Profesores Como Servidores Publicos

1. Los profesores como servidores públicos

En la región latinoamericana, la educación es un servicio público, lo cual no significa que en todos nuestros países no haya una red importante de educación privada. Sin embargo, su condición de servicio público garantizado por el Estado implica que esta actividad no puede realizarse privadamente si no está enmarcada en el formato concreto provisto por el Estado, y si éste no la autoriza.

Para efectos laborales, en nuestra realidad el docente estatal es un empleado público, por lo que su situación profesional y sus condiciones de trabajo reconocen un primer marco regulatorio en factores que están fuera del campo educativo. Esto ha significado que los modelos originales de asignación de cargos y de ascenso en la carrera fueran institucionalizándose en paralelo con el desarrollo de nuestros aparatos estatales.

En un segundo momento se llegó, a partir de procesos diferentes, a regulaciones específicas para el sector docente, siempre a partir de un reclamo de “derechos adquiridos” que daba la pertenencia al sector público. Una de las características más problemáticas en este sentido, y que está en la base de las discusiones actuales sobre el desarrollo profesional de los profesores, tiene que ver con laestabilidad del empleado público.

Ser nombrado e ingresar en el sector público ha dado históricamente una especie de derecho adquirido que no se relaciona con la capacidad para el desempeño de la tarea sino con el tiempo de permanencia. Esto ha significado que, a la hora de institucionalizar mecanismos laborales a través de regulaciones legales, en la gran mayoría de los casos, el factor más importante de incremento salarial esté dado por la antigüedad.

Los especialistas en administración pública hace ya un tiempo que cuestionan la definición tradicional de estabilidad del “servidor público” (civil servant). Este cuestionamiento se origina en contraponer los derechos individuales a los derechos generales del conjunto de la población. En el campo de la educación, se trata de mirar ahora el derecho a la estabilidad del empleado público oponiéndole el derecho de la sociedad a recibir educación de calidad. La oposición de un derecho individual, como es la estabilidad personal en el puesto, con un derecho social, como es la necesidad de la sociedad de tener buena educación, ha llevado a desarrrollar el concepto de idoneidad académica y eficiencia en el desempeño como requisito que relativiza la estabilidad.

En buena parte de las experiencias de reforma del Estado se ha tratado de producir cambios en este sentido, pero la experiencia parece demostrar que el desarrollo y la inclusión de procedimientos concretos que permitan evaluar tanto la idoneidad académica como la eficiencia en el desempeño, es todo un problema en los aparatos estatales en general, y en el sector educativo en particular.

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