CAMBIO EN LA ESTRUCTURA SOCIAL DE VENEZUELA

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIAL DE VENEZUELA

Durante la época de transición (1936-1958) Venezuela experimentó drásticos cambios sociales al aparecer la novedosa industria petrolera se comienza un proceso de urbanismo en los indicadores básicos de calidad de vida y desarrollo humano. En términos sociales, se dibuja un nuevo perfil de la sociedad venezolana, las clases medias adquirieron un mayor protagonismo, se desarrollaron programas sociales en el área de educación, salud y vivienda que mejoraron la calidad de vida de la población, caracterizado de la forma siguiente:

* En el período post-gomecista (1936-1941) el Estado asignó una nueva significación a los derechos laborales y a las campañas masivas de orden sanitario.

* En el Período 1941-1945, la preocupación por los temas señalados anteriormente se convirtieron en uno de los emblemas más representativos del gobierno de Medina Angarita.

Algunos de estos cambios en el papel del Estado se expresaron en la Constitución de 1947, que consagraba amplios derechos sociales que fueron desarrollados durante la breve experiencia democrática del período 1945-1948. El golpe de Estado de 1948 interrumpió este proceso de desacelerar los objetivos sociales programados para tal fin.

La sociedad venezolana entró en una fase de profundos cambios a partir de 1989. Estos cambios, a su vez, han estado acompañados por eventos dramáticos como el estallido social de febrero de 1989; la puesta en marcha de sucesivos programas de ajuste desde 1989 en adelante; la ocurrencia de dos intentos de golpe de Estado en 1992; la destitución del Presidente de la República por cargos de malversación y peculado de fondos públicos; los altos niveles de abstención registrados en los procesos electorales ocurridos desde 1989. la crisis del sector financiero que recorrió los años 1994 y 1995; los inusitados niveles de inflación registrados en los últimos años.

Los cambios están ocurriendo de manera simultánea en los ámbitos económico, social y político, con profundas repercusiones en la estructura institucional del país, y en la definición de reglas de juego para todos los agentes sociales. Quizá la aceleración de los cambios, el dramatismo que los ha acompañado, la simultaneidad de las modificaciones, el ambiente de crisis política, de zozobra económica y de decaimiento del bienestar colectivo que hemos vivido a partir de 1989 han afectado la cabal comprensión de la profundidad y significación de tales transformaciones.

Transformaciones en el ámbito económico

A partir de 1989, con la famosa alocución presidencial del 16 de febrero, se inició un proceso de redefinición de los esquemas del funcionamiento económico de la sociedad venezolana. De allí en adelante, con variaciones poco significativas, hemos visto desfilar ante nosotros los diversos programas de ajuste económico: El gran viraje, el plan Corrales, el PERE, la Agenda Venezuela. En todos ellos han la intención de restablecer los desequilibrios macroeconómicos, como a generar modificaciones estructurales en la economía venezolana.

Temas y políticas novedosas para la Venezuela estatista, rentista y proteccionista se han convertido en el nuevo sentido común económico de los formuladores de política, de los políticos y del público en general: la reducción del tamaño del Estado, la importancia del sector privado, la competitividad, la orientación hacia el mercado. A partir de 1989, con idas y venidas más o menos significativas en algunos frentes, hemos observado iniciativas en torno a la desregulación de la economía, la apertura comercial, la apertura petrolera, la reforma tributaria, la privatización, la eliminación de los controles de cambio y de precios, la liberación de las tasas de interés. El país en general y los sectores con mayor beligerancia en el debate público acepta cada vez más con menos resistencia las decisiones y políticas en toro a estas cuestiones. Recuérdese las tensiones con las que se produjo la primera etapa de la privatización dela CANTV en 1991, o la acritud del debate parlamentario en torno a las primeras licitaciones para promover la explotación de campos petroleros marginales e 1992 y comparase con la relativa tranquilidad con la que políticas semejantes ocurren hoy en día en el país.

