El Narcotrafico

ACE.

No hay forma más exacta de definir a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) que con el término criminal. Creemos que no nos equivocamos, ni exageramos. Aunque son muchos los efectos de este anticonstitucional pacto firmado por Felipe Calderón y la ilegal e ilegítima Elba Esther Gordillo en mayo de 2008, en esta ocasión anotaremos tres aspectos:

1) Con la ACE se implementó una “contrarreforma laboral” sin necesidad de modificar la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. Este “acuerdo” termina en los hechos con la plaza base en el Sistema Educativo Nacional, con lo que no sólo se afecta al trabajador, además, despoja al pueblo del derecho social a la educación pública, separando a los educadores y sometiéndolos a un régimen empresarial de competencia en donde lo que importa es la formación deshumanizada para servir al mercado. La pretensión del gobierno es imponer contratos con plazos máximos de seis meses para no permitir la creación de derechos laborales por el trabajador, haciendo añicos la estabilidad laboral y familiar. La ACE congela la mayor parte de las plazas generadas por jubilación, ordena someter a “concurso” las plazas vacantes; un concurso de oposición que es aplicado y manipulado por el grupo mafioso de Gordillo Morales que hoy parasita en el SNTE y en la SEP; vividores que no garantizan más que el manejo desaseado de esos procesos, de tal suerte que el llamado “concurso” impulsado por la SEP y los charros del SNTE es sólo una caricatura y, en muchas entidades federativas, una burla para quien participa y la sociedad. Pero suponiendo ilusoriamente que hubiera un “concurso” transparente, con un examen no podría acertarse en quién está o no capacitado para ser educador si no tiene la formación para ello y menos si ese examen lo elabora y aplica un organismo ajeno al Sistema Educativo Nacional y está en manos de los grandes empresarios que sólo buscan convertir la educación en su negocio-empresa. Además, se ofende a las escuelas formadoras de docentes avaladas por la SEP que, desde su origen, han certificado con los procesos de titulación a los egresados de tales instituciones su capacidad profesional para desempeñar la docencia.

La ACE pretende “certificar” a los maestros. “Certificación” inconstitucional que será la base para calificar y determinar si el docente cumple con las condiciones para permanecer en sus funciones o no: obtener la doble plaza, incremento de horas, ascensos, etcétera. Ha comenzado por implantar la obligación de asistir a cursos fuera del horario laboral, con el sello empresarial ya mencionado, para posteriormente implementar la “acreditación” de los mismos y el pasar un examen. Si no se “acredita” se entenderá que uno no es apto para seguir ocupando la plaza o las horas que ostenta y menos promocionarse, corriendo el riesgo de perder primero el salario y después el empleo. La llamada certificación no pasa a ser otra cosa que los trabajadores aceptemos por la fuerza la determinación cretina de los patrones, que somos mercancía de utilidad y/o de desecho, según sus intereses.

Si la ACE no ha avanzado como el gobierno pretende se debe a la valiente y tenaz oposición presentada por los trabajadores de la educación y los padres de familia a lo largo y ancho del país, destacándose los compañeros de Puebla, Morelos y Guerrero con paros y amplias movilizaciones. En Michoacán logramos detener la Reforma a Educación Secundaria (RES), Enlace y la ACE, pero los gobiernos no cejan en su empeño de imponerla a como dé lugar.

2) Los libros de texto que se han editado para aplicar la ACE con la Reforma a Educación Básica que se tienen ya para primero y sexto grado de primaria están mal elaborados. Especialistas y académicos de toda tendencia, opinión pedagógica, educativa, histórica o filosófica, han señalado que no tienen el más mínimo rigor científico, prácticamente están hechos con los pies. El querer basar el aprendizaje en “competencias”, que para el gobierno es la gran innovación, ha provocado que en los libros exista una confusión total en contenidos y formas, al grado de ser calificados de vergonzantes, obligando a sus promotores a retirarlos de la circulación de manera temporal,

Debemos impedir que en estados de la República en donde se ha detenido la ACE impongan a toda costa estos libros. No podemos permitir que se vulnere aún más la educación pública. Es nuestra obligación proponer alternativas a estos libros e impedir su implementación.e_SNbSLa trampa está tendiéndose en algunas escuelas secundarias al interior de nuestro estado, que con el pretexto de que ya no hay libros del “plan 93”, tienen distribuidos los libros de la RES para implementarla en Michoacán con todas sus consecuencias laborales, educativas, éticas y contra nuestros principios de lucha social y el pisoteo de nuestra memoria y herencia histórica.

