Filosofos

En esta perspectiva, la normativa surge de una determinada realidad, la cual genera un proyecto político de la sociedad, sea por imposición o por consenso. La vigencia real de esa normativa depende de su legitimidad. Es decir, la normativa, impuesta o consensuada, tiene vigencia real sólo si tiene un grado significativamente alto de aceptación por parte de la sociedad total.

En otras palabras, la posibilidad de los grupos hegemónicos para conducir la sociedad, depende del grado de aceptación (legitimación) de la normativa por parte de la sociedad total.

De paso, deberíamos decir a quienes utilizan acríticamente el cuestionable concepto de “gobernabilidad”, que bien harían en explorar esta pista para explicar fenómenos sociales no siempre bien comprendidos, como son el aumento de la delincuencia, el pandillerismo (incluido el fenómeno de las maras en algunos países centroamericanos) el crimen organizado y hasta la violencia en general, ya que cuando se amplían los grupos sociales contestatarios, o sea, cuando se debilita la legitimidad, se debilita y puede desaparecer el poder cohesionante de la normativa.

Sin duda, un alto grado de legitimidad de la normativa es un factor determinante de la buena convivencia social y de la conducción política (o de la gobernabilidad si se prefiere esa palabra). Pero tampoco cabe duda de que sea mayor y más arraigada la legitimidad cuando la normativa no es producto de la fuerza sino de la negociación, la concertación y el consenso. En este caso, los sectores hegemónicos ceden algo de sus privilegios y los sectores subalternos encuentran en la normativa cauces para su mejoramiento social y para la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales.

Cuando es impuesta por la fuerza de los sectores hegemónicos, la normativa tiende hacia la ilegitimidad. Por ejemplo, no cabe duda de que las insurrecciones populares y las cruentas guerras civiles en tres países centroamericanos, durante la segunda mitad del recién pasado Siglo XX, tuvieron su origen en una normativa ilegítima y avasalladora, impuesta por los grupos privilegiados. En el Siglo XIX tal normativa obligaba al trabajo servil de los campesinos en favor de los grandes propietarios, con base en las Leyes de Vagancia y otras normas similares. Asimismo legalizó el despojo de tierras comunales y pequeñas propiedades en favor de los grandes terratenientes, además de impedir en ese siglo y en el siguiente, la participación política de dichos grupos subordinados.

Esto produjo el cuestionamiento de la normativa y su pérdida creciente de legitimidad hasta llegar a su rechazo total, lo cual abrió paso a la insurrección.

Nada en la Teoría Social del Derecho la inclina a negar el carácter científico de este. Es en la Exégesis donde se realiza el Derecho como ciencia. El objetivo de la Exégesis es la producción de conocimiento nuevo a partir del análisis de la normativa. Para ello recurre tanto a la lógica como al conocimiento acumulado, el cual es llamado “Teoría” en otras ciencias y “Doctrina” en la Ciencia del Derecho.

Esto quiere decir que la Exégesis tiene un objeto de estudio bien decantado (la normativa) un método sistemático de análisis (la lógica jurídica) y una teoría (la Doctrina) lo cual basta para su caracterización como ciencia, por lo menos en una de las múltiples acepciones de este término.

El doctor Pedro Haba disecta la realidad jurídica y concuerda en aceptar el carácter científico del Derecho por razones similares a las expuestas anteriormente, no sin dejar de observar que, en la práctica, no toda la producción jurídica obedece a un quehacer científico, puesto que a menudo la retórica, en su peor sentido, la invade. Además el doctor Haba elabora, como es su estilo, novedosas, interesantes y, sobre todo, polémicas, disquisiciones sobre este complejo tema.

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