Delito Informatico

IV. Los Delitos Informáticos previstos y sancionados en el ordenamiento

jurídico mexicano

Debemos advertir que cuando empleamos la expresión “ordenamiento jurídico” lo

hacemos para significar la normativa de derecho público, mediante la cual se

regula de manera dispersa una materia; pero que desde la perspectiva

epistemológica puede ser vista como una unidad normativa.

Hemos observado que la informatización de la sociedad y los fenómenos que se

desarrollan en el seno de la Sociedad de la Información, han demandado a nivel

mundial la actualización de los marcos legales, a fin de que se reconstruyan las

hipótesis jurídicas en que se disponen diversas conductas criminales frente al uso

de la informática.

Al respecto, el ordenamiento jurídico mexicano no ha sido la excepción. En

adelante, veremos cuáles son las conductas que se prevén y sancionan en el

ámbito nacional. Ello permitirá por una parte, conocer la clasificación legal de los

Delitos Informáticos en México, y por otra, delatar la existencia de previsiones

legales respecto a los denominados Delitos Informáticos.

De manera recurrente, en el ámbito académico, existe la inquietud entre los

noveles egresados de la Licenciatura en Derecho, para considerar como probable

objeto de investigación el tema de los Delitos Informáticos, es decir, sugieren su

inclusión, ya sea en el Código Penal Federal o en uno de carácter estatal, en

razón a que perciben la ausencia de un Capítulo o un delito con tal denominación.

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Con el fin de que la exposición sea lo más nítida posible, expondremos las

conductas ilícitas que se identifican como Delitos Informáticos, y que se

encuentran previstas y sancionadas en los Códigos Penales de las Entidades

Federativas y posteriormente las que se prevén en la legislación penal federal.

1. Códigos Penales de las Entidades Federativas

A. Distrito Federal

El artículo 336 del Nuevo Código Penal del Distrito Federal, 23 relativo a la

Producción, Impresión, Enajenación, Distribución, Alteración o Falsificación de

Títulos al Portador, Documentos de Crédito Públicos o Vales de Canje, dispone

que se impondrán de tres a nueve años de prisión y de cien a cinco mil días multa

al que, sin consentimiento de quien esté facultado para ello, altere los medios de

identificación electrónica de tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes

y servicios (fracción IV); acceda a los equipos electromagnéticos de las

instituciones emisoras de tarjetas, títulos o documentos

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