Inseguridad

Inseguridad

1. Exhorta a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional a reformar la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la cual esté contemplada para no solamente incluir regulaciones para la policía, sino también derechos sociales para la policía.

1.1. Se establece un salario básico para policías de cinco (5) salarios mínimos, el cual regirá tanto para policías municipales, estadales y Policía Nacional Bolivariana. Este salario básico incluirá los siguientes beneficios para los funcionarios de los cuerpos policiales:

1.1.1. Seguro médico que cubra hasta 15.000 unidades tributarias, para que así este cubra los gastos médicos por accidentes durante el ejercicio de sus funciones.

1.1.2. Reintegración completa de prestaciones sociales por tiempo de servicio a los familiares de aquellos funcionarios que fallecieron en sus funciones. Esto será pagado íntegramente por el Órgano Rector de los cuerpos de policía.

1.1.3. Cesta alimentaria equivalente al veinticinco por ciento (25%) del salario de los policías, el cual será sumado al salario que recibe el funcionario.

1.1.4. Sistema de escalafón de salarios, que permita a los funcionarios mejorar sus remuneraciones en función a méritos y tiempo de trabajo en los cuerpos policiales, llegando a 10 salarios mínimos en el nivel de comisario.

1.2. Establecer Escuelas de Policía en cada estado del país según su demografía en un plazo de 2 años, para así entrenar nuevos funcionarios; éstos serán instruidos en base de garantizar la seguridad ciudadana en pro de la defensa de los derechos humanos y se impartirá un alto sentido de la institucionalidad

1.3. Esta reforma debe estar aprobada en un plazo de 1 mes, tiempo que consideramos suficiente para que la Comisión de Política Interior pueda elaborar los ajustes necesarios para garantizar el derecho de los policías a tener seguridad social digna.

2. Establece un Comisión para la evaluación de los cuerpos de policía, para poder garantizar que los funcionarios que están encargados de velar por la seguridad ciudadana estén cumpliendo sus funciones.

2.1. Se procederá al despido a todos aquellos funcionarios que tengan en Ministerio Público denuncias por comisión de delitos, siendo puestos a la orden de las autoridades judiciales.

2.2. En el caso de haber cometido violaciones a los derechos humanos, los funcionarios serán dados de baja forzosa y se pondrán a la orden de la Fiscalía General de la República.

2.3. Este proceso tendrá 6 meses de duración, y será llevado a cabo por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Defensoría del Pueblo, cuerpos de policía estadal, municipal y nacional, la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia.

3. Instar a que se implemente modificaciones al Plan “Patria

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