Judicialización de DESCA y desigualdades estructurales

Judicialización de DESCA y desigualdades estructurales

Judicialización de DESCA y desigualdades estructurales:

07 de febrero de 2025

El texto aborda el principio de igualdad en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y señala contundentemente que el acceso a estos no pueden limitarse a una igualdad formal, sino que debe abordar las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. La igualdad material reconoce que ciertas personas enfrentan barreras históricas y sistémicas para el acceso a derechos, lo que justifica medidas diferenciadas para alcanzar equidad real. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha avanzado en el reconocimiento de estas desigualdades (casos como el del trabajo doméstico y la doble jornada laboral evidencian cómo la desigualdad de género se perpetúa en el acceso a la seguridad social y en la carga desproporcionada de los cuidados), aunque su actuación no siempre ha sido transformadora, buscan corregir estas asimetrías mediante medidas compensatorias y correctivas, pero estas decisiones han sido limitadas en su impacto estructural.

El sistema legal, en su insistencia por aplicar la normativa de manera formalista, tiende a ignorar la realidad estructural de la desigualdad de género. Aunque el derecho reconoce la igualdad, su aplicación en los tribunales suele ser rígida y ajena a los contextos de discriminación sistémica. Las personas juzgadoras y tomadoras de decisiones mantienen una interpretación de la ley que no permite la adaptación a realidades sociales complejas, lo que perpetúa la desigualdad en el acceso a derechos fundamentales.

Es fundamental que el sistema de justicia incorpore una perspectiva diferenciada de la igualdad, que entienda que no todas las personas parten desde el mismo punto y que, en consecuencia, algunas requieren medidas específicas para eliminar barreras históricas y estructurales. Si bien el derecho debe aplicarse con apego a la normativa, también debe interpretarse con un sentido humano, considerando los efectos que ciertas normas tienen en poblaciones en situación de desventaja. La falta de esta sensibilidad perpetúa la exclusión y refuerza la idea de que el sexo y el género siguen siendo factores determinantes en la distribución del poder y los derechos en la sociedad.

Es necesario que las decisiones judiciales no solo corrijan desigualdades en casos individuales, sino que también sienten precedentes que obliguen a modificar las estructuras que perpetúan la discriminación. La justicia no puede seguir operando bajo la ficción de que todas las personas están en igualdad de condiciones, sino que debe comprometerse con la construcción de un sistema que elimine barreras y garantice la equidad real en el acceso a los derechos.

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