Conclusión - Equivalencia funcional entre E. Firma y Firma Autógrafa

           Proceso y Procedimiento Administrativo[pic 1][pic 2][pic 3]

El Acto Administrativo: Capítulo II

Alumno: Gonzalo Picazo Sanchez

Grupo: 600  

Docente:  Mag. César Octavio Irigoyen Urdapilleta

Fecha de Entrega: 13/03/2023

6to. Semestre

Para ser capaces de emitir una opinión sobre el desarrollo del acto administrativo en este capítulo, resulta indispensable destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de legalidad como un pilar fundamental en la emisión de actos administrativos por parte de la Administración Pública Federal, Local y Municipal. En este sentido, la autoridad administrativa debe evaluar la conformidad del acto con la ley y los elementos de validez y esencia del acto administrativo correspondiente.

Es importante mencionar que, en caso de que la autoridad ejecutiva emita un acto administrativo que resulte ser inconstitucional, la responsabilidad recae sobre ella. La jurisprudencia es la herramienta que permite evaluar la justicia de las resoluciones emitidas por la autoridad. Por lo tanto, la autoridad administrativa tiene la obligación de emitir actos administrativos que respeten los derechos y libertades del gobernado y cumplan con los requisitos de esencia y validez establecidos por la jurisprudencia.

Además, es necesario destacar que el acto administrativo tiene como objetivo proyectar los efectos de la voluntad de la autoridad administrativa hacia el exterior de forma concreta e individualizada. Este acto es válido hasta que la autoridad competente, generalmente de jerarquía superior, demuestre lo contrario. Por lo tanto, la jurisprudencia es fundamental para establecer el alcance de los actos administrativos y para garantizar que estos cumplan con los requisitos de esencia y validez.

Sin embargo, existe una problemática en la ampliación del espectro facultativo de la autoridad administrativa, la cual puede generar una disminución en las libertades del gobernado. Por lo tanto, los autores sugieren dos vertientes teóricas para abordar esta problemática. La primera consiste en incrementar las responsabilidades de la autoridad para tener más control sobre la esfera administrativa, sin vulnerar los derechos del gobernado. La segunda vertiente consiste en desobedecer leyes que contravengan el orden constitucional federal. Ambas vertientes teóricas deben ser evaluadas cuidadosamente para garantizar que la autoridad cumpla con sus obligaciones sin vulnerar los derechos y libertades del gobernado.

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