3) La ACE viene a imponer como ley suprema la aplicación de los exámenes estandarizados como la panacea para mejorar la educación con la “nueva” evaluación; nada más falso y perverso. El sistema de evaluación debe ser elaborado por los implicados en el hecho educativo y estar acorde a la realidad de nuestro país, en inversión social, cobertura educativa, nutrición, alimentación, situación histórica, étnica, geográfica, inversión anual por alumno, cacicazgos sindicales magisteriales y paralelismos generados y sostenidos por los gobiernos, sobre todo en la época cruel del gordillismo. Enlace, Excale, Pisa, etcétera, responden más a compromisos contraídos por el gobierno con organismos financieros internacionales (OCDE, FMI, BM, BID) que a los intereses de educación y de los mexicanos. Pero además exhibe la ausencia de un proyecto educativo nacional del gobierno calderonista y la sumisión ante los magnates del país o extranjeros.

El prestigiado investigador, con todos sus años a cuestas en la educación, Ángel Díaz Barriga, respecto a estos exámenes estandarizados señala: “No sólo tienen una escasa utilidad desde una perspectiva didáctica, sino que sus costos son altísimos, aunque con una diferencia singular, éstos recaen en el erario en el caso de la educación básica”. Es decir, esos exámenes se pagan con el dinero del pueblo, engordando los bolsillos de empresas privadas que nada saben de las necesidades educativas de nuestros alumnos. Díaz Barriga va más allá y señala: “En su inmensa mayoría las preguntas de las pruebas a gran escala (Enlace, Excale, Idanis, Factor de Aprovechamiento Escolar, Exani I, II Y III y EGEL responden a una generación de pruebas que han sido ampliamente superadas en el ámbito internacional”.

El maestro Díaz Barriga remata diciendo: “El costo de aplicación de Enlace es de más de 200 millones de pesos.e_SNbSLos resultados de los alumnos en todos los exámenes muestran deficiencias del sistema educativo, pero en vez de construir una estrategia para enfrentar esas deficiencias, se crean más y se hace una especie de aplicación continua con la esperanza de que en algún momento los resultados sean mejores”.

Por todo lo anterior, es una inocentada creer que con la aplicación de este tipo de exámenes vamos a mejorar “la calidad de la educación”, pero también hay que decirlo, es una infamia querer aplicarlos cuando se sabe que no sirven para nada.

Todos los trabajadores de la educación estamos obligados a analizar las implicaciones que trae consigo la ACE, a alertar a padres de familia, alumnos y sociedad, pero sobre todo a defender la educación pública y nuestro derecho laboral contra cualquier agresión del color que ésta sea.

La educación pública es piedra angular en la construcción de la Patria, con soberanía, democracia y justicia social, con la participación de todos en la solución de los grandes problemas nacionales, por eso en nuestras escuelas vamos desarrollando nuestro Proyecto Democrático de Educación y Cultura para preservar el derecho social a la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, y contribuir al desarrollo pleno de las facultades de los sujetos histórico-sociales, conscientes de la realidad política, económico-social, cultural y ambiental, cuya consecuencia sea la transformación profunda de la misma, de las comunidades y de los pueblos.

Reiteramos, se requiere con toda la franqueza social, que generemos una propuesta de agenda de discusión profunda de la situación educativa en Michoacán y México y logremos los consensos para las soluciones. De nuestra parte, la nuestra estará a la disposición de la opinión pública, cuando todos los involucrados del gobierno y demás sectores presenten la suya.

Los padres, alumnos, maestros y el pueblo michoacano tienen la palabra.

ALIANZA POR LA CALIDAD EDUCATIVA.

La firma de la Alianza para la Calidad Educativa entre el Gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que busca la transformación del sistema educativo a uno que responda a la exigencias del mundo moderno en términos de calidad y equidad, tiene una doble lectura: por un lado, convalida —y hay que verlo así— el compromiso del gobierno de Felipe Calderón de ver a estas alturas de su gobierno a la educación como una prioridad de su administración, aún con el tiempo suficiente como para impulsar una reforma educativa en la que, a nivel nacional, existe un amplio consenso y coincidencia. Por otro lado, hay que mencionarlo, este esfuerzo de lo que podría ser la reforma más importante del sexenio para impulsar el desarrollo en general del país, nace con la disponibilidad al diálogo del magisterio que a lo largo de esta administración reiteró, a través

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