La Revulucion De Guatemala De 1944

La revolución de 1944

La larga tradición autoritaria que ha caracterizado a la historia política de Guatemala se interrumpió el 25 de junio de 1944 con grandes manifestaciones pacíficas que condujeron a la caída del general Jorge Ubico, el último dictador "liberal" que se había mantenido en el poder desde 1933. El triunfo del movimiento cívico y militar del 20 de octubre abrió una nueva opción democrática. La conducción política de este movimiento correspondió a sectores profesionales e intelectuales ladinos, y como tal, de la clase media urbana. Estos sectores, que habían ido cobrando fuerza durante la época de la dictadura, tuvieron oportunidad de expresarse con los nuevos idearios antifascistas y democráticos provenientes del contexto internacional. Procesos similares se produjeron en otros países de América Latina.

A inicios de 1944 los revolucionarios constituían un conglomerado social heterogéneo y numeroso. Los grupos más influyentes de la sociedad, incluyendo importantes sectores del empresariado, se manifestaron contra la dictadura, compartiendo todos ellos una postura crítica frente al liberalismo, que se había convertido en la ideología oficial de gobierno los últimos setenta años. La vocación democrática y antidictatorial de los diferentes sectores no fue suficiente: pronto surgieron diferencias políticas e ideológicas que al desarrollarse dividieron a la sociedad. Al igual que en el resto de Centroamérica el nacionalismo democrático tuvo en Guatemala un carácter plural, pero de por sí ambiguo.

Entre 1944 y 1954 se produjeron reformas intensas, que crearon oportunidades de desarrollo social y de participación política. En 1945 se formuló una nueva Constitución, se amplió el régimen de partidos y se emitió una nueva ley electoral. La educación pública recibió un fuerte impulso, especialmente en el interior del país, y la Universidad de San Carlos de Guatemala obtuvo su autonomía. Se estableció el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y se emitió el Código de Trabajo. Al mismo tiempo se promovió una reforma agraria que buscaba la modernización y diversificación del sector agropecuario así como la inclusión del sector campesino como un actor fundamental del desarrollo, estimulándose al mismo tiempo el desarrollo industrial y la ampliación numérica y orgánica de los asalariados urbanos.

Muy pronto, el libre juego electoral, la representación proporcional y el autogobierno escolar constituyeron un nuevo aprendizaje para toda una generación de guatemaltecos. Fue el inicio de una verdadera renovación de la vida social, política y cultural de la sociedad, y una negación crítica frente a las herencias del pasado liberal. La creación del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en 1949 y su posterior legalización significó profundizar en la ampliación del espectro político al incluir un partido comunista.

Entre las reformas que se pusieron en marcha y se trataron de consolidar con la nueva Constitución, la reestructuración del Ejército tuvo gran trascendencia. La suspensión del generalato, decretada desde los primeros momentos del triunfo del movimiento revolucionario, simbolizó esta transformación, que se completó con una inquietud por modernizar, profesionalizar e institucionalizar el Ejército.36 Por primera vez en la historia del país una Constitución concedió todo un capítulo y 13 artículos al tema del Ejército, asentando un modelo que sería retomado en las Constituciones posteriores.

La norma constitucional estableció una reorganización del Ejército que resultó compleja y no siempre operativa: buscaba confirmar la autonomía funcional que por primera vez se le confería. Creó el Consejo Superior de la Defensa Nacional, órgano de consulta y colegiado, constituido por 15 miembros, algunos por elección y dentro de los cuales no se incluía al presidente de la República, a pesar de considerársele comandante en jefe del Ejército.

Los cargos superiores y operativos del Ejército eran: jefe del Estado Mayor del Ejército (designado por el Congreso de la República a propuesta del Consejo Superior de la Defensa Nacional) y ministro de la Defensa Nacional. Entre ambos se generaron no pocas rivalidades durante los diez años de vigencia de la Constitución de 1945, como las que opusieron al mayor Francisco Javier Arana, jefe del Ejército y líder de la derecha hasta su asesinato en 1949, al coronel Jacobo Arbenz Guzmán, ministro de la Defensa en ese tiempo.

