Anticlericalismo

ANTICLERICALISMO

Cuando hablamos de anticlericalismo nos referimos a un movimiento contrario al clericalismo, es decir un movimiento contrario a la influencia de las instituciones religiosas en asuntos políticos o en asuntos de la sociedad. Dentro de la historia del anticlericalismo podemos diferenciar dos grandes períodos del anticlericalismo en Europa y en Occidente: Por un lado, el llamado anticlericalismo cristiano o anticlericalismo creyente, que se caracteriza por sus críticas a vicios y abusos concretos del clero o a su excesivo número y poder, pero que no cuestiona el papel dominante de la Iglesia en la sociedad ni su influencia en el Estado; y por el otro el anticlericalismo contemporáneo o anticlericalismo no creyente que surge en el siglo XVIII con la Ilustración y que cuestiona desde una óptica racionalista la sociedad sacralizada del Antiguo Régimen y el poder de las Iglesias, al considerarlos obstáculos para el progreso en el mundo.

Ahora bien, partiendo de la base de que el anticlericalismo existió en varios países a lo largo de la historia, nos centraremos más concretamente del anticlericalismo en España. Podemos decir que son muchos los períodos anticlericales durante la historia española, la cual la podemos centrar desde la Edad media (1200-1750) hasta la II República y Guerra Civil (1931-1939). Será durante el periodo de la II República donde nos centraremos.

Las primeras decisiones tomadas por el Gobierno Provisional de la Segunda República Española sobre su proyecto de secularización del Estado fueron muy moderadas, en la que pusieron al mando al católico liberal Niceto Alcalá Zamora así como a Miguel Maura en la cartera clave de Gobernación. Al día siguiente de la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931, el Gobierno aprobó algunas medidas secularizadoras como la disolución de las órdenes militares, supresión de la obligatoriedad de asistencia a actos religiosos en cárceles y cuarteles, prohibición de participación oficial en actos religiosos, fin de las exenciones tributarias a la Iglesia, privación de sus derechos a la Confederación Nacional Católico-Agraria, etc.

La medida más significativa de todas las aprobadas fue la libertad de cultos, y mediante el decreto del 6 de mayo se declaraba voluntaria la enseñanza religiosa. A todo esto, un sector numeroso del episcopado compuesto por obispos integristas, en la que muchos de ellos habían sido nombrados durante la Dictadura de Primo de Rivera, no estaba dispuesto a aceptar todo esto. Así mismo, el gobierno provisional aseguraba que respetaría el concordato de 1851 hasta que no se aprobara la nueva constitución y mientras ellos debían aceptar al nuevo Régimen.

Pero a pesar de todo esto el Gobierno Provisional, sin esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes, aprobó algunas medidas dirigidas a asegurar la separación

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