Dentro de todo este proceso quizá el de mayor significación en el corto, mediano y largo plazo es el de la apertura petrolera. Con el mismo se replantea de manera radical la relación del Estado y la sociedad con el negocio petrolero, se redefinen los compromisos fiscales de la industria con el Estado, se desbloquea la participación de capitales privados, locales e internacionales, en el negocio petrolero, y se reconceptualiza el papel del petróleo en el conjunto de la actividad económica nacional, y se sientan las bases para establecer un nuevo tipo de relación entre la sociedad venezolana y su petróleo: menos vergonzante, más productivista y más personalizada. En este nuevo esquema, en teoría, le corresponde al Estado un papel estratégico en la definición de principales líneas de acción, en la definición de la estructura de incentivos que debe orientar tanto la acción estatal como la del resto de los agentes económicos. No obstante, nos encontramos con un Estado debilitado financiera e institucionalmente, con escasas capacidades políticas e intelectuales. Esta pieza clave de la redefinición no sólo del rumbo económico del país, requiere de un apuntalamiento tan radical, como el cambio de giro de las políticas que del mismo se han ido derivando

Transformaciones en el ámbito social

También a partir de 1989 ha tenido lugar una significativa modificación en el rumbo de la política social y de las expectativas propias del desarrollo de la población en el país.

La idea del Estado benefactor y de la protección del ciudadano como valores absolutos de la acción estatal, y de la percepción de la misma por parte de los ciudadanos, por encima de consideraciones de eficacia o eficiencia económica por ejemplo, está siendo sustituida en los hechos La eliminación o reducción de buena parte de los subsidios indirectos y la puesta en marcha de un conjunto abigarrado de subsidios indirectos replantean significativamente tanto la concepción como en la práctica de las relaciones del Estado con los agentes sociales y de estos entre sí. La sinceración de los precios de los servicios públicos revela tanto la decepción frente a los pobres resultados del modelo anterior que sostenía las prácticas contrarias, como la entrada en escena de nuevos valores y restricciones en el momento de formular la política social, y conceptualizar las responsabilidad, deberes y derechos de los diferentes agentes que intervienen en la dinámica social. A lo anterior se le añade la redefinición del papel de los ingresos internos en el conjunto de los ingresos fiscales. La activación del ciudadano en cuanto contribuyente, que tiene una contrapartida en su mayor capacidad potencial de exigir una contraprestación en servicios equivalente a su aporte tributario, constituye una verdadera novedad en el país, luego de muchas décadas de "ausentismo fiscal" del ciudadano y de los agentes económicos locales.

Finalmente, la redefinición de los esquemas laborales y de la seguridad social constituye otro de los elementos más significativos en la modificación de las claves para la acción y conceptualización de los deberes, derechos y garantías de los ciudadanos. En teoría, se trata de establecer un mercado laboral menos protegido, pero más eficiente, donde las partes contratantes se enfrentan de manera más directa sin la mediación determinante del Estado.

Todas estas modificaciones han resultado en extremo dolorosas y controversiales. Se enfrentan con el rechazo de todos aquellos que, en lo inmediato, pierden sus beneficios reales o imaginarios. Importantes sectores de la población resienten en los hechos el desmejoramiento dramático de sus condiciones de vida, frente a lo cual la promesa de un porvenir mejor no pasa de ser un cínico recurso. Para los mediadores y gestores tradicionales de la acción estatal, los nuevos términos reducen su campo de influencia y limitan la eficacia del clientelismo bien aprendido. Es difícil captar la significación de los cambios en marcha en un ambiente de decaimiento socioeconómico, y más difícil aún deslindar causalmente a unos de otros. La rebelión de los asalariados, de los profesionales, de la clase media y de los dirigentes gremiales de cualquier signo es tal vez uno de las reacciones más gráficas, y esperables, frente al cambio de modelo.

La reforma política

A partir de 1989 también se dispararon las reformas en el ámbito político. Aquí se incluyen procesos en pleno desarrollo como la descentralización y la reforma electoral, y procesos en lenta incubación como la reforma constitucional y la reforma del poder judicial.

Con la aprobación de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, la Ley de Descentralización y las reformas de la Ley Orgánica del Sufragio y la Ley Orgánica del Régimen Municipal se puso en marcha un proceso complejo de cambio político e institucional en el país. El debate público estuvo saturado durante muchos años por las expectativas y promesas de las reformas en estos ámbitos.

En 1989 se eligieron el país por primera vez los gobernadores de los estados. En ese mismo año se reformaron las Leyes del Sufragio y la de Régimen Municipal con lo que se eligieron por primera a los alcaldes, separándose así las autoridades ejecutivas y las legislativas en el ámbito municipal, con lo que el municipio adquirió una personalidad política y administrativa mucho más definida.

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