Algunas interpretaciones han insistido en que fueron precisamente el status jurídico y la estructura organizativa que la Constitución de 1945 reconoció al Ejército los factores que determinaron que la oficialidad entrara de lleno en el juego político. En este sentido, las votaciones para integrar el Consejo Superior de la Defensa Nacional y el propio carácter de este órgano, impulsaban la discusión para la toma de decisiones sobre la política militar que debía adoptar el Ejército de Guatemala y lo convertían en un estamento deliberativo. Aun cuando la nueva regulación pudo haber contribuido al incremento del peso político del Ejército en el país, los cambios que se produjeron en la sociedad guatemalteca y en el contexto internacional durante aquellos años generaron entre muchos oficiales la sensación de su peso político frente a la debilidad del Estado y del resto de organizaciones partidistas y sociales. Las prerrogativas y beneficios económicos que recibieron los mandos militares por parte de los Gobiernos revolucionarios, así como las lisonjas y el interés de ciertos dirigentes políticos por acercarlos a sus posiciones, acrecentaron las ambiciones de algunos para acercarse al poder político o al poder económico, lo que produjo divisiones y conflictos al interior del Ejército.

Las tensiones políticas y la polarización ideológica se tradujeron a lo largo del decenio democrático en varios intentos de derrocamientos contra el Gobierno. Durante los seis años de la administración de Juan José Arévalo se registraron 32 complots para derribarlo, de los cuales el de mayor impacto fue el de julio de 1949 que terminó con la muerte del mayor Arana. Posteriormente, con la toma de posesión del coronel Arbenz Guzmán en 1951, se exacerbaron estas tensiones.

Las reformas que estos Gobiernos llevaron a cabo, destacadamente la agraria, acrecentaron la polarización ideológica y la lucha política interna, en un marco internacional cada vez más cargado por las tensiones del enfrentamiento Este-Oeste. En este contexto también se incrementó la división y la radicalización de los revolucionarios, estimulada por su heterogeneidad político-social. Algunas de las transformaciones impulsadas por la revolución de octubre del 44 no tuvieron ocasión de consolidarse y producir efectos perdurables.

Una de ellas correspondió a los intentos de cambiar las estructuras judiciales arcaicas, consolidadas por el mantenimiento de las viejas prácticas de manipulación, sumisión y formalismo. La rápida incorporación de nuevos derechos, la aparición de un Parlamento legítimo y la dinámica revolucionaria generaron tensión en un sistema judicial, quizás dispuesto a acompañar el proceso pero que se encontraba atrapado en los vicios de su estructura colonial. La creación del Código de Trabajo fue un logro evidente, pero también mostró que el sistema judicial tenía problemas para ajustarse a la rapidez del cambio. Esta dificultad se hizo más evidente y más grave a raíz de los conflictos generados por la reforma agraria, que implicaba afectar intereses económicos, sociales y políticos de envergadura.

La reforma agraria

La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, considerado como la columna vertebral del poder oligárquico, sostén de las sucesivas dictaduras y un factor de atraso nacional. Cuando se realizaron los censos estadísticos panamericanos de 1950 y se conocieron sus resultados, las presunciones sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra y las abismales desigualdades en el campo se convirtieron en certezas. En ese año el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) elaboró un estudio en el que criticaba acerbamente las desigualdades de la vida guatemalteca y recomendaba adoptar una serie de políticas; entre ellas, un cambio en la tenencia de la tierra para estimular la agricultura campesina y ampliar el mercado interno.

En 1953 en su discurso ante el Congreso de la República, el presidente Arbenz Guzmán se refirió a la Ley de Reforma Agraria como el comienzo de la transformación económica de Guatemala. "Es" -dijo- "la fruta más preciosa de la Revolución y la base fundamental de la nación como un país nuevo". La Ley de Reforma Agraria promovía la modernización del agro y la disolución de las formas de trabajo arcaicas prevalecientes en el campo guatemalteco:

Decreto 900 Artículo 1: La Reforma Agraria ... tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo ... para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura, y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. Artículo 2: Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos indígenas, cualquiera sea la forma en que subsistan.

Las fincas menores de 90 hectáreas no estaban afectadas por la ley, ni las de menos de 200 hectáreas que estuviesen cultivadas, al menos en sus dos terceras partes. Tampoco las grandes propiedades en producción, cualquiera fuera su tamaño;

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