros por Anthony Pagden [4]. Paralelamente a un debate resuelto más por la práctica que por el peso del argumento teológico, una vez que la Corona española percibió la importancia estratégica de las colonias, las incorporó plenamente a sus dominios, pese a que sus Majestades, como diría el historiador oficial de las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, "ofrecieron sólo papel y palabras de aliento" al inicio de la empresa. Bajo el imperio, la legislación y las instituciones que protegían en Castilla a los súbditos del rey, también protegían a los del Perú. No obstante, como señala Pagden, esos privilegios eran concesiones y no derechos, y habían sido decretadas en Europa y no en América, puesto que todo grado de actuación legislativa independiente habría sugerido que el bien común de América podría diferenciarse del de Castilla.

Los medios del gobierno sobre las Indias fueron una densa legislación, desde las leyes de Burgos hasta la Reconciliación de las Leyes de Indias, publicada en cuatro tomos en 1681, y una impresionante burocracia colonial. Las relaciones establecidas entre España y América como consecuencia de la conquista fueron típicas relaciones coloniales, incluso el concepto aparecería recién en el siglo XVIII en el marco de las reformas de los Borbones. En éstas la dominación política era indispensable para que la metrópoli se apropiara del excedente colonial a través de la imposición fiscal y del monopolio comercial [5]. Por consiguiente, la organización del poder y del Estado era una cuestión capital para el funcionamiento adecuado de las relaciones coloniales de explotación.

Pero la constitución del estado colonial fue el resultado de un largo y tortuoso proceso, ligado a las dificultades que debió superar la metrópoli para afirmar su dominio en las colonias americanas. Bien conocido es que la Conquista fue una empresa esencialmente privada, en que la Corona muchas veces se limitó a otorgar una caución meramente formal. Justamente, las Capitulaciones suscritas entre el rey y los hombres de la conquista, reconocieron explícitamente a estos últimos ciertos privilegios en recompensa de sus esfuerzos en ganar para la Corona hombres y tierras nuevos. Uno de estos privilegios fue la encomienda, es decir, el derecho concedido al conquistador para apropiarse de la fuerza de trabajo y tributo de los indios, a cambio de que los encomenderos protegiesen a la población conquistada y la instruyesen en la religión católica.

Muy pronto, sin embargo, la Corona percibió el enorme peligro implícito en la privatización de estos privilegios reales, puesto que fundaba la posibilidad de que los encomenderos desarrollasen una base de poder autónoma, a partir de la cual pudiesen desafiar la autoridad del monarca. Los reyes católicos, que ejercían el control del naciente Estado español en el momento de la conquista, eran particularmente sensibles a esta amenaza, en la medida en que el Estado español y su propia autoridad emergieron desafiando centros competitivos de poder basados en los señoríos regionales. Estas amenazas eran tanto más graves por la distancia y las dificultades de comunicación entre España y América. La metrópoli, por consiguiente,

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