Tierras De Nadie

LUGARES DE NADIE

Entre los bienes protegidos por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH), se destacan los derechos a la vida y a la propiedad privada los cuales deben ser básicos en la sociedad. El objetivo de este ensayo es aclarar el sentido y alcance de los derechos anteriormente mencionados, además de exponer la violación de estos, la cual ocurre en nuestro país debido al conflicto interno que se vive día a día. El texto comienza explicando como el desplazamiento forzado consiste en una clara violación a los derechos humanos, demuestra los intereses políticos, estratégicos y económicos que puede tener la creación de los llamados “lugares de nadie”, también explica sus orígenes y comenta el actual proyecto de ayuda a las familias afectadas por la violencia que es la ley de victimas y restitución de tierras.

El desplazamiento forzado en Colombia es una clara violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (este solo aplica en caso de conflicto); en tal acción se violan derechos fundamentales, como son: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al trabajo, y otros de segunda generación, como son: el derecho a la propiedad privada, derecho a la libre opinión y derecho a la paz. En el caso del desplazamiento forzado, se ha presentado un evidente abandono por parte del estado, con respecto a la protección e intervención social en el problema de los desplazamientos.

Los desplazados son protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, debido a su carácter de población civil no combatiente. Hay que aclarar que este tipo de población no se puede considerar objetivo militar, y mucho menos, se puede utilizar como rehenes o prisioneros de guerra, puesto que para el DIH, la figura del prisionero de guerra sólo es aplicable para conflictos de carácter internacional, algo que no acontece en nuestro conflicto interno, lo que es otra clara violación por parte de los grupos armados ilegales en Colombia, como por ejemplo el caso de las FARC EP los cuales tras enterarse de la movilización masiva de desplazados llamada : "Marcha internacional por la paz de los refugiados, desplazados y exiliados en el Ecuador" declaró a cada uno de sus integrantes "objetivo militar" al considerarlos una "amenaza a su lucha revolucionaria”. Por lo tanto, es una total equivocación el argumento de los actores del conflicto armado, los cuales aparte de declarar como objetivo militar a población civil, denomina a las personas privadas de su libertad como prisioneros de guerra los cuales son utilizados como un medio para conseguir ganancias a nivel monetario cobrando lo que ellos llaman “impuesto de guerra”.

Además, nos encontramos con una seguridad bastante pobre para evitar el desplazamiento en Colombia, ya que las principales metas del gobierno con la seguridad democrática, establecida por el presidente Álvaro Uribe, consiste principalmente en provocar la muerte de la mayor cantidad de personas relacionadas con los grupos al margen de la ley, y no en evitar el desplazamiento forzado.

El conflicto armado que vive Colombia hace que los grupos al margen de la ley obliguen a los campesinos a retirarse de sus hogares para así obtener algunos territorios y lugares en los cuales establecerse y comenzar a operar. La forma de desplazamiento es explicada en pocas palabras por Correa, Palacio, Jiménez y Díaz (2009) los cuales afirman que:

La consumación del acto violento, sobre un escenario real y sobre sujetos con nombre propio, se convierte en la estrategia más efectiva para los propósitos macabros de los productores de violencia, esto es despejar masivamente zonas de alto valor político y económico, en procura de la creación de los “no lugares”. Espacios sin sujetos, sin propietarios, sin humanos, porque solo así se convierten en “lugares de nadie” lo que les permite la ocupación, el dominio, el usufructo y hasta el desperdicio. (p. 89).

Ya aclarado el porqué y el cómo respecto al desplazamiento forzado en Colombia aún nos queda mencionar el quien, pues el grupo insurgente más acusado de sacar a los campesinos de sus tierras son las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pero no solo con fines estratégicos como ya se había mencionado, también con fines políticos y económicos ya que es conocido que este grupo paramilitar ponía las tierras a nombre de aliados suyos, los cuales eran dirigentes políticos y funcionarios de estado, como es el caso del ex-senador Habib Mereh, uno de los primeros políticos acusados de pertenecer a lo que desde el año 2006 conocemos como “parapolítica”. El beneficio económico es generado principalmente por las alianzas creadas con empresas en su mayor parte pertenecientes al sector primario como son las industrias petroleras y mineras, las cuales usan los anteriormente mencionados “lugares de nadie” para proceder con la actividad extractiva. Un ejemplo claro de esta situación está en el departamento de Bolívar, epicentro de una de las zonas de minas de oro más codiciadas por las empresas transnacionales, en la cual numerosos mineros y campesinos denunciaron los efectos de la explotación del oro en lugares que en el pasado pertenecieron a personas que ahora son desplazados, dichas empresas en la actualidad son ya visiblemente aliadas con estructuras paramilitares que además de estar encargadas de desocupar las tierras para la explotación, también han sido encomendadas para la tarea de asesinar a líderes sindicales de la región.

La principal arma de los grupos insurgentes contra la población civil y lo que más causa desplazamiento de las familias campesinas, es el terror que siembran los milicianos y sus armas en los corazones de las personas inocentes, como lo demuestra un extracto de entrevista Grupo Focal a campesinos desplazados (citado por Correa, et al, 2009):

Una tarde

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