Amparo Social

AMPARO SOCIAL

INTRODUCCION.

A partir de la instauración de la Constitución Mexicana de 1917, se estableció por primera vez en un texto de esta índole, el llamado Derecho Social, que se refería a la Materia Agraria y a la Materia Laboral, de forma particular el Artículo 27 de nuestra Carta Magna dejo plasmado para siempre el Derecho Agrario, como una de las conquistas de la Revolución Mexicana a favor de las clases más desprotegidas. Con ello se crearon las primeras legislaciones para regular la tenencia de la tierra, pero también se presentaron algunos conflictos de índole agrario, mismos que deberían ser resueltos por los Tribunales. Inicialmente los Tribunales Administrativos resolvían estos problemas, pero se hizo necesario crear Tribunales especializados en la Materia, con ello se realiza una importante Reforma a la Constitución y a la Ley de Amparo, ya que en el año de 1976 se adiciona un libro segundo a esta Ley y se establece el llamado Amparo Social o Amparo Agrario, posteriormente en los años 90s, se crean los llamados Tribunales Agrarios, con ello este medio de control alcanzo un pleno reconocimiento en la protección de los Derechos Sociales.

Nuestro Juicio de Amparo ha dejado de tener una tónica exclusivamente individualista para asumir perfiles de institución social que imparte su tutela indiscriminadamente a todo sujeto moral o físico, de derecho privado, social o publico en cuyo detrimento cualquier acto de autoridad quebrante el régimen jurídico en que se estructura el ser del Estado Mexicano y en que se organizan y ordenan los múltiples y variados aspectos de su vida.

Este fenómeno positivamente sorprendente, ha sido auspiciado por la ductilidad natural de nuestro juicio, a cuya tutela se han incorporado sujetos que han ido surgiendo de la dinámica socio-económica de México y que, por el solo hecho de aparecer dentro del Estado, automáticamente adquieren la situación de “gobernados”, sometidos al imperio o poder público estatal, convirtiéndose en centro de imputación normativa de todo el sistema jurídico conforme al cual ese imperio o poder debe desarrollarse para conservar su legitimidad en el régimen de derecho dentro del que nuestro país siempre a deseado vivir durante todo el decurso de su historia como nación independiente.

La condición de “gobernado” se traduce en la posibilidad, siempre latente y abierta, de cualquier sujeto dentro del Estado y como centro de imputación normativa, reciba en su esfera el impacto de algún acto de autoridad en que específicamente se revela el poder publico o el imperio estatal; y como ese acto, para ser valido, debe encauzarse dentro de los canones de la legalidad, es decir, dentro de los variados ordenamientos que deban regirlo, este solo debe entrañar la garantía de que, únicamente cumpliéndolo, la

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